COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL

COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL
COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL DEL SUONTRAJ

23 may 2010

COMUNICADO OFICIAL DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CARACAS


ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CARACAS
Fundado en 1788
221 años de Historia y Vida Gremial


CONDICIONES INADECUADAS, INSEGURAS E  INSALUBRES EN LOS TRIBUNALES DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

El Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, en cumplimiento de su deber gremial y social, actuando en la defensa y dignidad de las condiciones de trabajo de los profesionales del derecho, en su diario litigio en los Tribunales en el Área Metropolitana de Caracas,  Dependencias Administrativas y las distintas sedes en donde se imparte justicia, informa a sus agremiados que es de nuestro interés insistir en resolver las condiciones de hacinamiento, inseguridad e insalubridad laboral a la que se encuentran sometidos los Abogados.
Reunidos en la sede del Distrito Capital en fecha 8 de abril de 2010, un grupo de abogados litigantes conjuntamente con Yvett Lugo Presidenta del Colegio de Abogados, se decidió presentar ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), sendos informes descriptivos de las condiciones insalubres e infrahumanas en que se presta servicio judicial en los distintos tribunales del Circuito Judicial, reúnen estos informes la mayoría de las denuncias que hemos presenciado relativas a condiciones y medio ambiente de trabajo en las sedes ubicadas en:
  1. Centro Empresarial Los Cortijos Piso 3 (sede de los Juzgados de Municipio- Caracas).
  2. Edificio José María Vargas (sede los Juzgados Superiores Civiles y de Municipio- Caracas).
  3. Edificio CAVEGUIAS (sede de los Tribunales de LOPNNA- Caracas).
  4. Sede Centro Simón Bolívar (sede de los Juzgado de Primera Instancia Civil- Caracas).
  5. Edificio Impres, El Rosal (sede de los Tribunales Contenciosos-Administrativos).

Cada informe representa una sede judicial, y describe las deficiencias que presentan estos Tribunales tanto en su infraestructura, como en las áreas administrativas destinadas a la actividad judicial, destacando situaciones como las siguientes:
1.    El inadecuado acceso a los tribunales, por las deficientes condiciones que presentan los ascensores, en muchos casos, el trayecto a los pisos se realiza a pie, por escaleras poco adecuadas para el elevado tráfico de personas que ingresan a los Despachos Judiciales.
2.    Los baños presentan ausencia y deficiencia en las piezas sanitarias, aunado a la ausencia de agua y papel higiénico.
3.    El aire acondicionado no funciona en ninguna de las áreas administrativas, pero además estas oficinas carecen de ventanas que permitan la entrada y salida de aire, provocando graves daños a la salud de las personas que allí laboramos.
4.    Los expedientes se encuentran en algunos archivadores que evidencian deterioro además de saturados, y que en ocasiones se guardan en cajas de cartón y apilados en el suelo.
5.    La falta de iluminación adecuada, techos en franco desprendimiento, el ruido, los huecos en el suelo cubiertos con alfombras,  el hacinamiento en las diferentes áreas del tribunal, entorpecen, perjudican y denigran de la actividad diaria en los Tribunales, elevando a condiciones miserables la Majestad de la Justicia.
6.    Las pésimas divisiones administrativas, elevan la temperatura a unos niveles insoportables, creando un ambiente insalubre, inadecuado e inseguro, que altera y pone en riesgo la salud de quienes acudimos a estos centros de justicia.
7.    El Sistema Iuris, es difícil encontrarlo en fase rápida, siempre es demasiado lento, y rara vez está actualizado, y si el espacio dispone de altas temperaturas de calor se cae el sistema digital.
Exhortamos a los profesionales del derecho, a unirnos en esta lucha por unas condiciones dignas en el ejercicio de la profesión, para lo cual pueden dirigirse  a   nuestra   sede gremial ubicada en la  Av. Páez El Paraíso, y exponer experiencias, sugerencias, quejas, denuncias y/o cualquier otra información que nos permita elevar acciones tendentes al rescate de las condiciones dignas de trabajo en los Circuitos Judiciales del Área Metropolitana de Caracas, o a través del correo electrónico: presidencia@ilustrecolegiodeabogadosdecaracas.com


Nuestra exigencia está fundamentada en el derecho humano que toda persona tiene al trabajo,  en condiciones equitativas y satisfactorias, principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  en el derecho que tenemos todos y todas las personas a la protección de las condiciones adecuadas y seguras en el trabajo, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los derechos establecidos en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), que establece como objeto primordial de esta Ley condiciones de seguridad, salud y bienestar en un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de sus facultades físicas y mentales, mediante la promoción del trabajo seguro y saludable, tipificados en el artículo 1  numerales 1,2,3,………………. ES POR ELLO EXIGIMOS DE LOS ORGANISMOS RESPONSABLES RESPUESTAS INMEDIATAS A ESTA PROBLEMÁTICA.
Informamos que la Dra. Aiveh Vargas, es quien adelanta las acciones  ante los organismos encargados de velar por el cumplimiento de las condiciones dignas de trabajo, y en fecha 05 de mayo de 2010, presentó los informes ante el INPSASEL, los cuales fueron recibidos, aguardamos respuesta que informaremos en esta página próximamente.
Es justicia que esperamos en la Ciudad de Caracas a los 6 días del mes de mayo de 2010.


Dra. Yvett Lugo Urbáez
Presidenta


GERENCIA GREMIAL A PUERTAS ABIERTAS…..

22 may 2010

"POR LA DERROTA DEL MIEDO EN EL PODER JUDICIAL VENEZOLANO"



Por: Luis Martín Galviz*


En el servicio público de administración de justicia, un importante número de trabajadores y trabajadoras, escriben en los muros de las diferentes redes sociales del Internet o comentan en los pasillos de los diferentes Palacios de Justicia, Tribunales o Sedes Judiciales, su temor o miedo, a ser despedidos, sí participan en las acciones sindicales o asambleas, convocadas por los Sindicatos que hacen vida en el Poder Judicial Venezolano, o sí expresan su reclamo ante un supervisor inmediato o ante un representante del empleador, en cuanto a los múltiples incumplimientos en materia de derechos laborales o al solicitar alguno de los beneficios establecidos en la convención colectiva vigente.

El miedo o temor que indican los trabajadores y trabajadoras judiciales sentir, tiene su basamento en la inestabilidad labora que se ha generado, a raíz de los procesos de reestructuración administrativa o integral que el Tribunal Supremo de Justicia y su Dirección Ejecutiva de la Magistratura, han decretado y ejecutado, por lo menos desde 1.998, hasta la presente fecha.

La estabilidad laboral o mejor dicho el efectivo y cabal cumplimiento del Derecho a Trabajar, plasmado en la Constitución Nacional, viene siendo irrespetada en forma real a la masa laboral o clase trabajadora del Poder Judicial, sin ningún tipo de miramiento o consideración; como por ejemplo. Antigüedad en el servicio, situación socioeconómica del trabajador o trabajadora afectado y de su familia, méritos alcanzados en el ejercicio del cargo o experiencia y formación académica y profesional en el trabajo.

