La revelación de que el comerciante libanés-venezolano Walid Makled, acusado de narcotraficante y detenido en Colombia, portaba un carnet como funcionario del Tribunal Supremo de Justicia firmado por el magistrado Eladio Aponte Aponte, es apenas una de una serie de eventos que conectan a altos funcionarios del poder judicial venezolano con actividades al margen de la ley.
Desde que el presidente Hugo Chávez asumió el poder en febrero de 1999, el poder judicial dió un vuelco radical y pasó de ser una institución en principio autónoma e independiente, a convertirse en un apéndice del poder ejecutivo, en la nueva concepción del poder revolucionario, una transformación sin precedentes en la historia democrática de Venezuela.
Como consecuencia, el poder que ejercen magistrados y jueces en los tribunales a lo largo y ancho del país, amparados en la aparente impunidad que protege a los aliados del chavismo, ha derivado en una serie de hechos reñidos con la legalidad, hasta extremos hasta ahora nunca antes vistos.
Antes de que salieran a relucir sus lazos con el narcotraficante Makled, el magistrado Aponte Aponte ya había sido vinculado a otro escándalo que tuvo importantes ramificaciones en Estados Unidos.
A mediados de 2008, una de las asistentes principales del magistrado y en ese momento vicepresidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, la jueza María Elena García Prú, resultó brevemente detenida por agentes federales norteamericanos, cuando visitaba la ciudad de Miami.
García Prú era considerada el brazo derecho de Aponte Aponte. Para entonces, el magistrado, un general retirado del Ejército que escaló importantes posiciones gracias a sus vínculos con el sector militar del chavismo, ocupaba la vicepresidencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, una posición en la que fue nombrado en diciembre del 2004.
Durante un viaje para visitar a su hija, que reside en el sur de la Florida, a principios de junio de 2008, García Prú acudió a una de las sedes del Ocean Bank, una entidad bancaria propiedad de inversionistas venezolano-portugueses, para confirmar una transferencia internacional que se había hecho hacia su cuenta personal en ese banco, por un monto de $4 milllones.
La transacción llamó la atención de los oficiales de cumplimiento de las normativas del banco, que procedieron a notificar el hecho a la oficina de investigaciones financieras del FBI en Miami.
Cuando fue citada nuevamente por el banco bajo la excusa de culminar los supuestos trámites para liberar parte del dinero, García Prú fue abordada en el banco por agentes federales, según conoció ImpactoCNA de una fuente familiarizada con las investigaciones.
La magistrada fue interrogada acerca del origen de la transacción. Cuando no pudo ofrecer una explicación satisfactoria, García Pru ofreció colaborar con las autoridades a cambio de evitar ser detenida y procesada legalmente, y bajo pena de deportación.
“El interrogatorio, que se prolongó durante varios días, fue voluntariamente aceptado por la magistrada, quien aceptó colaborar en una investigación que adelantan las autoridades federales norteamericanas por legitimación de capitales”, indicó la fuente.
Como consecuencia del episodio, García Pru fue expulsada de territorio norteamericano con una prohibición de ingresar por una década. El dinero de la transferencia fue congelado por decisión del FBI.
De acuerdo a insistentes rumores, la transferencia de $4 millones sería parte del pago para la resolución del caso de una de las herederas de un importante emporio editorial venezolano, detenida actualmente en la cárcel de mujeres de Los Teques, acusada de homicidio intencional de la supuesta amante de su esposo.
La heredera había sido liberado por una orden del juez 46 de control de Caracas, Esaúl Olivar, que luego fue suspendida por órdenes del TSJ. El juez también resultó posteriormente suspendido de sus funciones por esta decisión.
A su llegada a Caracas, García Pru dijo que “no tengo nada que declarar”, a un reportero de Miami, el domingo 8 de junio.
Sin embargo, en una conferencia de prensa posterior en la sede de su despacho, la magistrada “aclaró que en ningún momento estuvo detenida y que fue contactada para preguntarle sobre algunos detalles en particular en torno a una boleta de excarcelación “írrita e irregular” de una persona presa en Venezuela”.
“Aseguró que en ese momento no poseía información alguna y que así se los hizo saber, en una entrevista fijada por ella en fecha y lugar”, agregó.
La Juez afirmó que la boleta de excarcelación existió y que sí tiene visos de iregularidad, por lo que no procedió y la persona sigue presa, pero en ningún momento quiso aclarar de quién se trata, ni quiso dar más información señalando que todo eso forma parte de las investigaciones.
También negó haber recibido cantidad alguna de dinero en sus cuentas. Informó que ayer formuló una denuncia ante el Ministerio Público, porque si verdaderamente existe alguna irregularidad en este caso, le corresponde a Venezuela investigar los hechos y a los Estados Unidos y al FBI colaborar.
Aunque no existen pruebas de que el magistrado Aponte Aponte conociera de las transacciones de García Pru, las operaciones atribuidas a la jueza ocurrieron dentro del área de su jurisdicción como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.
Aponte Aponte ha sido señalado en el pasado de controlar una de las más poderosas tribus judiciales del chavismo. Además de magistrado de la Sala de Casación Penal del TSJ, que controla todos los casos penales del país, Aponte Aponte es presidente de los dos circuitos penales más importantes de Venezuela: los del área metropolitana de Caracas y el del estado Zulia.
El magistrado también ha sido denunciado por haber designado como jueces superiores a abogados que trabajaban previamente como secretarios de juzgados
De acuerdo a denuncias que circulan en el Circuito Judical Penal de Caracas, a García Pru se le atribuye la destitución de la jueza Carmen Arocha que falleció dos días después “debido a la angustia de saber que perdía su jubilación despues dd 34 años de trabajo”
