En los países con gobiernos militaristas no es insólito
Se aplica injusticia desde la casa que imparte Justicia
“Los desafueros cometidos por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) son tan desproporcionados y violatorios a la mismas leyes del ordenamiento jurídico venezolano que a los directivos del sindicato, aún teniendo tres fueros sindicales, les pasaron por alto estos derechos y fueron destituidos”.
Lo que está pasando con los dirigentes sindicales de la DEM se ha reportado de manera exclusiva para la región por Diario de Los Andes desde Caracas. Esta vez se presenta una entrevista exclusiva con uno de ellos que ahonda en detalles sobre las violaciones cometidas, según su criterio, por parte de esta Dirección del Poder Judicial.
En la mente democrática de la mayoría de los venezolanos no es entendible cómo desde la casa que se imparte justicia –eso es lo que se cree- se cometan estos desafueros, sin importar para nada el derecho que los asiste, pero lo aberrante para el ciudadano común es cómo creer que existe justicia si a sus propios empleados le son aplicadas medidas contrarias al debido proceso o acaso es otro mensaje que quiere veladamente el gobierno enviar para amilanar a los ciudadanos y así someterlos pacíficamente. Estas y otras inquietudes se hablaron con el entrevistado.
A raíz del ejercicio de la actividad sindical dentro de la administración de Justicia en espacios regionales como nacionales en el Suontraj (sindicato de trabajadores del sector Justicia) Francisco Cermeño, al igual que resto de sus compañeros han venido realizando una labor en defensa de los derechos de los trabajadores creyendo en los postulados del artículo 2 de la Constitución es decir un sindicato plural, democrático, de libre expresión , disentir de opiniones que permite a sus afiliados y sus directivos expresarse de la forma que consideren viable para cada una de ellos.
APLIQUESE EL TERROR BOTEN LOS JEFES
Indicaron que por ejecutar estos derechos desde el mes de julio del 2009 hemos venido siendo perseguidos y sentimos el arrinconamiento que nos sigue el Consejo de la judicatura cuyo titular es Francisco Ramos Marín en virtud de esto han sido destituidos cinco directivos nacionales que son Kennedy Bolívar, presidente de la seccional de Cortijos de Lourdes; Alcides Sánchez , presidente de la seccional Caracas ubicada en la sede de Pajaritos; Stevenson Freites, presidente de la seccional de Los Altos Mirandinos ubicada en Los Teques, estado Miranda; María Santa María, secretaría de Finanzas de la seccional de Anzoátegui y Francisco Cermeño, secretario de la seccional Mérida.
Es importante acotar que en el momento de estar haciendo esta entrevista se recibió una llamada informando que a Mario Mazpe de la seccional de Anzoátegui le estaban participando en ese momento (11:00 am) la misma medida, pero que además como medida más represiva, a Mazpe le prohibían la entrada a la sede de los tribunales.
INNUMERABLES VIOLACIONES POR LA DEM
Al parecer estos directivos tienen muy claro el motivo de estas medidas, las que según su parecer, obedecen a retaliaciones por la actividad sindical que han venido desarrollando, como es la defensa de las destituciones injustas, violación el debido proceso, derecho a la defensa, tutela judicial debida establecido en el artículo 45 de la Constitución, violaciones al Estatuto del Personal Judicial, violación a la Ley Orgánica del Trabajo, a la del mismo Poder Judicial, violación a la carrera judicial, pero lo que al parecer al ejecutivo nacional molestó más y actuó a través de sus ejecutores es que introdujeron un pliego conflictivo para la discusión del nuevo contrato colectivo.
Asimismo dijeron que pareciera que la DEM tiene un plan velado por medio del cual antes de la introducción de un pliego conflictivo que es un proyecto unificado de contrato colectivo que tiene en mora más de dos años aplican la represión selectiva para salir del sindicato para no sentarse a discutir. Primero que todo porque no quieren el mejoramiento de vida de los empleados y segundo que el gobierno no acepta los sindicatos porque es una institución democrática y esto no tiene cabida dentro del sistema totalitario del régimen que encabeza el presidente Hugo Rafael Chávez.
“Estas medidas no se detienen ahí, porque esas violaciones al debido proceso y como consecuencia la tutela judicial efectiva le han aplicado, violándoles también sus propios derechos a los directivos para enviar un mensaje directo al resto del personal que no es otro que aceptar la mordaza y humillarse ante las medidas que tomen los diferentes poderes ya sea el Ejecutivo Nacional o el mismo TSJ”.
Consideraron también que la medida es antidemocrática y aberrante cuando a los directivos se les ha violado sus derechos como el goce del fuero sindical, por inamovilidad laboral, la considerada en el artículo 520 de la Orgánica de Trabajo que señala que cuando se introduce un proyecto de Contrato Colectivo, todos los trabajadores que tienen interés quedarán amparados por inamovilidad laboral, pero además existe un decreto del Ejecutivo Nacional (presidente Chávez) la cual impide que los trabajadores que no ganen tres salarios mínimos, sean disminuidos, destituidos o trasladados de sus puestos.