Pareciera importar poco para el patrono, el hecho social terrible que se genera cuando una persona es despojada o sustituida de su puesto de trabajo, y es empujada a la desagradable y precaria condición de desempleada o desempleado, pasando a engrosar el ejercito de reserva de población laboral inactiva o desocupada.

Pero ¿acaso ese miedo que la clase trabajadora de la justicia, siente no es un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad venezolana actual?

Según versados autores, que han teorizado y escrito acerca del miedo; éste puede ser enfocado en lo cultural y social, integrando el carácter de un individuo o persona o una sociedad u organización social y es definido como un sentimiento o emoción desagradable e incomodo, que genera una visión de peligro, real o imaginario, dado en el presente o en el futuro.

La evidente polarización político-partidista, entre oficialistas y opositores, ha penetrado el tejido social, la estructura societaria y por supuesto las relaciones de producción, presentes en Venezuela.

El enfrentamiento entre quiénes tienen y defienden ideas distintas, ha dejado los curules del parlamento, y se ha trasladado a la calle, a la fábrica, a la empresa, a la universidad, a la escuela y a la familia.

Y, aunque existe radicalización en mayor o menor medida y grado, en uno u otro bando, lo cierto del caso es que el poseedor o detentor del poder político, militar, policial, judicial o social; crea o fabrica escenarios para propinarle una derrota al contrario, sobre el que se ejerce el poder, y poco importa las consecuencias del daño que se infrinja; ejemplos huelgan, en la sociedad venezolana.

En el caso concreto de la clase trabajadora del sector público, esas contradicciones entre oficialistas y opositores, ha dejado huellas, que de seguro perdurarán en el tiempo, en el sentido negativo; y, los perversos y destructivos efectos causados por las tristemente celebres Listas Maisanta I y II, responsables directas del despido de cientos de trabajadores y trabajadoras de la administración pública, y actual limitante para ingresar a un cargo público; ha dejado una impronta de desempleo y de discriminación política que costará mucho superar; pues es sabido que para ingresar al sector público, por el lado oficialista, no se puede aparecer en alguna de esas odiosas listas y se debe estar inscrito en el partido de gobierno; y por el lado de la oposición se aplica algo más o menos parecido; es decir, la partidización de la sociedad, sí antes era vista como un derecho humano, a optarse por una preferencia política determinada; hoy en día es una anotación para el combate, la batalla y el enfrentamiento entre conciudadanos y personas pertenecientes a una misma sociedad.

Venezuela, lamentablemente, es vista como un campo de batalla, y aunque el conflicto social y el cambio social siempre están presentes en toda sociedad; en la sociedad venezolana, es epicentro continental para el conflicto entre personas que se suponen son compatriotas y ciudadanos, miembros de una sociedad civilizada.

En esa guerra ideológica, el miedo está cumpliendo un rol silente, pero efectivo, pues el Estado, como administrador del Poder Público, en todas sus expresiones y funciones (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y Ciudadana), como poseedor de las armas de la República y principal empleador; ha comenzado su transformación de una sociedad burguesa a una sociedad socialista; ejerciendo todo el poderío que ostenta; y ha echado mano al mecanismo de represión de la persuasión, que en definitiva es la posibilidad cierta de la aplicación de una castigo o sanción sí se persiste en una conducta social determinada, a quiénes contravengan la construcción de la sociedad socialista en Venezuela.

El proletariado, que conforma la clase trabajadora, con sus capas sociales y grupos de asalariados, no se observa como la clase determinada por el marxismo- leninismo para asumir el poder político e imponer la democracia popular y verdadera que debería provenir de la Dictadura del Proletariado; por el contrario está rezagada y sin  un papel participativo o protagónico, pareciera que el Estado no la necesita y con el despliegue del Poder Público, se bastaría así mismo, para impulsar y reimpulsar el cambio social hacia el socialismo, fase de transición al ¿comunismo?.

Antes en Venezuela, se decía que era una sociedad donde el libertinaje reinaba, en todo sentido, que los mass media estaban deformando a los ciudadanos integrándolos a la cultura del consumo y del mercado; en las que los gobiernos dejaban hacer y dejaban pasar, y lo de moda era un Estado Neoliberal dirigido hacia el sector privado, y muy poco preocupado y ocupado en la solución de la cuestión social, y donde los pobres no estaban en las agendas gubernamentales.

En la Venezuela, de hoy la palabra Libertad ha adquirido un nuevo significado, se habla que no hay libertad de expresión y de opinión, que no hay libertad económica y de empresa, que no hay libertad personal, que no hay libertad para trabajar y que no hay libertad sindical, entre otros; y aunque la Carta Fundamental de la República, se tiene como una de las Constituciones de avanzada en el mundo, lo cierto es que todos los días aparecen en los medios de comunicación privados y públicos, denuncias acerca de la violación de un derecho, libertad o garantía constitucional.

En todo lo antes dicho, el miedo, no obstante ser una emoción o sentimiento de peligro, que se genera en el individuo, está cumpliendo una función de control y regulación social; pues en el caso específico de los trabajadores y trabajadoras judiciales, cuando de manera directa o indirecta, se les señala que si ejercen su derecho humano a la libertad sindical, serán despedidos del Poder Judicial; provocando una abstención en el plano personal del ejercicio de esa libertad; puesto que efectivamente sí se ha despedido trabajadores, por reclamar  sus derechos laborales, o sus libertades humanas y constitucionales, por parte de  altos funcionarios del Poder Judicial que tienen el poder todopoderoso del Estado, para retirar y arrojar al desempleo a trabajadores, que conforman la clase trabajadora del Poder Judicial.

Ahora bien, la clave para vencer al miedo es enfrentándolo con valentía, pues hay que entender que éste causa su efecto en quién o quiénes lo padecen, en la medida que no ha sido debidamente racionalizado; el problema del miedo que los trabajadores del Poder Judicial sienten, de ser despedidos de sus puestos de trabajo, solo se puede superar, tomando conciencia que cuando se actúa en forma colectiva y disciplinada, el miedo en lo individual desparece, dando paso a una situación de liberación; la patronal judicial de Venezuela, podrá despedir  a uno y hasta cientos de trabajadores y trabajadoras, pero jamás podrá despedir a la totalidad de la masa de trabajadores judiciales; pero para llegar a esta victoria, hay que ser valiente, para despertar la conciencia colectiva, y por supuesto hay que dar la pelea.

