COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL

COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL
COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL DEL SUONTRAJ

2 mar 2011

VENEZUELA: "JUSTICIA ESCLAVISTA"


Por: Luis Martín Galviz*
  En la antigua Roma, a la persona que era esclava, se le trataba como a un ser humano de naturaleza inferior, siendo su único fin servir a los amos con absoluta fidelidad y entrega y, se caracterizaba por no tener derecho alguno.
Aunque, la mayoría de los países, en el mundo han abolido la Esclavitud; en el fondo la ideología que la sustenta persiste, que no es otra que el “esclavismo”.
El “esclavismo”, fundamento ideológico de la esclavitud, en los actuales tiempos, se ha puesto en evidencia, en especial en las relaciones obrero-patronales.
Y, es que el “gustico” que algunos patronos tienen, por sojuzgar a la clase obrera, ha permanecido incólume, desde que José Gregorio Monagas, en 1.854,  decretó la abolición absoluta de la esclavitud en Venezuela.
En Venezuela, legalmente no existe la esclavitud, y la casi “doceañera” Constitución Bolivariana, establece en su artículo 54 que “Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre…”, pero la ideología esclavista, no ha podido ser erradicada, pues a través de un solapamiento o encubrimiento de la misma, con fuerza y para desgracia de la clase trabajadora, se niega a desaparecer.
 La ideología esclavista, es fácilmente observable en las relaciones de producción o de prestación de servicios públicos, que se rigen respectivamente por un contrato de trabajo o una relación de índole funcionarial, ambas figuras revestidas de legalidad, y recogidas en el ordenamiento jurídico vigente; donde la explotación, se refleja de varias maneras:
Condiciones del ambiente de trabajo inadecuadas, bajos sueldos y salarios, compromisos laborales no cumplidos, deudas no honradas,  innumerables faltas de pago, trabajo extraordinario sin contraprestación dineraria, prohibición expresa de sindicalizarse o sindicarse, instigación patronal para que se desafilen de los sindicatos legalmente constituidos, amenazas de despidos o sanciones disciplinarias directas y expresas, confiscación ilegal de teléfonos móviles, durante la jornada de trabajo, retención bajo llave, en lo sitios de trabajo, prohibición expresa de participación en actividades sindicales, negativa de permisos para ausentarse del lugar de trabajo, por causas justificadas, acortamiento de los reposos médicos expedidos por los médicos tratantes; obligación de trabajar durante los días de descansos o no laborables, la flexibilización laboral, prácticas antisindicales y neoliberales; entre otras prácticas esclavistas, detectadas en Venezuela, y en especial aplicadas por el principal empleador del país, que no es otro que el propio Estado Venezolano, que para este año 2011, incrementará su nómina de personal a su servicio en 1 millón 422 mil 530 funcionarios, sin incluir a los que laboran  en las empresas que tienen un carácter público, nacionalizadas o estatizadas.
El Poder Judicial, como expresión del Estado Venezolano, en la última década, ha afinado, en grado superlativo, la aplicación de la ideología esclavista, puesto que las prácticas, ya señaladas, se han evidenciado y denunciado en el ámbito de las relaciones de trabajo, que se dan en la prestación del Servicio Público de Administración de Justicia.
Los 28 mil empleados judiciales – secretarios, alguaciles, archivistas, asistentes y personal administrativo- viene siendo objeto, de la aplicación de una ideología esclavista, llamémosla judicial, que sin la menor consideración, ha generado una explotación laboral, sólo vista en los regímenes dictatoriales y militaristas.
La política laboral, generada desde el Tribunal Supremo de Justicia, y dirigida hacia los empleados judiciales, tiene un barniz ideológico esclavista, pues es esa misma política, la que es aplicada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, como organismo subordinado y administrador del Poder Judicial.
La flexibilización laboral, que se traduce a su vez, en inestabilidad en los puestos de trabajo, en los últimos tres años, ha sido una constante; los jueces presidentes o coordinadores de circuitos judiciales, jueces rectores, jueces unipersonales y directores administrativos regionales, y la propia Dirección Ejecutiva de la Magistratura, ha dejado sin empleo sin causa debidamente justificada, a no menos de 600 empleados judiciales y administrativos y a 20 sindicalistas, amparados con Fuero Sindical.
La III Convención Colectiva de Trabajo, ha sido demorada en cuanto su discusión,  a través de trabas burocráticas, tanto por el Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo y las Finanzas, como por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, y el próximo 15 de junio, cumplirá cuatro años en trámite, sin que los 28 mil empleados judiciales, puedan actualizar sus beneficios, salariales, económicos, socioeconómicos y sociales.
El sueldo promedio en el Poder Judicial, de Bs. 1.827,00 (unos 424 dólares al tipo de cambio oficial de Bs. 4,30 por Dólar Americano), que no refleja en realidad la depreciación del bolívar frente al dólar.  Además, a toda luz insuficiente para satisfacer las necesidades elementales de un grupo familiar integrado por tres personas.
Las horas extras, que en la mayoría de las veces son impuestas al empleado judicial, no se están cancelando, con lo que se obliga a trabajar, sin recibir una contraprestación salarial, por el trabajo extraordinario ejecutado.
La violencia y el mobbing laboral, es la regla, en las diferentes circunscripciones judiciales, siendo las más afectadas las madres trabajadoras y los jóvenes empleados judiciales que estudian.
Los empleados judiciales, son obligados bajo coacción a reincorporarse a sus puestos de trabajo, sin cumplir a cabalidad con los reposos y tratamientos, ordenados por los médicos tratantes; lo que genera en el mediato y largo plazo, serios problemas de salud.
Y, así como estás prácticas esclavistas, muchas otras, que por razones de tiempo y espacio, no se abarcan en este artículo.
Lo cierto del caso, es que sí el Poder Judicial, se encuentra imbuido de una ideología esclavista, entonces de esté no puede emerger una Justicia, que no sea esclavista también.
En Venezuela, ya no sirve de mucho denunciar algún alto funcionario público o algún órgano u organismo del Estado, puesto que, ahora el que denuncia, luego es denunciado, y con autorización de algún tribunal.
Sí la justicia es esclavista, luego no habrá justicia, sino esclavitud,
Digamos, entonces como Jesús Nuestro Señor: “Y, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre”
*Abogado, Trabajador Social, Presidente del SUONTRAJ, Secretario Ejecutivo de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial y Coordinador de la Red de Judiciales de la Sub-Región Andina de la Internacional de Servicios Públicos (ISP)