Por Victorino Márquez “La libertad no tendrá nada que temer de la Judicatura sola pero tendrá todo que temer de la unión de la Judicatura con cualquiera de los otros Poderes”. Con esta clarividente frase del padre fundador Hamilton, Antonio Canova nos presenta su nuevo libro La realidad del contencioso administrativo venezolano, un llamado de atención frente [...]
Por Prodavinci | 15 de Mayo, 2009
Por Victorino Márquez
“La libertad no tendrá nada que temer de la Judicatura sola pero tendrá todo que temer de la unión de la Judicatura con cualquiera de los otros Poderes”.
Con esta clarividente frase del padre fundador Hamilton, Antonio Canova nos presenta su nuevo libro La realidad del contencioso administrativo venezolano, un llamado de atención frente a las desoladoras estadísticas de la Sala Político Administrativa, Funeda, 2009, un estudio bien contado y sustentado sobre la falta de independencia de la justicia administrativa en Venezuela.
Hasta ahora, los estudios de la independencia judicial en Venezuela se han basado en las percepeciones de los operadores del sistema de justicia, recogidas a través de encuestas y en análisis institucionales y normativos. El libro de Canova tiene el mérito de haberse “peinado” todas las decisiones de la Sala Político Administrativa del 2007 y primer semestre del 2008 para determinar cuántas de esas sentencias favorecen al Estado y cuántas a los ciudadanos. El libro es “pura data dura” y no una opinión o percepción más sobre el tema, que se la traga el río crecido de la polarización política.
Para un abogado administrativista, la tarea de compilar estadísticas judiciales resulta menos glamorosa que escribir un tratado sobre la autotutela administrativa, pero es sin duda más útil y pertinente en la Venezuela actual. ¿De que sirve tener la razón contra la Administración si no hay un Tribunal que te la pueda dar?.
Entre los gráficos que acompañan y hacen amigable su lectura nos quedamos con los siguientes:
Es decir que en el 2007 y durante el primer semestre de 2008, el Estado vence a los particulares en el 99% de los casos.
En 1989, último año en que la extinta Corte Suprema de Justicia publicó sus sentencias la Gaceta Forense, -vino luego una especie de era oscura que duró hasta la aparición de las sentencias en la web en 1998- estas eran las estadísticas de los recursos de anulación contra actos del Estado:
Como se ve, los particulares vencían al Estado entre 50 y 57% de los casos, una proporción mucho más equilibrada y explicable.
Partiendo de estas desoladoras estadísticas, Canova nos brinda un profundo y a la vez entretenido análisis sobre los factores que explican, más allá del circunstancial control del Poder Judicial por el Ejecutivo, la tendencia de los Tribunales Administrativos venezolanos de complacer al Estado con sus decisiones. En momentos de tanto cinismo en la vida nacional, cabe esperar que algún vocero de la judicatura esgrima como explicación que el Estado gana porque funciona bien o porque está mejor representado legalmente que los particulares. Canova se adelanta y desarticula ambos pretextos.
Finalmente, el libro se dedica a repasar algo que en un momento fue obvio y que luego se nos perdió en el camino: sin Tribunales Administrativos independientes el Estado no tiene límites, y por tanto los ciudadanos no tienen derechos. Sin justicia independiente, no hay incentivos para que la Administración Pública funcione mejor. Sin justicia independiente, no hay seguridad jurídica y sin esta a su vez no hay inversión ni creación de riqueza.
Y concluye con un llamado de atención -ensordecedor- a todos los abogados que se ocupan del Derecho Administrativo en Venezuela: no es posible seguir fingiendo….