Una de las cosas que los trabajadores y trabajadoras judiciales, deben comprender y entender es que sin Estabilidad Laboral, la consecuencia más inmediata es el desempleo y hasta el hambre de la familia entera, por lo que la principal bandera a enarbolar en la lucha contra el miedo es la defensa a ultranza de la estabilidad laboral y el derecho al trabajo; lo demás: salarios, bonos, aguinaldos, prima de antigüedad, prima de mérito,  tickets de alimentación, jubilación, pensión y convención colectiva, entre otros beneficios, se derivan  de ese derecho esencial que es la Estabilidad Laboral.

Si se defiende solamente el pago de un bono o un aumento salarial, y no se defiende la Estabilidad Laboral ni el derecho al trabajo, se estaría asegurando pan para hoy y hambre para mañana como sabiamente lo señala el refrán popular.

Asimismo, la clase trabajadora del Poder Judicial, debe asumir una consciencia de clase, es decir se debe estar consciente que se es trabajador o trabajadora, y que el sustento personal y familiar, depende fundamentalmente de la venta de la fuerza de trabajo o capacidad para trabajar a cambio de un salario o sueldo; lo que no hacen las clases dominantes (políticas, judiciales y burguesas), que son las que compran esas fuerzas de trabajo siempre por un salario que no es el equivalente del esfuerzo que se realiza al trabajar.

La participación consciente y protagónica en las acciones sindicales que se convoquen reviste una importancia de aseguramiento de la Estabilidad Laboral y de exigencia de respeto al Derecho a Trabajar; el colectivo siempre vence cualquier obstáculo por muy grande que éste sea.

Todo patrono público o privado, siempre tiene el perverso objetivo de desprestigiar a las organizaciones sindicales, a los directivos y dirigentes sindicales, puesto que saben que son los instrumentos de lucha de la clase trabajadora para defensa de sus derechos; en la consecución de ese bajo objetivo,  el patrono, se vale de cualquier tipo de artimaña, trata de infiltrar a los sindicatos con sus agentes, genera informaciones falsas en contra de los sindicatos y directivos, promueve y sostiene la creación de sindicatos paralelos a sus servicio, infiltra agentes patronales en la masa de trabajadores, para que cumplan una función de esquiroles y rompehuelgas y busca la eliminación o neutralización de la organización sindical; por lo que la Clase Trabajadora del Poder Judicial, debe fortalecer a la organización sindical progresista, democrática y pluralista con su afiliación y la participación activa en las acciones sindicales y en la vida interna del sindicato, con ello se contrarresta el denigrante objetivo patronal.

La consiga de la lucha tribunalicia, hoy en día adquiere una vigencia suprema en la defensa de los derechos laborales y adquiridos., por eso:

¿QUIÉN DIJO MIEDO?


* Presidente del SUONTRAJ, Coordinación Andina de Trabajadores Judiciales, Abogado y Trabajador Social.






21 may 2010

"POR LA DERROTA DEL MIEDO EN EL PODER JUDICIAL VENEZOLANO"



Por: Luis Martín Galviz*


En el servicio público de administración de justicia, un importante número de trabajadores y trabajadoras, escriben en los muros de las diferentes redes sociales del Internet o comentan en los pasillos de los diferentes Palacios de Justicia, Tribunales o Sedes Judiciales, su temor o miedo, a ser despedidos, sí participan en las acciones sindicales o asambleas, convocadas por los Sindicatos que hacen vida en el Poder Judicial Venezolano, o sí expresan su reclamo ante un supervisor inmediato o ante un representante del empleador, en cuanto a los múltiples incumplimientos en materia de derechos laborales o al solicitar alguno de los beneficios establecidos en la convención colectiva vigente.

El miedo o temor que indican los trabajadores y trabajadoras judiciales sentir, tiene su basamento en la inestabilidad labora que se ha generado, a raíz de los procesos de reestructuración administrativa o integral que el Tribunal Supremo de Justicia y su Dirección Ejecutiva de la Magistratura, han decretado y ejecutado, por lo menos desde 1.998, hasta la presente fecha.

La estabilidad laboral o mejor dicho el efectivo y cabal cumplimiento del Derecho a Trabajar, plasmado en la Constitución Nacional, viene siendo irrespetada en forma real a la masa laboral o clase trabajadora del Poder Judicial, sin ningún tipo de miramiento o consideración; como por ejemplo. Antigüedad en el servicio, situación socioeconómica del trabajador o trabajadora afectado y de su familia, méritos alcanzados en el ejercicio del cargo o experiencia y formación académica y profesional en el trabajo.

Pareciera importar poco para el patrono, el hecho social terrible que se genera cuando una persona es despojada o sustituida de su puesto de trabajo, y es empujada a la desagradable y precaria condición de desempleada o desempleado, pasando a engrosar el ejercito de reserva de población laboral inactiva o desocupada.

Pero ¿acaso ese miedo que la clase trabajadora de la justicia, siente no es un reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad venezolana actual?

Según versados autores, que han teorizado y escrito acerca del miedo; éste puede ser enfocado en lo cultural y social, integrando el carácter de un individuo o persona o una sociedad u organización social y es definido como un sentimiento o emoción desagradable e incomodo, que genera una visión de peligro, real o imaginario, dado en el presente o en el futuro.

La evidente polarización político-partidista, entre oficialistas y opositores, ha penetrado el tejido social, la estructura societaria y por supuesto las relaciones de producción, presentes en Venezuela.

El enfrentamiento entre quiénes tienen y defienden ideas distintas, ha dejado los curules del parlamento, y se ha trasladado a la calle, a la fábrica, a la empresa, a la universidad, a la escuela y a la familia.

Y, aunque existe radicalización en mayor o menor medida y grado, en uno u otro bando, lo cierto del caso es que el poseedor o detentor del poder político, militar, policial, judicial o social; crea o fabrica escenarios para propinarle una derrota al contrario, sobre el que se ejerce el poder, y poco importa las consecuencias del daño que se infrinja; ejemplos huelgan, en la sociedad venezolana.

En el caso concreto de la clase trabajadora del sector público, esas contradicciones entre oficialistas y opositores, ha dejado huellas, que de seguro perdurarán en el tiempo, en el sentido negativo; y, los perversos y destructivos efectos causados por las tristemente celebres Listas Maisanta I y II, responsables directas del despido de cientos de trabajadores y trabajadoras de la administración pública, y actual limitante para ingresar a un cargo público; ha dejado una impronta de desempleo y de discriminación política que costará mucho superar; pues es sabido que para ingresar al sector público, por el lado oficialista, no se puede aparecer en alguna de esas odiosas listas y se debe estar inscrito en el partido de gobierno; y por el lado de la oposición se aplica algo más o menos parecido; es decir, la partidización de la sociedad, sí antes era vista como un derecho humano, a optarse por una preferencia política determinada; hoy en día es una anotación para el combate, la batalla y el enfrentamiento entre conciudadanos y personas pertenecientes a una misma sociedad.

