Relatora para la Libertad de Expresión afirma que en el país se censura
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Botero pidió a las autoridades que castiguen administrativamente, más no penalmente, abusos a la libertad de expresión (Archivo)
EL UNIVERSAL
viernes 11 de marzo de 2011 12:00 AM
Dejar de aplicar los delitos de difamación, injuria y otros que penalizan la difusión de opiniones sobre funcionarios o el funcionamiento de las instituciones demandó de las autoridades venezolanas la relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero.
"Condenamos que en Venezuela se use el delito de desacato, que es una norma como del siglo XIX, y que castiga penalmente a quien vilipendie al jefe de Estado. Esa ley es una barbaridad y viola los derechos humanos", afirmó Botero ayer, en Bogotá (Colombia), a donde acudió para participar en una reunión de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, según reseñó AFP.
La jurista colombiana desestimó el argumento esgrimido por los funcionarios del Estado para mantener en vigor estas normas, según el cual su eventual derogación los dejaría indefensos ante el ataque de los medios de comunicación. "Esto (la anulación de los llamado delitos de desacato) no significa que los funcionarios no tengan honra sino que ésta debe defenderse desde el derecho civil y no usando el derecho penal contra el periodista o el medio de comunicación", replicó, al tiempo que agregó: "Si hay un periodista que de mala fe publica una información falsa, pues tendrá que responder desde el derecho civil, pero lo que no se puede permitir es que le hagan juicios penales a quienes intentan hacer un periodismo crítico".
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que delitos como la difamación e injuria de funcionarios públicos atentan contra el derecho humano a la libertad de expresión y por lo tanto exigió a los países del continente que los suprimieran de sus legislaciones.
La petición del tribunal, con sede en San José (Costa Rica), ha sido atendida por un número importante de países de la región, entre los cuales destacan Argentina, Costa Rica, Paraguay, Perú y Honduras. Venezuela, entretanto, no sólo no ha derogado estos delitos, sino que los ha endurecido, tal y como ocurrió en 2005 cuando la Asamblea Nacional reformó el Código Penal y duplicó las sanciones de cárcel y las multas contra quienes fueran declarados culpables de incurrir en estas conductas.
En Venezuela hay censura
Durante su intervención, la relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH denunció que en Venezuela las autoridades han creado un marco legal y un clima poco propicio para el libre flujo de informaciones y opiniones.
"¿Que no hay censura en Venezuela? Hay 34 radios cerradas por razones que nadie puede entender y desde el Gobierno se mandan mensajes amenazantes a la libertad de prensa", afirmó en alusión a las emisoras a las que el Ejecutivo les revocó los permisos para operar en agosto de 2009.
Por último, la relatora anunció que en el informe que próximamente presentará al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) denunciará "la estigmatización a los críticos del Gobierno de Hugo Chávez".
jalonso@eluniversal.com
"Condenamos que en Venezuela se use el delito de desacato, que es una norma como del siglo XIX, y que castiga penalmente a quien vilipendie al jefe de Estado. Esa ley es una barbaridad y viola los derechos humanos", afirmó Botero ayer, en Bogotá (Colombia), a donde acudió para participar en una reunión de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, según reseñó AFP.
La jurista colombiana desestimó el argumento esgrimido por los funcionarios del Estado para mantener en vigor estas normas, según el cual su eventual derogación los dejaría indefensos ante el ataque de los medios de comunicación. "Esto (la anulación de los llamado delitos de desacato) no significa que los funcionarios no tengan honra sino que ésta debe defenderse desde el derecho civil y no usando el derecho penal contra el periodista o el medio de comunicación", replicó, al tiempo que agregó: "Si hay un periodista que de mala fe publica una información falsa, pues tendrá que responder desde el derecho civil, pero lo que no se puede permitir es que le hagan juicios penales a quienes intentan hacer un periodismo crítico".
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que delitos como la difamación e injuria de funcionarios públicos atentan contra el derecho humano a la libertad de expresión y por lo tanto exigió a los países del continente que los suprimieran de sus legislaciones.
La petición del tribunal, con sede en San José (Costa Rica), ha sido atendida por un número importante de países de la región, entre los cuales destacan Argentina, Costa Rica, Paraguay, Perú y Honduras. Venezuela, entretanto, no sólo no ha derogado estos delitos, sino que los ha endurecido, tal y como ocurrió en 2005 cuando la Asamblea Nacional reformó el Código Penal y duplicó las sanciones de cárcel y las multas contra quienes fueran declarados culpables de incurrir en estas conductas.
En Venezuela hay censura
Durante su intervención, la relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH denunció que en Venezuela las autoridades han creado un marco legal y un clima poco propicio para el libre flujo de informaciones y opiniones.
"¿Que no hay censura en Venezuela? Hay 34 radios cerradas por razones que nadie puede entender y desde el Gobierno se mandan mensajes amenazantes a la libertad de prensa", afirmó en alusión a las emisoras a las que el Ejecutivo les revocó los permisos para operar en agosto de 2009.
Por último, la relatora anunció que en el informe que próximamente presentará al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) denunciará "la estigmatización a los críticos del Gobierno de Hugo Chávez".
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