La Justicia en el país.
A Cermeño se le planteó que si el Poder Judicial es quien imparte justicia y es este mismo poder quien le viola los derechos a sus mismos miembros, cómo ven la justicia en Venezuela.
“Muy delicada. Por lo menos en relación a la actividad que ejercemos y con la cual se esta vinculado quienes ejercen el sindicalismo. Esto quiere decir que aún el Estado venezolano suscribiendo y ratificando convenios internacionales no los cumple como es el caso 87 que trata de la libertad sindical, la convención americana sobre derechos humanos, además Venezuela no es solamente firmante si no que acepta la ejecución inmediata de las sentencias de la Corte de Derechos Humanos, sin embargo a pesar de que protege ‘en el papel’ la libertad sindical, en el ordenamiento jurídico local, se observa que los sindicalistas, específicamente los del Poder Judicial, se les ha violado el debido proceso, el derecho de la defensa y por supuesto la tutela judicial efectiva”.
Todas estas medidas, dijeron finalmente, se han tomado aún con jurisprudencia reiterada efectiva tanto de los tribunales de última instancia en materia laboral, contencioso administrativo, pero en especial una sentencia del magistrado Arcadio Delgado de fecha abril de 2007 donde señala que los funcionarios públicos investidos por fuero sindical se les debe respetar el debido proceso, es decir se les tiene que instaurar un procedimiento en el cual se disputen una serie de hechos y se le de al administrado, la oportunidad de contradecir los hechos presentados por quien levanta el proceso administrativo. Por lo tanto la opinión que tenemos de la justicia venezolana es que aún teniendo todo el ordenamiento jurídico que protege la actividad sindical y en específico el fuero sindical se viola dentro de la misma casa desde donde se imparte la justicia, que además son derechos sindicales constitucionales.
Quiénes los apoyan
Los dirigentes indicaron que ante la orfandad de justicia en Venezuela han recurrido al apoyo y lo han logrado de organizaciones sindicales del mundo como: CSI que cuenta con 50 millones de afiliados, CSA 50 millones, ISP 30 millones, CLATPJ que agrupa otros 15 sindicatos de América Latina y Europa, todos ellos solamente con afiliados del sector público.
En los países con gobiernos militaristas no es insólito
Se aplica injusticia desde la casa que imparte Justicia
“Los desafueros cometidos por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) son tan desproporcionados y violatorios a la mismas leyes del ordenamiento jurídico venezolano que a los directivos del sindicato, aún teniendo tres fueros sindicales, les pasaron por alto estos derechos y fueron destituidos”.
Lo que está pasando con los dirigentes sindicales de la DEM se ha reportado de manera exclusiva para la región por Diario de Los Andes desde Caracas. Esta vez se presenta una entrevista exclusiva con uno de ellos que ahonda en detalles sobre las violaciones cometidas, según su criterio, por parte de esta Dirección del Poder Judicial.
En la mente democrática de la mayoría de los venezolanos no es entendible cómo desde la casa que se imparte justicia –eso es lo que se cree- se cometan estos desafueros, sin importar para nada el derecho que los asiste, pero lo aberrante para el ciudadano común es cómo creer que existe justicia si a sus propios empleados le son aplicadas medidas contrarias al debido proceso o acaso es otro mensaje que quiere veladamente el gobierno enviar para amilanar a los ciudadanos y así someterlos pacíficamente. Estas y otras inquietudes se hablaron con el entrevistado.
A raíz del ejercicio de la actividad sindical dentro de la administración de Justicia en espacios regionales como nacionales en el Suontraj (sindicato de trabajadores del sector Justicia) Francisco Cermeño, al igual que resto de sus compañeros han venido realizando una labor en defensa de los derechos de los trabajadores creyendo en los postulados del artículo 2 de la Constitución es decir un sindicato plural, democrático, de libre expresión , disentir de opiniones que permite a sus afiliados y sus directivos expresarse de la forma que consideren viable para cada una de ellos.
APLIQUESE EL TERROR BOTEN LOS JEFES
Indicaron que por ejecutar estos derechos desde el mes de julio del 2009 hemos venido siendo perseguidos y sentimos el arrinconamiento que nos sigue el Consejo de la judicatura cuyo titular es Francisco Ramos Marín en virtud de esto han sido destituidos cinco directivos nacionales que son Kennedy Bolívar, presidente de la seccional de Cortijos de Lourdes; Alcides Sánchez , presidente de la seccional Caracas ubicada en la sede de Pajaritos; Stevenson Freites, presidente de la seccional de Los Altos Mirandinos ubicada en Los Teques, estado Miranda; María Santa María, secretaría de Finanzas de la seccional de Anzoátegui y Francisco Cermeño, secretario de la seccional Mérida.