Venezuela, lamentablemente, es vista como un campo de batalla, y aunque el conflicto social y el cambio social siempre están presentes en toda sociedad; en la sociedad venezolana, es epicentro continental para el conflicto entre personas que se suponen son compatriotas y ciudadanos, miembros de una sociedad civilizada.

En esa guerra ideológica, el miedo está cumpliendo un rol silente, pero efectivo, pues el Estado, como administrador del Poder Público, en todas sus expresiones y funciones (Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y Ciudadana), como poseedor de las armas de la República y principal empleador; ha comenzado su transformación de una sociedad burguesa a una sociedad socialista; ejerciendo todo el poderío que ostenta; y ha echado mano al mecanismo de represión de la persuasión, que en definitiva es la posibilidad cierta de la aplicación de una castigo o sanción sí se persiste en una conducta social determinada, a quiénes contravengan la construcción de la sociedad socialista en Venezuela.

El proletariado, que conforma la clase trabajadora, con sus capas sociales y grupos de asalariados, no se observa como la clase determinada por el marxismo- leninismo para asumir el poder político e imponer la democracia popular y verdadera que debería provenir de la Dictadura del Proletariado; por el contrario está rezagada y sin  un papel participativo o protagónico, pareciera que el Estado no la necesita y con el despliegue del Poder Público, se bastaría así mismo, para impulsar y reimpulsar el cambio social hacia el socialismo, fase de transición al ¿comunismo?.

Antes en Venezuela, se decía que era una sociedad donde el libertinaje reinaba, en todo sentido, que los mass media estaban deformando a los ciudadanos integrándolos a la cultura del consumo y del mercado; en las que los gobiernos dejaban hacer y dejaban pasar, y lo de moda era un Estado Neoliberal dirigido hacia el sector privado, y muy poco preocupado y ocupado en la solución de la cuestión social, y donde los pobres no estaban en las agendas gubernamentales.

En la Venezuela, de hoy la palabra Libertad ha adquirido un nuevo significado, se habla que no hay libertad de expresión y de opinión, que no hay libertad económica y de empresa, que no hay libertad personal, que no hay libertad para trabajar y que no hay libertad sindical, entre otros; y aunque la Carta Fundamental de la República, se tiene como una de las Constituciones de avanzada en el mundo, lo cierto es que todos los días aparecen en los medios de comunicación privados y públicos, denuncias acerca de la violación de un derecho, libertad o garantía constitucional.

En todo lo antes dicho, el miedo, no obstante ser una emoción o sentimiento de peligro, que se genera en el individuo, está cumpliendo una función de control y regulación social; pues en el caso específico de los trabajadores y trabajadoras judiciales, cuando de manera directa o indirecta, se les señala que si ejercen su derecho humano a la libertad sindical, serán despedidos del Poder Judicial; provocando una abstención en el plano personal del ejercicio de esa libertad; puesto que efectivamente sí se ha despedido trabajadores, por reclamar  sus derechos laborales, o sus libertades humanas y constitucionales, por parte de  altos funcionarios del Poder Judicial que tienen el poder todopoderoso del Estado, para retirar y arrojar al desempleo a trabajadores, que conforman la clase trabajadora del Poder Judicial.

Ahora bien, la clave para vencer al miedo es enfrentándolo con valentía, pues hay que entender que éste causa su efecto en quién o quiénes lo padecen, en la medida que no ha sido debidamente racionalizado; el problema del miedo que los trabajadores del Poder Judicial sienten, de ser despedidos de sus puestos de trabajo, solo se puede superar, tomando conciencia que cuando se actúa en forma colectiva y disciplinada, el miedo en lo individual desparece, dando paso a una situación de liberación; la patronal judicial de Venezuela, podrá despedir  a uno y hasta cientos de trabajadores y trabajadoras, pero jamás podrá despedir a la totalidad de la masa de trabajadores judiciales; pero para llegar a esta victoria, hay que ser valiente, para despertar la conciencia colectiva, y por supuesto hay que dar la pelea.

Una de las cosas que los trabajadores y trabajadoras judiciales, deben comprender y entender es que sin Estabilidad Laboral, la consecuencia más inmediata es el desempleo y hasta el hambre de la familia entera, por lo que la principal bandera a enarbolar en la lucha contra el miedo es la defensa a ultranza de la estabilidad laboral y el derecho al trabajo; lo demás: salarios, bonos, aguinaldos, prima de antigüedad, prima de mérito,  tickets de alimentación, jubilación, pensión y convención colectiva, entre otros beneficios, se derivan  de ese derecho esencial que es la Estabilidad Laboral.

Si se defiende solamente el pago de un bono o un aumento salarial, y no se defiende la Estabilidad Laboral ni el derecho al trabajo, se estaría asegurando pan para hoy y hambre para mañana como sabiamente lo señala el refrán popular.

Asimismo, la clase trabajadora del Poder Judicial, debe asumir una consciencia de clase, es decir se debe estar consciente que se es trabajador o trabajadora, y que el sustento personal y familiar, depende fundamentalmente de la venta de la fuerza de trabajo o capacidad para trabajar a cambio de un salario o sueldo; lo que no hacen las clases dominantes (políticas, judiciales y burguesas), que son las que compran esas fuerzas de trabajo siempre por un salario que no es el equivalente del esfuerzo que se realiza al trabajar.

La participación consciente y protagónica en las acciones sindicales que se convoquen reviste una importancia de aseguramiento de la Estabilidad Laboral y de exigencia de respeto al Derecho a Trabajar; el colectivo siempre vence cualquier obstáculo por muy grande que éste sea.

Todo patrono público o privado, siempre tiene el perverso objetivo de desprestigiar a las organizaciones sindicales, a los directivos y dirigentes sindicales, puesto que saben que son los instrumentos de lucha de la clase trabajadora para defensa de sus derechos; en la consecución de ese bajo objetivo,  el patrono, se vale de cualquier tipo de artimaña, trata de infiltrar a los sindicatos con sus agentes, genera informaciones falsas en contra de los sindicatos y directivos, promueve y sostiene la creación de sindicatos paralelos a sus servicio, infiltra agentes patronales en la masa de trabajadores, para que cumplan una función de esquiroles y rompehuelgas y busca la eliminación o neutralización de la organización sindical; por lo que la Clase Trabajadora del Poder Judicial, debe fortalecer a la organización sindical progresista, democrática y pluralista con su afiliación y la participación activa en las acciones sindicales y en la vida interna del sindicato, con ello se contrarresta el denigrante objetivo patronal.

La consiga de la lucha tribunalicia, hoy en día adquiere una vigencia suprema en la defensa de los derechos laborales y adquiridos., por eso:

¿QUIÉN DIJO MIEDO?


* Presidente del SUONTRAJ, Coordinación Andina de Trabajadores Judiciales, Abogado y Trabajador Social.






