Juan Soto deberá explicar presuntas amenazas a familia de Filas de Mariches
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TSJ cita a Soto (Cortesía)
JUAN FRANCISCO ALONSO | EL UNIVERSAL
lunes 7 de marzo de 2011 12:00 AM
El diputado Juan Soto (PSUV) deberá comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para explicarle porque en diciembre pasado supuestamente forzó a una familia que tiene unos terrenos en Filas de Mariches (Miranda) a desalojarlos, bajo la excusa de que los mismos serían expropiados por el Estado.
El parlamentario oficialista deberá presentarse ante la Sala Constitucional, la cual admitió a trámite un recurso de amparo que Chiarina Melchionna, directora de Inversiones Gianchi, interpuso en enero pasado con la actuación del legislador.
En su escrito Melchionna denunció que el 10 de diciembre pasado Soto "irrumpió" en las parcelas que su familia posee en la Hacienda Bucaral y les informó que las instalaciones ubicadas en el sitio, las cuales estaban arrendadas, serían ocupadas. Tres días después el diputado supuestamente volvió a presentarse en el lugar y "sin mediar autorización" ingresó en los terrenos junto con unos sujetos uniformados, los cuales no se identificaron, y le notificó a la propietaria que las edificaciones serían expropiadas en enero, según consta en los registros del máximo juzgado.
Sin embargo, hasta el momento ningún organismo del Estado se ha presentado en el lugar y ha anunciado sus intenciones de adquirir forzosamente los inmuebles.
En su escrito, Melchionna acusó a Soto de haberle violado sus derechos constitucionales al debido proceso y a la propiedad. Asimismo señaló al parlamentario de haber incurrido en usurpación de funciones, pues los miembros del Parlamento no están facultados para ocupar ningún inmueble sometido a proceso de expropiación.
La Ley de Expropiaciones por Causa de Utilidad Pública o Social, en su artículo 13, establece que los legisladores nacionales, regionales o locales son quienes deben declarar "de utilidad pública" alguna obra o instalación para que ella pase de manos privadas a públicas. Por su parte, el título VII de dicho texto establece que es al Ejecutivo a quien le compete ordenar la ocupación de los bienes o instalaciones expropiables.
La comparecencia de Soto deberá producirse en las 96 horas siguientes a la notificación de las partes en este asunto (denunciante y Fiscalía), según el auto redactado por la magistrada Carmen Zuleta.
En diciembre pasado el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) reclamó de las autoridades que la crisis habitacional generada por las lluvias no fuera combatida violando los derechos de otras personas.
