Respetada Magistrada;
El sábado, 15 de enero de 2.011; cuando veía por televisión al Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías, en el Palacio Legislativo Nacional, a propósito de la rendición de su Memoria y Cuenta al país. Fui gratamente sorprendido, al oír al Primer Mandatario Nacional, en forma afable y cariñosa dirigirse a su persona, con palabras cargadas de un sano sentimiento humano, al momento de saludarla, lejos de ceñirse al estricto protocolo, que un acto solemne de esa naturaleza exige; se refirió a su persona, como quien le habla a una amiga, a una compañera a una mujer virtuosa; lo cual resulta muy positivo y acertado, en bien del país, que sus Altas Autoridades, además de cumplir con el principio constitucional de colaboración de los poderes públicos; puedan también tratarse como auténticos seres humanos.
Dijo el Jefe de Estado, también se encuentra presente “nuestra querida Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la Dra. Luisa Estella Morales”. Escuchando este especial saludo, me vino a mi mente la idea, de dirigirle una Carta, para tratar de explicarle, en mi condición de dirigente sindical de los empleados judiciales, la grave problemática laboral que aqueja a los más de 28 mil, trabajadoras y trabajadores y a los cerca de 8 mil jubilados y pensionados de la Administración de Justicia en Venezuela.
Magistrada Presidenta; en primer lugar, le informo que los trabajadores y trabajadoras judiciales desde el 08 de junio de 2.007, no han podido gozar de un nuevo Contrato Colectivo, que permita que sus beneficios salariales, sociales, económicos y socioeconómicos, puedan ser debidamente revisados y actualizados al nivel de vida, que Venezuela confronta en estos tiempos, lo que ha traído como consecuencia que sus respectivos presupuestos familiares se vean seriamente afectados en forma negativa.
La tardanza o demora del inicio de la discusión del Tercer Contrato Colectivo, en nuestra opinión, se debe a trabas burocráticas y dilaciones indebidas, en las que ha incurrido la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y el Ministerio del Poder Popular Para la Planificación y la Finanzas; puesto que este último Ministerio, tiene para su elaboración, el Estudio Económico de Costos del Contrato Colectivo, mismo que no ha sido debidamente remitido al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social.
Esta situación, afecta a la totalidad de los trabajadores activos, jubilados y pensionados amparados por dicho Contrato Colectivo.
Asimismo, los ingresos de fin de año, mejor conocidos como aguinaldos; durante los años 2008, 2009 y 2010, han sido desmejorados por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en el sentido del no pago de la recurrencia del 30% de incremento de sueldo lineal en los 132 días adicionales de aguinaldos, aprobado a partir del primero de mayo del 2008; la no cancelación de 48 días del los 132 días de aguinaldo complementario del año 2009 y el no pago de los 132 días de aguinaldos adicionales del año 2.010.
El derecho adquirido a la estabilidad laboral es soslayado de manera deliberada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, no respetándose la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley de Carrera Judicial, Ley Orgánica del Poder Judicial, Estatuto del Personal Judicial y Régimen de Estabilidad de los Funcionarios y Empleados del Consejo de la Judicatura (hoy, Dirección Ejecutiva de la Magistratura); tampoco se respetan los fueros sindical, maternal, paternal y otros establecidos en las leyes de la República.
En el Poder Judicial la violencia o mobbing laboral se ha incrementado en forma impune, al extremo que muchos trabajadores han sufrido colapsos nerviosos, accidentes cerebro-vascular, infartos cardíacos y otras patologías médicas, generadas producto del estrés que se sufre en el medio laboral tribunalicio
En este año 2011, que recién comienza todo el personal activo, jubilado y pensionado de varios estados del país, no gozan de cobertura de Hospitalización Cirugía y Maternidad (HCM) y de igual forma se encuentra suspendido el suministro de medicamentos a los trabajadores, jubilados y pensionados, ordenados por sus respectivos médicos tratantes.
La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, trata al personal judicial activo, jubilado y pensionado, como sino se tratara de ciudadanos y seres humanos, que merecen respeto y dignidad, precisamente en su condición humana, pues sus constantes y permanentes peticiones no son oídas, y muy por el contrario son desatendidas.
Asimismo, pedimos respetuosamente que su persona se constituya en garante como Máxima Autoridad del Poder Judicial Venezolano de un dialogo franco y sincero entre los trabajadores tribunalicios y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a fin que se respeten los derechos y garantías constitucionales de todo el personal activo, jubilado y pensionado de la Administración de Justicia, para que de esta forma cesen los múltiples atropellos a los que son sometidos por el patrono inmediato, entiéndase la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Por estas consideraciones expuestas aquí brevemente, le solicito a nombre de todos los trabajadores activos, jubilados y pensionados de la administración de justicia de la República Bolivariana de Venezuela, que eleve en Punto de Agenda a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, la designación de una Comisión Interventora de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, integrada por Magistrados y Magistradas, que componen ese Importante Órgano Colegiado del Poder Judicial; a los fines de revisar y evaluar toda la situación laboral y el cumplimientos de los derechos de los trabajadores tribunalicios.
En espera de una oportuna y debida respuesta, me despido de Usted;
Atentamente:
*Abogado, Trabajador Social, Presidente del SUONTRAJ, Secretario Ejecutivo de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial y Coordinador de la Red de Judiciales de la Sub-Región Andina de la Internacional de Servicios Públicos (ISP)