17 may 2010

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA JUSTICIA VENEZOLANA

Por: Luis Martín Galviz (*)

           
Actualmente, laboran para el servicio público de administración de justicia, un aproximado de veinte y cinco mil trabajadores y trabajadoras judiciales, distribuidos a lo largo y ancho del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en los diferentes palacios de justicia, circuitos judiciales y tribunales.

Un trabajador o empleado judicial, es aquél que cumple una función de auxiliar o de asistente, o de coadyuvante en el proceso de elaboración de una Sentencia Judicial, que es dictada por un Tribunal Competente a cargo de un Juez o Jueza; en otras palabras el principal producto que brinda el servicio público de administración de justicia, es la Sentencia, mediante la cual, cumplido un proceso judicial y aplicadas las formalidades debidas, se efectúa una declaración basada en el Derecho, ante una solicitud, querella o demanda presentada ante un Tribunal.  

En el servicio público de administración de justicia, predomina el trabajo intelectual, pues el mismo se ejecuta en espacios de oficinas equipados (algunos) con computadoras, y se requiere de un mínimo de conocimientos jurídicos, para llevarse a efecto; además este servicio abarca la globalidad del derecho nacional, como el civil, mercantil, penal, administrativo, laboral, familia y menores, entre otros.

Los trabajadores y trabajadores judiciales, venden su fuerza de trabajo o lo que es lo mismo su capacidad física e intelectual para laborar, al Estado, por un sueldo o salario, cuyo precio en la actualidad es impuesto por el propio Estado y es insuficiente para la subsistencia del trabajador, trabajadora y de sus familias, y en consecuencia se da la explotación del hombre por el hombre.

El Poder Judicial y el servicio de administración de justicia, en la sociedad venezolana, es gobernado, administrado y dirigido por el Tribunal Supremo de Justicia, a través de una Dirección Ejecutiva de la Magistratura; es decir que los cerca de 25 mil trabajadores y trabajadoras, dependen en cuanto a sus relaciones laborales y de producción, que incluye sus sueldos y salarios, del Estado Venezolano.

El conglomerado de trabajadores judiciales, forman parte del proletariado nacional, y de igual forma está sometido a un estado de explotación, en lo económico y salarial, dado los bajos sueldos y salarios que hoy le son pagados, y que no compensan los altos índices de inflación acumulada, la devaluación sufrida por la moneda nacional y alto costo de la vida.

Aunque, el Estado – Patrono, en su forma de Poder Judicial,  no debería tener interés de lucro y de ganancia, si contribuye con el mantenimiento del Sistema Capitalista, al someter a condiciones de explotación laboral a los seres humanos que le prestan servicio, entre otras relaciones jurídicas preexistentes, y porque los rasgos definitorios de su política laboral así lo determina:

a)     Bajo sueldos y salarios,
b)     Flexibilización de la estabilidad laboral
c)      Condiciones de seguridad e higiene en el trabajo inadecuadas,
d)     Prácticas antisindicales, en el sentido del irrespeto a los sindicatos, al fuero sindical y a la inamovilidad laboral,
e)     Violencia o mobbing laboral,
f)       Negativa a la aprobación de nuevas convenciones colectivas de trabajo,
g)     Prohibición expresa para que los trabajadores se reúnan en sus sitios de trabajo o en Asambleas Generales de Trabajadores,
h)     Limitaciones para que los trabajadores se afilien a Organizaciones Sindicales legalmente constituidas,
i)        Deterioro y merma de los derechos laborales adquiridos, entre otros rasgos.


Mientras, exista la explotación del hombre por el hombre, es imposible, que el Modo de Producción Capitalista, sea superado por el Socialismo como fase de transición al Comunismo.

Asimismo, la propiedad social no sustituirá a la propiedad privada de los medios de producción, sí no se superan las relaciones de producción capitalistas; los trabajadores, siempre serán trabajadores, en un Estado Capitalista o en un Estado Socialista; pues siempre dependerán de su fuerza de trabajo, para poder mantenerse así mismos y a sus grupos familiares; y máxime que uno de los principios socialistas es el que no trabaja no come.

El Poder Judicial, forma parte de la superestructura del sistema, sea este capitalista o socialista; pues la superestructura es el conjunto de ideas y relaciones políticas, jurídicas, morales, estéticas, filosóficas y religiosas e incluye las instituciones y organizaciones, que otorgan una fuerza efectiva a tales ideas y relaciones, es decir el Estado, los partidos políticos, las organizaciones religiosas, instituciones culturales y de instrucción.

En otras palabras, el servicio público de administración de justicia que se deriva de las relaciones jurídicas, que se dan en Venezuela, se basa en una formación social capitalista, puesto que todo el ordenamiento jurídico vigente, lo determina el Modo de Producción Capitalista, cuyo fundamento es la Propiedad Privada de los Medios de Producción.

Todavía en Venezuela, existen Tribunales Civiles y Mercantiles, que llevan a remate una vivienda, cuyo propietario por alguna circunstancia, casi siempre justificada, no puede pagar las condiciones de compra venta de un bien inmueble; en este caso se está hablando de una propiedad personal, que para nada es igual a la propiedad privada de los medios de producción.

De igual modo, hay Tribunales del Trabajo que avalan con sus decisiones, que a un determinado y concreto trabajador, no le sean pagadas su prestaciones sociales y otros conceptos salariales o no sea reenganchado a su puesto de trabajo, del que es casi seguro fue despedido por un capitalista en forma injustificada.

Siguen existiendo en Venezuela, contratos de naturaleza civil, mercantil y administrativa, con los que se solapan las relaciones de trabajo o la condición de trabajador o trabajadora de un ser humano.

Si se trata del Estado, hoy en día es por casi seguro, que el Estado – Patrono, en cualquiera de sus expresiones (Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano), sea como demandante o demandado, obtiene sentencias favorables, en contra de trabajadores estatales, que acuden a la jurisdicción contenciosa administrativa, en ocasión a una relación de empleo público funcionarial, cuando el debate judicial, versa sobre la estabilidad en su empleo.

Los anteriores ejemplos, llevan a pensar que el ideal utópico de un Mundo Mejor es Posible, está muy lejano todavía, pues mientras siga existiendo la explotación de la clase trabajadora, un mundo mejor será imposible de lograr.

En Venezuela sigue la pugna entre las clases sociales antagónicas, a saber la Clase Burguesa y la Clase Trabajadora o Asalariada, pues se está en un país capitalista en todas sus partes.

Vayamos al caso concreto  de esa lucha de Clases en el Poder Judicial Venezolano: 

Mientras la Alta Burocracia Judicial, tiene sueldos elevados y privilegios que le son derivados de su condición de burócratas, los empleados y obreros al servicio de la administración de justicia, apenas cobran un sueldo de subsistencia.

