La CIDH, en su último informe anual, volvió a cuestionar la situación de provisionalidad en la que se encuentran la mayoría de los jueces, por considerar que atenta contra su autonomía
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
sábado 16 de abril de 2011 12:19 PM
Caracas.- Trece tribunales del país cambiaron de manos desde el pasado 23 de marzo. Así figura en las resoluciones de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en las cuales se da cuenta que diez jueces fueron designados para ocupar vacantes dejadas por renuncias, traslados y por la creación de un nuevo despacho y que tres más fueron destituidos.
En las actas de la instancia encargada de nombrar y remover a los jueces provisorios figura que los nombramientos se produjeron que tres juzgados del Zulia, dos de Anzoátegui, dos de Miranda, uno de Caracas, uno de Mérida y otro de Portuguesa. En esos mismos documentos se reporta que los tres funcionarios sancionados ocupaban despachos laborales en Barinas, Guárico y Miranda.
Cerca de la mitad de los jueces venezolanos no accedieron a sus cargos a través de concursos de oposición, tal y como manda la Constitución y por ello el TSJ los considera de libre nombramiento y remoción. Esta situación le ha valido al máximo juzgado constantes criticas de organismos internacionales, los cuales consideran que pone en entredicho su autonomía a la ahora de impartir justicia y controlar a los demás poderes públicos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su último informe anual, publicado esta semana, afirmó: "El incumplimiento de los procedimientos constitucionales y legales para el nombramiento de los jueces (...) expone a estos funcionarios a posibles presiones indebidas en el ejercicio de la importante función que realizan y consecuentemente implica un grave peligro para la independencia del Poder Judicial venezolano".