Es importante acotar que en el momento de estar haciendo esta entrevista se recibió una llamada informando que a Mario Mazpe de la seccional de Anzoátegui le estaban participando en ese momento (11:00 am) la misma medida, pero que además como medida más represiva, a Mazpe le prohibían la entrada a la sede de los tribunales.
INNUMERABLES VIOLACIONES POR LA DEM
Al parecer estos directivos tienen muy claro el motivo de estas medidas, las que según su parecer, obedecen a retaliaciones por la actividad sindical que han venido desarrollando, como es la defensa de las destituciones injustas, violación el debido proceso, derecho a la defensa, tutela judicial debida establecido en el artículo 45 de la Constitución, violaciones al Estatuto del Personal Judicial, violación a la Ley Orgánica del Trabajo, a la del mismo Poder Judicial, violación a la carrera judicial, pero lo que al parecer al ejecutivo nacional molestó más y actuó a través de sus ejecutores es que introdujeron un pliego conflictivo para la discusión del nuevo contrato colectivo.
Asimismo dijeron que pareciera que la DEM tiene un plan velado por medio del cual antes de la introducción de un pliego conflictivo que es un proyecto unificado de contrato colectivo que tiene en mora más de dos años aplican la represión selectiva para salir del sindicato para no sentarse a discutir. Primero que todo porque no quieren el mejoramiento de vida de los empleados y segundo que el gobierno no acepta los sindicatos porque es una institución democrática y esto no tiene cabida dentro del sistema totalitario del régimen que encabeza el presidente Hugo Rafael Chávez.
“Estas medidas no se detienen ahí, porque esas violaciones al debido proceso y como consecuencia la tutela judicial efectiva le han aplicado, violándoles también sus propios derechos a los directivos para enviar un mensaje directo al resto del personal que no es otro que aceptar la mordaza y humillarse ante las medidas que tomen los diferentes poderes ya sea el Ejecutivo Nacional o el mismo TSJ”.
Consideraron también que la medida es antidemocrática y aberrante cuando a los directivos se les ha violado sus derechos como el goce del fuero sindical, por inamovilidad laboral, la considerada en el artículo 520 de la Orgánica de Trabajo que señala que cuando se introduce un proyecto de Contrato Colectivo, todos los trabajadores que tienen interés quedarán amparados por inamovilidad laboral, pero además existe un decreto del Ejecutivo Nacional (presidente Chávez) la cual impide que los trabajadores que no ganen tres salarios mínimos, sean disminuidos, destituidos o trasladados de sus puestos.
La Justicia en el país.
A Cermeño se le planteó que si el Poder Judicial es quien imparte justicia y es este mismo poder quien le viola los derechos a sus mismos miembros, cómo ven la justicia en Venezuela.
“Muy delicada. Por lo menos en relación a la actividad que ejercemos y con la cual se esta vinculado quienes ejercen el sindicalismo. Esto quiere decir que aún el Estado venezolano suscribiendo y ratificando convenios internacionales no los cumple como es el caso 87 que trata de la libertad sindical, la convención americana sobre derechos humanos, además Venezuela no es solamente firmante si no que acepta la ejecución inmediata de las sentencias de la Corte de Derechos Humanos, sin embargo a pesar de que protege ‘en el papel’ la libertad sindical, en el ordenamiento jurídico local, se observa que los sindicalistas, específicamente los del Poder Judicial, se les ha violado el debido proceso, el derecho de la defensa y por supuesto la tutela judicial efectiva”.
Todas estas medidas, dijeron finalmente, se han tomado aún con jurisprudencia reiterada efectiva tanto de los tribunales de última instancia en materia laboral, contencioso administrativo, pero en especial una sentencia del magistrado Arcadio Delgado de fecha abril de 2007 donde señala que los funcionarios públicos investidos por fuero sindical se les debe respetar el debido proceso, es decir se les tiene que instaurar un procedimiento en el cual se disputen una serie de hechos y se le de al administrado, la oportunidad de contradecir los hechos presentados por quien levanta el proceso administrativo. Por lo tanto la opinión que tenemos de la justicia venezolana es que aún teniendo todo el ordenamiento jurídico que protege la actividad sindical y en específico el fuero sindical se viola dentro de la misma casa desde donde se imparte la justicia, que además son derechos sindicales constitucionales.
Quiénes los apoyan
Los dirigentes indicaron que ante la orfandad de justicia en Venezuela han recurrido al apoyo y lo han logrado de organizaciones sindicales del mundo como: CSI que cuenta con 50 millones de afiliados, CSA 50 millones, ISP 30 millones, CLATPJ que agrupa otros 15 sindicatos de América Latina y Europa, todos ellos solamente con afiliados del sector público.