En tanto que la Alta Burocracia Judicial, labora en Señoriales Despachos, alfombrados, decorados con obras de artes y muebles de fino cuero, con aire acondicionado, atendidos por personal de mesoneros y de cocina, cuidados por guardaespaldas, se transportan en lujosos vehículos oficiales blindados; los empleados y obreros judiciales, van en metro, carritos por puestos, o en un modesto vehículo propio a su sitio de trabajo, llevan en viandas sus almuerzos,  y laboran en sitios inadecuados e inseguros y sin aire acondicionado.

Obviamente, la Clase de la Alta Burocracia Judicial es contraria a la Clase Trabajadora Judicial, pues mientras la Alta Burocracia Judicial, obtiene Sueldos y Salarios elevados, que le permiten satisfacer sus necesidades fundamentales y superfluas, y además le generan un excedente, que les permite acumular capital dinerario; la Clase Trabajadora Judicial, lucha todos los días contra el alto costo de la vida, la inflación, la devaluación de la moneda  y porque sus derechos laborales no le sean quitados

Mientras la Alta Burocracia Judicial, tiene un poder público, que aplica para desconocer los derechos laborales, como el de la estabilidad; la Clase Trabajadora del Poder Judicial, solo tiene el poder de su fuerza de trabajo, y la justeza de sus reclamaciones


Los Trabajadores y Trabajadoras de la Justicia Venezolana, están conscientes que como integrantes de la Clase Trabajadora, deberán cumplir, y mientras exista la explotación en el trabajo, seguirán reclamando más y mejores condiciones laborales y de vida a la Alta Burocracia Judicial.

En la Unidad y Organización de la Clase Trabajadora Judicial está la victoria en la reclamación de los justos derechos laborales y adquiridos.


(*) Presidente del SUONTRAJ, Coordinación de la Red Andina de Judiciales de la ISP, Abogado y  Trabajador Social.


14 may 2010

TRABAJO ASALARIADO, COACCIONADO o VOLUNTARIO

Por: Luis Martín Galviz (*)

 En un sistema capitalista, las relaciones de producción predominantes, son las de explotación del hombre por el hombre; es decir, un ser humano (hombre o mujer) en el mercado de trabajo, vende su fuerza de trabajo (capacidad para trabajar) por un precio (salario o sueldo) que lo determina el capitalista o el Estado, que compra esa capacidad para laborar; en el fondo lo que el trabajador o trabajadora vende es el desgaste que sufre su cuerpo y mente, como consecuencia de la actividad laboral que ejecuta, bien sea ésta de tipo manual o intelectual.

A este tipo de trabajo, se le llama en términos marxistas, Trabajo Asalariado, porque el capitalista o el Estado Capitalista, siempre paga un precio por ese trabajo, que nunca compensa realmente todo el deterioro que sufre el cuerpo humano en el proceso productivo o de prestación de servicios públicos y además se apodera de la plusvalía o plusvalor que el trabajo asalariado produce, puesto que el capitalista o el Estado Capitalista, siempre tiene un interés de lucro.

En Venezuela, las relaciones de producción son capitalistas; a excepción del trabajo cooperativo y el trabajo asociado; el primero regulado por una Ley Especial de Asociaciones Cooperativas y el segundo, aún sin normar legalmente, pero mencionado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el trabajo que regula la Ley Orgánica del Trabajo, es el Trabajo Asalariado; por ende existe explotación laboral en el país. 

Por las razones antes dichas, los salarios o sueldos que fijan los capitalistas o el Estado Capitalista, siempre serán insuficientes, para que un trabajador o trabajadora, pueda reponer su fuerza de trabajo, y contribuir con el sostenimiento de sus grupos familiares; dadas las condiciones de explotación en las que laboran, sea en el sector privado o en el sector público; y ello es así, porque en Venezuela el Salario Mínimo Nacional, en los últimos años viene siendo fijado por el Ejecutivo Nacional, vía Decreto Presidencial, sin la participación de las Organizaciones Sindicales, Federadas o Confederadas y vista la estructura capitalista del Estado Venezolano, el actual Salario Mínimo Nacional de Bs. 1.223,89 decretado, no compensa realmente el desgaste físico y mental de la clase trabajadora venezolana. 

Mientras exista el Trabajo Asalariado, siempre habrá explotación del hombre por el hombre, sin embargo hay la esperanza que en el decurso del desarrollo histórico de la humanidad, se den las condiciones objetivas y subjetivas, para hacer de nuestro planeta tierra, un Mundo Mejor, en todo sentido en lo social, laboral y ambiental. 

Corresponde a las asociaciones sindicales, civiles, deportivas, culturales y sociales de trabajadores y trabajadoras; organizar a la clase trabajadora, para una constante defensa de sus derechos laborales y reivindicaciones salariales y socioeconómicas, frente a los capitalistas sean estos públicos o privados. 

Un Mundo Mejor, siempre será posible, en tanto y cuanto exista una clase trabajadora, unida y organizada, que haga realidad esa utopía. 

Entonces, podemos afirmar con propiedad que las relaciones laborales o de producción, que en Venezuela, impone el Estado- Patrono, son capitalistas, y en el caso concreto de la expresión del Estado – Patrono, llamada Dirección Ejecutiva de la Magistratura y Poder Judicial; han disminuidos los derechos de los trabajadores y trabajadoras judiciales de manera progresiva y sistemática, por ejemplo las condiciones de sueldos y salarios, son las mismas vigentes al Primero de mayo del año 2.008, no obstante la inflación acumulada, las devaluaciones de la moneda nacional y la merma de poder adquisitivo; los permisos legales y convencionales se encuentran prohibidos, la violencia en el trabajo o mobbing laboral, se está convirtiendo en una costumbre institucional, existe negativa de discutir la III convención colectiva de trabajo, las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo son inaceptables y la estabilidad laboral, ha pasado a la historia, sin pena ni gloria; y todo esto es lógico, pues la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, es capitalista y neoliberal. 

Pero, la cosa no llega hasta allí en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y Poder Judicial, además de existir el Trabajo Asalariado, que de por sí, significa explotación hacia los trabajadores y trabajadoras judiciales. 

También, se está dando la modalidad del Trabajo Coaccionado que es el trabajo, que se realiza bajo coacción, coerción o amenaza de ser despedido y sometido a procedimiento disciplinario, como por ejemplo la labor que se cumple los días sábados, domingos, días feriados y de descanso, sin que se perciba la compensación salarial correspondiente; no se paga el trabajo extraordinario a la jornada legalmente establecida, no se están pagando las guardias que deben cumplirse en los circuitos judiciales, y por no reconocerse el trabajo en horas nocturnas, tampoco se paga el bono nocturno ni las horas extras nocturnas y existe negativa de otorgar el descanso compensatorio cuando se trabaja en sábado o domingo o en día feriado. 

