Por Luis Martín Galviz*
Erich Fromm, en su obra El Miedo a la Libertad, dijo …”que, para quien carece de poder, la justicia y la verdad constituyen las armas más importantes en la lucha dirigida a lograr la libertad y asegurar la expansión”… En los últimos tiempos, en Venezuela, la justicia, entendida Stricto Sensu como la codificación de normas, que son aplicadas, por jueces que se suponen imparciales, a los ciudadanos; lejos de ser un arma para la conquista de la libertad, se ha convertido en un instrumento de represión, precisamente de la libertad, por la que se lucha cada día.
No se trata del delincuente, que debe ser castigado por la sociedad, por haber cometido un hecho punible, y por supuesto sancionable; se trata pues de reprimir al contrario en lo político, social, cultural, sindical y económico, utilizando para ello a los tribunales y jueces de la República.
Aunque, la justicia, en todos los tiempos y en todos los gobiernos, que han pasado por Venezuela, ha sido coaccionada, manipulada, humillada y dirigida a conveniencia de un interés grupal o político; no es menos cierto que en el presente, la justicia y los tribunales encargados de aplicarla, ya ni siquiera contribuyen en algo a la libertad del Ser Humano, entendido éste como Totalidad, sino que es hasta contraproducente llevar a los estrados judiciales una pretensión que vaya dirigida contra lo que se viene denominando como Revolución Socialista o contra de alguno de sus personeros.
Apunta, el autor Hamilton, Antonio Canova en su libro “La realidad del contencioso administrativo venezolano”, que el Estado vence a los particulares en el 99% de los casos. Este dato, brinda luces, acerca de lo que de seguro ocurre también, en el resto de las jurisdicciones.
Venezuela, en su contexto más general y a nivel societario, va rumbo a su propia prisión, demarcada por los límites fronterizos que tiene con los países vecinos; pues la libertad, está siendo ceñida a los parámetros que está imponiendo, de manera pausada pero sostenida, la actual Élite Gobernante; es decir, se tiene que ser “socialista” de manera coercitiva y sin derecho de oponerse a ello.
Hoy en día, se recuerda con horror, lo que representó en Alemania, el Nacional-Socialismo, impuesto por Adolf Hitler y los nazis; en esa terrible época, era legal y hasta premiado, que un ciudadano alemán, denunciara ante las autoridades a sus vecinos sí éstos eran judíos o siendo alemanes eran opositores al Gobierno Nazi; y esas autoridades alemanas, siempre contaron con jueces, como por ejemplo Roland Freisler, que aplicando la justicia nazi, convalidaron esas discriminaciones políticas y raciales.
Por supuesto Venezuela, dista mucho del escenario que se dio durante todo el tiempo de vigencia del régimen nazi en Alemania; sin embargo, para el análisis sociológico y político de la realidad venezolana, algunos elementos ideológicos, psicológicos y de propaganda, que le permitieron a los nazis, abolir a los demás partidos y a considerar que…” la oposición al nazismo no significaba otra cosa que oposición a la patria misma”… deben ser tomados en cuenta, en la hoy decretada Revolución Socialista.
El ejercicio de la judicatura, no necesariamente obliga a la parcialidad y dependencia, de unos superiores jerárquicos; pero el fenómeno que ocurre entre los jueces, es que por el simple temor a ser destituidos o removidos de su cargos, en los casos que revisten cierta transcendencia “política”, las decisiones se inclinan conforme a las exigencias de la parcialidad política de la clase gobernante, lo que conlleva a que se ponga en tela de juicio la independencia y autonomía del Poder Judicial frente a los demás Poderes Públicos.
Sí el Pueblo Venezolano que se supone Libre y Soberano, no confía en la Justicia, que les aplicada por sus supuestos jueces naturales, luego la Justicia, se convierte en un instrumento al servicio de la opresión.
Por supuesto que existen jueces, con principios morales sólidos, probos, honestos, autónomos, independientes y con una ética profesional incuestionable a los que debemos dar todo nuestro apoyo y respaldo.
Para que un juez o jueza, pueda ser totalmente independiente y autónomo, en primer lugar debe ser seleccionado a través de un concurso público y transparente y alejado de la influencia política partidista; en segundo lugar deben ser hombres y mujeres de reconocida honorabilidad y de una moral intachable a todo prueba; en tercer lugar sus decisiones jurisdiccionales sólo pueden estar condicionadas por su propia consciencia y por la Ley, y en cuarto lugar debe tener una estabilidad absoluta en sus cargos y una remuneración acorde con la alta función que ejerce.
El actual sistema de nombramiento y remoción de los jueces o juezas, es la antítesis de la autonomía e independencia; en un gran porcentaje los jueces designados son provisorios, suplentes, temporales o accidentales, sin derecho a la estabilidad laboral; los sueldos que perciben todos los jueces, son bajos e insuficientes, para que mantengan un nivel de vida digno y decente y como corolario, un juez o jueza, sin estabilidad en sus cargo y mal remunerado, es susceptible de recibir presiones e influencias político- partidistas.
