El sindicalista es procesado por cargos derivados de organizar en 2009 una huelga en Ferrominera Orinoco y su caso ha sido condenado por organizaciones laborales y de derechos humanos nacionales y extranjeras
El líder sindical Rubén González durante su arresto domiciliario | Saúl Rondón
Rubén González una vez admiró y apoyó al presidente Hugo Chávez, pero ahora desde su confinamiento en una estación de policía en el estado Bolívar afirmó que su detención muestra la intolerancia del gobierno ante las protestas laborales.
González dijo el jueves a The Associated Press en entrevista telefónica desde su celda que confía en que "la justicia divina prevalecerá'' y finalmente logrará la libertad.
El sindicalista es procesado por cargos derivados de organizar en 2009 una huelga en Ferrominera Orinoco y su caso ha sido condenado por organizaciones laborales y de derechos humanos nacionales y extranjeras.
"El gobierno esta criminalizando la protesta'', dijo González por el teléfono celular que le permiten tener en la cárcel.
González comparecerá el viernes ante un tribunal, en el primer aniversario de su reclusión.
Sin embargo, no cree que el juez llegará pronto a un veredicto teniendo en cuenta que ya ha comparecido ante la corte más de una docena de veces en los últimos 15 meses y las audiencias fueron aplazadas en repetidas ocasiones.
González está acusado de asociación ilícita, incitación pública a cometer delitos y la violación de una zona de seguridad del gobierno durante la huelga en Ferrominera Orinoco.
Thor Halvorssen, presidente de Human Rights Foundation, con sede en Nueva York, opinó que González está procesado como parte de un esfuerzo del gobierno para frenar la acción de los sindicatos, en particular en las empresas operadas por el estado como Ferrominera.
"El gobierno de Chávez afirma estar a favor de los derechos de los trabajadores, pero éstos no incluyen los derechos de las decenas de miles de venezolanos que trabajan en empresas de propiedad estatal'', dijo Halvorssen en un comunicado enviado a la AP.
Human Rights Foundation señaló que el grupo local de derechos humanos Provea contó más de 2.200 venezolanos que han participado en protestas y han sido acusados de diversos delitos en los últimos cinco años.
Algunos tienen prohibido hablar en público sobre sus casos o participar en manifestaciones. Muchos eran empleados públicos involucrados en conflictos laborales.
Chávez no ha comentado públicamente las acusaciones de que las autoridades están utilizando la justicia para limitar los conflictos laborales o frenar las protestas. El presidente ha reiterado que su gobierno, de orientación socialista, ha hecho más por la clase obrera que las administraciones anteriores y que en su corazón yace el interés sindical.
Fiscales vinculados con el caso no estuvieron disponibles para un comentario.
Antes de su detención, González nunca tuvo problemas con la administración de la empresa en sus casi tres décadas de trabajo y actividad sindical.
González ayudó a organizar 2.000 trabajadores que se unieron a una huelga el 12 de agosto de 2009, para protestar porque Ferrominera no les cancelaba una deuda derivada de una nueva convención colectiva firmada ese año.
La huelga, junto con manifestaciones convocadas en los portones de la fábrica de hierro en Ciudad Guayana, llegó a su fin dos semanas más tarde, cuando los trabajadores convinieron con la dirección finalizarla a cambio de que cumplieran las obligaciones establecidas en el contrato.
Un mes después, la policía, por orden de un juez, arrestó a González, quien permaneció recluido en su casa hasta que el 21 de enero de 2010 otro juez ordenó su envió a prisión y le prohibió participar en actividades sindicales.
El sindicalista, de 51 años, no está seguro de cuántos años podría pasar en prisión si es sentenciado. González tiene cuatro hijos y recibe visitas familiares con regularidad en la estación de policía en la que se encuentra recluido en Ciudad Guayana.
The Human Rights Foundation catalogó a González como un "preso de conciencia''. "El gobierno debe ponerlo en libertad y dejar de tratar la disidencia como un crimen'', dijo Halvorssen.
Grupos venezolanos de derechos humanos han expresado preocupaciones semejantes.
En su informe anual del año pasado, el grupo de Provea condenó lo que calificó como "una política orientada a criminalizar a quienes ejercen el derecho a la protesta''.
"Se amenazó a trabajadores y sus dirigentes con medidas punitivas si realizaban manifestaciones, huelgas, paros y otras formas de protesta pacífica'', agregó el grupo activista.
Provea afirmó que la acusación de González es "un caso emblemático'' en ese sentido.
González, un cristiano devoto, dijo que se despierta a diario antes del amanecer para orar a la luz de una vela en su celda.
"Dios me da fortaleza'', apuntó.
FUENTE: EL NACIONAL.COM