Por estos días, los representantes de la patronal judicial, ha emitido circulares instando a los trabajadores y trabajadoras judiciales, a cumplir “Trabajo Voluntario”, en la limpieza y pintura de calles, avenidas y aceras; y sin explicársele a la masa laboral, lo que significa el Trabajo Voluntario, en el caso de Caracas; algunos supervisores inmediatos, han reunidos a los trabajadores y trabajadoras, preguntándoles quiénes harán trabajo voluntario, cuya respuesta es llevada un registro, se presume, para dejar constancia quién cumplió con el “Trabajo Voluntario” y quién no lo cumplió. 

Es sorprendente, que el “Trabajo Voluntario”, que puede darse tanto en sociedades capitalistas como socialistas, es desnaturalizado, por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura  pues como su nombre lo indica esta modalidad o tipo de trabajo es libre, de decisión propia y voluntario. 

En primer lugar, cuál es la relación que guarda, la limpieza, y pintura de una avenida o calle, con la labor que cumplen los trabajadores y trabajadoras judiciales, la respuesta es ninguna, sin embargo el "Trabajo Voluntario" es impuesto por el patrono. 

En segundo lugar, por qué éste tipo de “Trabajo Voluntario” no se planifica y organiza con suficiente antelación, y por qué se da por un hecho que los trabajadores y trabajadoras judiciales lo cumplirán, cuando no ha habido un proceso de concientización acerca del significado del “Trabajo Voluntario”. 

Asimismo, por qué se específica en registros levantados por los supervisores inmediatos quiénes “trabajarán voluntariamente”  y quiénes no. 

De igual forma, quién determinó que los trabajadores y trabajadoras judiciales les gusta hacer ese tipo de “Trabajo Voluntario”

Obviamente, hay una desvirtuación por parte del patrono, del real significado del “Trabajo Voluntario”; y todo esto ocurre, debido a que pareciera que la opinión, libertad y voluntad, de los trabajadores y trabajadoras judiciales importara poco, en materia de “Trabajo Voluntario” unilateralmente impuesto por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. 

Los trabajadores y trabajadores judiciales, también son ciudadanos y personas libres en cuanto a su voluntad, por esta razón deben ser respetados en lo que respecta a sus opiniones; en los pasillos de los edificios donde funcionan tribunales y circuitos judiciales, se oían voces que decían que irían a realizar “Trabajo Voluntario” entre comillas, por el temor fundado a ser despedidos de sus puestos de trabajo; entonces dónde queda lo voluntario del trabajo, determinado e impuesto por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. 

El “Trabajo Voluntario” nace del sentimiento de solidaridad intrínseco del ser humano, y NO de una orden o de un mandato patronal, como está siendo impuesto a los trabajadores y trabajadoras judiciales de Venezuela.

  (*) Abogado, Trabajador Social, Presidente del SUONTRAJ, Coordinación de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales de la Región Andina de la Internacional de Servicios Públicos.

13 may 2010

REFLEXIÓN SOBRE EL SINDICALISMO TRIBUNALICIO CON MOTIVO DEL 29 DE MAYO, DÍA DEL EMPLEADO JUDICIAL


Por: Luis Martín Galviz *

A propósito de la asistencia de una representación del SUONTRAJ al Congreso Fundador de la Central Sindical de las Americas (CSA), realizado en la ciudad de Panamá entre el 23 y 29 de abril de 2.008. Tuve la oportunidad de conversar con el destacado dirigente sindical de los judiciales del Ecuador, el compañero Luis Muñoz Pasquel (Lucho), ex Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Judiciales del Ecuador- FENAJE; quien en su peregrinar por varios países de la región suramericana, nos visitó acá en Venezuela, en dos oportunidades, trayéndonos la propuesta de la creación de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Judiciales, hoy en día toda una realidad..

En la actualidad, Lucho es un perseguido de la justicia ecuatoriana, debido  a las denuncias que, él y la FENAJE, …”hicieron en su momento de las irregularidades que se estaban produciendo en la Corte Suprema de Justicia, así­ como en el Consejo Nacional de la Judicatura y, fundamentalmente, por no estar de acuerdo con la reorganización de la función judicial por ser atentatoria a la estabilidad laboral y carrera de los trabajadores y trabajadoras judiciales del Ecuador y proponer acciones legales para frenar dicho intento.

La penalización de la protesta sindical, razón aducida por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, al considerar invasión a edificio público una acción sindical de la FENAJE, violenta directamente el derecho de Libertad Sindical, con el cual está comprometido el gobierno del Ecuador”…

Asimismo, Lucho fue injustamente despedido de la Función Judicial del Ecuador, en el mes de febrero de 2.007, luego de haber trabajado 20 años de su vida, para el Poder Judicial de su país.

Casos como el que confronta el compañero Luis Muñoz, también se han presentando y se están presentando, en la Administración de Justicia venezolana.

En la década de los años 70 del Siglo pasado, la primera protesta de trabajadores judiciales que se realizó en la sede de los tribunales que se encontraba en el edificio UNIVERSIDAD, en la esquina de La Bolsa, Caracas, fue salvajemente reprimida a plan de peinilla, y arrestados los lideres de esa gesta entre ellos Mateo Hernández, Alfredo Arcila, Ana Leonor Salas, Orlando Contreras y Lucinda Chiaro, entre otros; pero esa primera protesta sirvió de plataforma, para la organización del movimiento sindical en el Poder Judicial de Venezuela.

A principios de los 80, se constituyó la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Tribunalicios (FENATRAT), que logró agrupar en su seno a las diferentes Asociaciones de Trabajadores Tribunalicios, que ya en los estados del interior del país se encontraban constituidas o en proceso de constitución.

La FENATRAT, reivindicó el derecho de los trabajadores judiciales a la estabilidad laboral y a mejores condiciones de trabajo y de salario.

En 1988, un grupo de trabajadores y ex afiliados a FENATRAT, acuerdan constituir una nueva organización sindical, que logró su registro por ante el Ministerio del Trabajo con la denominación de SINDICATO NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DEL PODER JUDICIAL- ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES TRIBUNALICIOS (SINDEFUP-POJUC-ONTRAT) el 16 de septiembre de 1.991; hoy conocido con el nombre de SINDICATO UNITARIO ORGANIZADO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (SUONTRAJ)

Para el año siguiente 1.992, se constituyó un nuevo sindicato llamado SINDICATO UNIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA (SUNEP-JUDICATURA); y en el año 2.003, es constituido el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES TRIBUNALICIOS (SINTRAT).

De las cuatro Organizaciones Sindicales nacionales que coexisten en el Poder Judicial Venezolano, sólo tres tienen derecho a discutir Convención Colectiva de Trabajo, mismas que son: SUONTRAJ, SUNEP-JUDICATURA y SINTRAT.

En lo que corresponde específicamente al SUONTRAJ, en 1.991, luego de una larga huelga de trabajadores tribunalicios, fueron despedidos un importante número de sus directivos; por tan solo por haber liderizado un conflicto laboral. Luego de grandes esfuerzos, lograron su reincorporación al trabajo.

