Enjuiciamiento a sindicalistas marcó el 2010

Miércoles, 15 de Diciembre de 2010 07:24 |  |  | 

Y actúa

n, además, a la sombra de la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, así como de la Constitución Nacional, y a los tratados internacionales suscritos por la República que rigen la materia. El Estado, dentro de este modelo socialista, auspicia que los dirigentes sindicales y los trabajadores sean tratados y juzgados como delincuentes comunes, por tribunales penales. Así tenemos, por ejemplo,  casos emblemáticos  como son los procesos contra los trabajadores de Transporte Camila (14 en total), que incluye  a tres líderes del sindicato Sutiss (Leonel Grisett, miembro de la Comisión Paritaria de Sutiss; Juan Valor, secretario de Prensa y Propaganda; y Jhoel Hernández, secretario de Cultura y Deporte),  quienes están siendo procesados penalmente por una protesta realizada en 2006; por otro lado,  los 56 trabajadores siderúrgicos que fueron detenidos el 14 de marzo de 2008, durante las manifestaciones en demanda de una contratación colectiva justa en Sidor, que aún siguen siendo juzgados, tras ser exculpados en primera instancia. La Fiscalía del Ministerio Público (organismo con claros nexos políticos con el gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías), apeló la sentencia.

Triste historia

Debemos recordar, así mismo, la brutal represión de la Policía del estado Bolívar y la Guardia Nacional en contra de estos trabajadores.  Los sidoristas fueron víctimas, además, de saqueos  y destrozos en sus vehículos. Sobre estos dos casos se manifestó claramente el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, organismo que expresó su preocupación por estos hechos. También, está el grupo de 11 “tercerizados” (trabajadores de contratistas de la empresa siderúrgica), quienes fueron a demandar en Caracas, en diciembre de 2008, que el entonces Ministro de Industrias Básicas y Minería (Mibam), Rodolfo Sanz, cumpliera su palabra, pagara las bonificaciones ofrecidas y que, luego de ser detenidos, se encuentran en régimen de presentación ante un tribunal capitalino. Estos tuvieron a Caracas  como ciudad cárcel hasta que fueron exculpados muchos meses después, luego de  sufrir régimen de presentación.  Son 81 los guayaneses que están siendo procesados,  en los actuales momentos, como si fueran delincuentes comunes, sólo por ejercer su derecho a la protesta. Como antecedente, está el caso  de los trabajadores de Sanitarios Maracay, quienes también se encuentran sometidos a un proceso judicial y régimen de presentación, por su participación en una protesta.

Otros estados

Está el caso de los dirigentes sindicales del sector petrolero en el estado Barinas (de la llamada “Nueva Pdvsa”),  José Rondón y Jesús Rojas, obreros petroleros activos  y representantes del sector Guamito, quienes han tenido  que presentarse en los tribunales en esta entidad, tras haber sido acusados de desestabilizadores y subversivos, a propósito de la protesta que mantuvo paralizados tres taladros de la región. En último año  se han reportado casos de situaciones similares en los estados Carabobo, Aragua, Miranda y Táchira, con trabajadores sometidos a regímenes de presentación. En el estado Yaracuy,  se han contabilizado 103 casos de campesinos que, tras haber participado en  manifestaciones públicas, han sido pasados a tribunales. Ni hablar de los estudiantes, que es harina de otro costal pero reflejo de la misma problemática. Hace poco, protestas estudiantiles en Caracas, Maracay y Mérida culminaron con detenciones y juicios. También estáel caso de vecinos de comunidades ubicadas en la vía a El Paó, en nuestra entidad, quienes salieron a quemar cauchos porque tenían tres días sin energía eléctrica y sin agua. El resultado fue una brutal represión policial y los dirigentes vecinales se encuentran enjuiciados y en régimen de presentación en tribunales penales.  Finalmente, están los dirigentes Rubén González, Secretario General de Sintraferrominera; Ronald González, Carloy Quijada y otros tres trabajadores adscritos a Sutra-CVG. Todos ellos están siendo juzgados por tribunales penales como si fueran vulgares delincuentes. Eso ocurre mientras, en contraposición, el hampa común actúa a sus anchas. A ellos ni con el pétalo de una flor. Esa dureza contra el movimiento sindical autónomo y la lenidad que existe hacia la feroz delincuencia que castiga al ciudadano productivo, de bien y con familia, es lo que exaspera los ánimos y muestra que el “proceso” se va descosiendo desde dentro. La descomposición existente lo carcome  (CNP 4.923)

¿Un nuevo caso?

Mañana  se realiza la audiencia de conciliación del Secretario General de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Caroní (ASTM-Caroní), Luis Bethermi. El líder laboral fue acusado penalmente por difamación agravada, luego de que actuara en defensa de 17 funcionarios de carera despedidos injustificadamente por la Contralora Municipal de esta jurisdicción, Keila Véliz. “Ella, que desacató todo el marco jurídico vigente y pretende pasar coleto con las leyes venezolanas, ahora emprende acciones en mi contra, por el simple hecho de cumplir mis obligaciones de defenderlos contra sus actuaciones desmedidas, injustas y desproporcionadas”. Dijo que esa conducta no frenará las actuaciones en defensa de los trabajadores  afectados