En Venezuela existen 1.914 jueces de Primera y Segunda instancia, y entre ellos hay 1.479 que no gozan de estabilidad y carrera en sus cargos, por ser provisorios, temporales suplentes o accidentales; lo que representa un 77% de jueces, nombrados mediante un simple acto emanado de un órgano administrativo del Poder Judicial, como lo es, la Comisión Judicial; y esto ocurre en un país, en el que desde el año 2000, está previsto constitucionalmente que el Nombramiento de los Jueces debe realizarse a través de un Concurso Público.
Sí esta situación con lo jueces ocurre puertas adentro del Poder Judicial ¿Cuál es entonces la Justicia, que se aplica en Venezuela? ¿Es una justicia que conduce a la Libertad o es una Justicia represora en lo político?
Las respuestas a tales interrogantes, serán determinadas por la realidad concreta de Venezuela y de la Justicia que se pretenda imponer y aplicar.
Pero mientras tanto se observa, que por ejemplo la población carcelaria, según el Informe del Año 2.009 del Observatorio Venezolano de Prisiones, existe una población reclusa de 32.324 personas en condición de procesados, penados o con destacamento de trabajo.
Asimismo, ha señalado el OVP, que las causas que generan tal hacinamiento carcelario, son las siguientes: El Retardo Procesal, debido a: Diferimientos y suspensiones de audiencias por causa ajena a la población reclusa, entre ellas: falta de una buena gerencia penitenciaria, imposibilidad de efectuar los traslados a los tribunales por falta de medio de transporte, por falta de combustible, por falta de las herramientas de seguridad (no hay esposas) o por no existir personal de custodia disponible.
E indica que además existen casos de reclusos que tienen más de dos años privados de libertad, sin que se haya dictado sentencia condenatoria definitivamente firme.
Otro aspecto a reseñar, es el dato que aporta en cuanto a las características y clase social de la población reclusa, la Revista Española de Sanidad Penitenciaria, en un artículo titulado: Las cárceles y población reclusa en Venezuela, firmado por A. Posada y M. Díaz-Tremarias, en la que se señaló
“Los internos de los establecimientos penitenciarios venezolanos son hombres y mujeres jóvenes en su inmensa mayoría. Según datos del año 2005, entre la población masculina recluida predominan las personas entre 22 a 30 años (45,6%), frente a las personas mayores de 30 años (38,4%) y jóvenes entre 18 y 21 años (14,5%), con una edad promedio que oscila entre los 19 y 25 años. Pertenecen casi unánimemente a los estratos más humildes de la población, pues del total de personas recluidas, 61,3% tenían como lugar de residencia barrios o zonas marginales, donde ocupan viviendas precarias, con escasez de servicios básicos y de espacios personales9.
Igualmente, en su mayoría, proceden de familias con procesos de desvinculación, donde se aprecian carencias de afectividad, por lo general con ausencia de figura paterna y la autoridad familiar no ha sido ejercida satisfactoriamente provocando situaciones conflictivas. Son familias sin trabajo y con pocas aspiraciones, que luchan por la supervivencia diaria4.
En relación a la ocupación profesional, la mayoría está constituida por obreros de diferentes disciplinas: construcción, plástico, manufacturero, conductores de medios de transporte y personas de ocupaciones afines; artesanos, operadores y electricistas. Al observar las condiciones laborales que presentaban a su ingreso en prisión, la inmensa mayoría no tenía empleo fijo o realizaban trabajos eventuales o relacionados con la economía informal16.”
En palabras sencillas, la clase más pobre y trabajadora y las jóvenes y los jóvenes de Venezuela, sufren la inclemencia de una Justicia, que sí bien no es nueva, ha sido aplicada para reprimir a quienes no tienen la posibilidad de ejercer el Poder Político.
A todo ese cuadro dantesco, acumulado, por la aplicación de una errática política judicial, continuada y acentuada en el último lustro, hay que sumarle la discriminación política, que tiene su brazo fuerte en el aparato judicial venezolano; lo cual hace inferir, que ya no serán solo los pobres y trabajadores, quienes deberán afrontar la cárcel y en condiciones riesgosas para su salud y vida, sino también aquellos quienes se atrevan plantear una oposición política contra la llamada Revolución Socialista, como en efecto algunos ya la están sufriendo, en las cárceles de presos políticos de Venezuela.
En el Acto Solemne de la APERTURA DE LAS ACTIVIDADES JUDICIALES DEL AÑO 2011, cumplido en el Auditorio del Tribunal Supremo de Justicia, el pasado 5 de febrero; quedó absolutamente clara cuál será la política judicial que se implementará de aquí en adelante, que consiste en…”aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del Socialismo”…
Los opresores, aunque no desistirán, por ahora, de la aplicación de los rigores de un aparato judicial represivo, en algún momento de la historia contemporánea de Venezuela, deberán responder ante la justicia y la verdad que en la debilidad de los oprimidos se fortalece y adquiere un supremo valor, no en el sentido del almácigo de códigos, decretos y leyes, que cada régimen dicta para mantener el status quo de la clase política gobernante; sino en el supremo valor de los Derechos Humanos y el respeto a la dignidad humana.
Abogado, Trabajador Social, Presidente del SUONTRAJ, Secretario Ejecutivo de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial y Coordinador de la Red de Judiciales de la Sub-Región Andina de la Internacional de Servicios Públicos (ISP)