Más tarde en 1.993, hubo otra huelga de trabajo, resultando despedidos otra vez, un número importante de directivos sindicales, quienes después de una huelga de hambre, llevada a efecto en 1.995, lograron sus respectivos reenganches con el pago de los salarios caídos.

La dirigencia del SUONTRAJ, antes ONTRAT, siempre ha sido perseguida por el patrono de turno, han sido sometidos a procedimientos disciplinarios de amonestación, suspensión del empleo y destituciones del cargo, sus sueldos han sido retenidos de manera ilegal y sin que medie procedimiento previo que garantice el derecho a la defensa y se les han dictado arbitrarios arrestos personales.

En los actuales momentos el SUONTRAJ, tiene doce directivos sindicales, cuya situación ha sido denunciada por ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT (caso 2088 y caso 2736)), pero el patrono se ha negado al cumplimiento de las providencias de reenganche al trabajo emitidas por el Ministerio del Trabajo.

Durante los años 2005 y 2006, le fueron suspendidos los salarios de manera ilegal y arbritaria a tres compañeros y uno despedido en el mes de mayo de 2.006, y todo ello por haberse interpuesto denuncia pública por irregularidades administrativas que se venían cometiendo en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en la compra de unos terrenos para la construcción de “Ciudades Judiciales”, en varios estados del país. Después, de cinco meses de despido y un año sin cobrar su sueldo, fue reingresado al trabajo el compañero Luis M. Galviz, mientras que a los otros compañeros fueron obligados acogerse al beneficio de jubilación especial.

Las amenazas de despidos, de aperturas de procedimientos disciplinarios y la negativa para el otorgamiento de los permisos sindicales para el ejercicio pleno de la libertad sindical, persisten en contra de los directivos nacionales y seccionales del SUONTRAJ.

Sin embargo, la entereza y firmeza de una dirigencia sindical responsable y con una historia de lucha de 20 años, no se amilana al momento de hacer reclamaciones contundentes en contra del patrono de turno.

Entre el año 2009 y lo que va del 2010, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y sus simples representantes, viene implementando una política sistemática antisindical y ha despedido de sus cargos a 10 directivos nacionales y seccionales del SUONTRAJ: Kennedy Bolívar (Caracas), Alcides Sánchez (Caracas), María Esher Santamaría (Anzoátegui), Stevenson Freites (Miranda), Francisco Cermeño (Mérida), Mario Naspe (Anzoátegui), Javier Arvelo (Miranda), Richard Navas (Carabobo), Lisbeth Morillo (Carabobo) y José Mújica (Falcón); debido al ejercicio del Derecho Constitucional de Contraloría Social, y por las denuncias de irregularidades en el presupuesto del Poder Judicial, interpuestas por ante las autoridades correspondientes; y 2 directivos del SUNEP-JUDICATURA: Richard Rodríguez (Caracas) y Juan Marcano Vasquez (Carabobo), sin que se les hubiera respetado el Fuero Sindical e Inamovilidad Laboral que los amparaba, para la fecha en que fueron arbitraria e injustamente despedidos.

Además se mantiene la amenaza de despido al Presidente del SUONTRAJ, Luis Galviz,  a quien monitorean constantemente sus actividades sindicales, dentro de las instalaciones del Poder Judicial y DEM.

Lo que más preocupa al movimiento sindical, es la baja tasa de sindicalización presente en la administración de justicia de la República Bolivariana de Venezuela, puesto que aún existen cerca de 12.000 trabajadores o más, que no se encuentran afiliados a ninguna de las organizaciones sindicales que hacen vida en el Poder Judicial, y esto es producto de la amenaza sutil y a veces directa de los representantes del patrono y a la no tramitación de las afiliaciones a los sindicatos,  con el perverso fin de evitar que los trabajadores de nuevo ingreso puedan afiliarse al sindicato de su preferencia (en franca violación a la libertad sindical en sentido individual), en una practica directa de flexibilización laboral y neoliberal, con ello, se busca el debilitamiento progresivo y sistemático de las organizaciones sindícales, a los fines de su deslegitimación y merma de la capacidad de respuesta y de lucha. Un ejemplo de esta situación, se encuentra en la novísima Ley Orgánica de la Defensa Pública, que sanciona con la destitución del cargo el hecho de pertenecer a un organismo gremial o sindical.

Las nuevas cortes de trabajadores y trabajadoras judiciales, tienen la responsabilidad de no dejarse quitar el derecho humano a la sindicación y a organizarse en sindicatos para la mejor defensa de sus derechos e intereses, cuestión que implica una gran cuota de sacrificio personal, pero que sin ella, se hace imposible el ejercicio de la actividad sindical.

No hay que olvidar, la celebre frase, que aconseja que para el todo patrono público y privado, el mejor sindicato es el no existe.

Los que ocupamos cargos directivos en las organizaciones sindicales del Poder Judicial en Venezuela, tenemos la obligación moral de concientizar, capacitar y formar nuevos cuadros sindicales, para ir gestando la generación de relevo, que en el futuro tendrá en sus manos las riendas y la conducción del Movimiento Sindical Tribunalicio.

Todavía estamos a tiempo de evitar la eliminación total de los Sindicatos de Trabajadores Judiciales en Venezuela, eso si con la participación pro activa y activa de los trabajadores y trabajadoras de la administración de justicia de Venezuela.

El Movimiento Sindical Tribunalicio, requiere que nuevos cuadros directivos, sobre todo de los sectores jóvenes y de mujeres, insurjan de la masa de trabajadores, y una buena oportunidad para que ello ocurra, serán las elecciones que las diferentes organizaciones sindicales vienen convocando con la asesoría técnica del Consejo nacional Electoral.

Hay que tener siempre presente, que el Sindicato, como instrumento de lucha y de reivindicación de los derechos de la clase trabajadores, debe existir para la defensa de los derechos adquiridos y para la conquista a futuro de nuevos derechos y mejores condiciones de vida y de trabajo; y que las instituciones siempre  estarán por encima de las individualidades, que en un momento circunstancial las dirigen. 

Todo patrono público o privado, siempre busca desprestigiar a la dirigencia sindical, con el fin confesado de destruir, eliminar o neutralizar a la organización sindical, por está razón del discurso del patrono ha de desconfiarse todo el tiempo, sobre todo de aquellos representantes patronales, que dicen que están preocupados por cumplir los derechos de los trabajadores, pues no es más que una hipocresía patronal.

Trabajadores y Trabajadoras Tribunalicios, la Unidad y la Organización, nos darán la Victoria en el combate contra el injusto y arbitrario patrón Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Este 29 de Mayo, Día del Empleados Judicial, reivindicamos nuestra Lucha por nuestros derechos adquiridos y laborales contra el Estado.- Patrono

* Abogado, Trabajador Social, Presidente del SUONTRAJ, Coordinación de la Red de Trabajadores y Trabajadores Andinos de la Internacional de Servicios Públicos (ISP)