Valencia, octubre 7 (Daniela Chirinos).- La legisladora Neidy Rosal, miembro de la Comisión de Contraloría del parlamento carabobeño denunció que "tenemos información cierta y verificable que detrás de la defensa de uno de los imputados por el caso Pdval, está un Magistrado Suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)".
La diputada por Proyecto Venezuela (Prove) y miembro de la parte acusadora de este caso, se reservó la identidad del referido Magistrado Suplente. No obstante, dejó ver que presuntamente se trataría de la defensa del ex presidente de Pdval, Luis Pulido, quien se encuentra detenido en la sede regional del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Estas nuevas declaraciones de Rosal se suman a las aparentes irregularidades que a su juicio bordean este caso, de las que resaltó la radicación del caso en el Distrito Capital. "Esto nos llama poderosamente la atención porque al llevar este caso a Caracas, lo ponen bajo el control del TSJ, teniendo control sobre la decisión que tomen los juez", expresó.
Acá ha pasado de todo –dijo- han cambiado la defensa en varias oportunidades, así como el juez que lleva la causa y a uno de los fiscales (Armando Galindo), quien más actuó apegado a derecho y mandó a incinerar la comida descompuesta, lo enviaron de vacaciones (…) Luego vemos como de manera sorpresiva y casi a escondidas deciden llevarse el caso a Caracas y ponerlo en manos del control del TSJ.
Rosal enfatizó que las imputaciones a los tres detenidos se refieren a las 32 mil toneladas de alimentos dañados que fueron encontrados en Puerto Cabello, pero las 6 actuaciones que realizó junto a la legisladora Aura Montero ante la Fiscalía, incluyen las pruebas de 130 mil toneladas de comida descompuesta hallada en Lara, Carabobo y Cojedes, en la que el Ejecutivo Nacional invirtió $ 2 millones 200 mil y sólo distribuyó el 14%, según reseña el informe de auditoría de Pdvsa.
Además, señaló que "estamos en presencia del silencio administrativo de un ente público sobre otro", refiriéndose a las actuaciones del Ministerio Público sobre las denuncias hechas por su persona junto a Montero, en calidad de legisladoras, por lo que reiteró que elevarán a la Fiscalía General de la República, las pruebas consignadas ante la Fiscalía anticorrupción de Carabobo.
"Pretenden tapar mafias enquistadas"
Para la legisladora, la radicación del caso fuera de Carabobo es "un nuevo giro" del Gobierno Nacional para "tapar las mafias enquistadas" al rededor de esta red de alimentos. "Sabemos de las maniobras que están haciendo para tratar de tapar lo que está detrás de todo esto y quitarle responsabilidades al menos 5 ministerios", expresó.
"Éste es un caso cuyo juicio no ha empezado y se encuentra en la fase preliminar, es decir que todo interrogatorio a los detenidos y la recaudación de las pruebas, están considerados como sumario, en consecuencia, la población y la parte acusadora, no tenemos acceso al expediente", alertó.
FUENTE: NOTITARDE
