En Venezuela, luego del derrocamiento el 23 de enero de 1.958 de la férrea dictadura militar impuesta por el General Marcos Pérez Jiménez; los partidos políticos AD, COPEI y URD, establecieron un acuerdo de gobernabilidad, que el pueblo conoció como “Pacto de Punto Fijo” que desde la caída de la Dictadura de Pérez Jiménez, y hasta 1.998, les permitió a los llamados partidos políticos “tradicionales” desarrollar y consolidar un sistema de gobierno basado en las relaciones de producción capitalistas, con un matiz supuestamente democrático.
En el “Pacto de Punto Fijo” no participaron los partidos políticos de izquierda como el PCV; y ese acuerdo generó a lo interno de los partidos AD, COPEI y URD, divisiones que permitieron el nacimiento de partidos como el MIR, MEP, RUPTURA, PRV y otros partidos minoritarios. Además, el “Pacto de Punto Fijo” devino en un “bipartidismo”, que consistió en la alternancia del poder y gobierno, entre los partidos AD y COPEI, por cuarenta años a Venezuela.
Durante el tiempo que duró el “bipartidismo”, hubo el surgimiento de movimientos guerrilleros revolucionarios, que bajo la consigna de la “Liberación Nacional” y con el uso de las armas combatieron sin mucho éxito, a los gobiernos “adecos y copeyanos”, hasta que se abrió en Venezuela, lo que se llamó el “proceso de pacificación” de los grupos insurgentes, a mediados de la década de los años setenta.
En forma paralela, al desenvolvimiento político del país, el Movimiento Sindical Venezolano, que en la lucha contra la Dictadura Militar, había tenido una importante participación, organizando conflictos laborales y huelgas; también logró durante las cuatro décadas de vigencia del “Pacto de Punto Fijo” consolidar posiciones y presencia en la vida nacional, con la conducción de la CTV, con mayoría del partido AD, pero con respeto a los otros partidos, pues la línea maestra del “Pacto de Punto Fijo”, se siguió y reprodujo a lo interno del Comité Ejecutivo de la CTV, para su conformación de autoridades.
La CTV, en la práctica llegó a controlar todo el Movimiento Sindical Venezolano, con excepción de algunos sindicatos de tendencia izquierdista, que mantuvieron posiciones de defensa de los derechos de los trabajadores, no obstante la represión ejercida hacia ellos y sus afiliados, por parte de los “Aparatos” que todo Estado tiene a esos fines.
A la CTV se le atribuye, el haber impulsado la burocratización de la dirigencia sindical en todos sus niveles, y el abandono de los principios éticos en la conducción del Movimiento Sindical Venezolano, con las excepciones del caso, por supuesto.
Sin embargo, algunos sindicatos de izquierda, lograron ante un régimen de gobierno tan adverso, negociar, discutir y firmar convenciones colectivas a favor de los trabajadores afiliados a esas organizaciones sindicales; y lograron que la “Libertad Sindical” como derecho Humano Fundamental, se respetara, sino en su integridad, por lo menos sí, en sus aspectos formales y jurídicos.
Venezuela, ha suscrito y ratificado la mayor parte de los Convenios Internacionales relativos al trabajo, en especial los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tratan sobre el Derecho Humano a la “Libertad Sindical y Negociación Colectiva”.
En 1.998, el Pueblo Venezolano, fue a las urnas electorales, con el firme objetivo de acabar con el “bipartidismo” gobernante y ponerle coto a la corrupción administrativa generalizada imperante y patrocinada por el “Pacto de Punto Fijo”; resultando electo un movimiento político insurgente, de tinte “Bolivariano”, “Nacionalista” y “Militarista”, que mediante una coalición de partidos de izquierda, encabezado por el Movimiento Quinta República (MVR), logró obtener un triunfo indiscutible en las elecciones nacionales.
La victoria del MVR (hoy, en día transformado en Partido Socialista Unido de Venezuela – PSUV-), y la instauración de un gobierno, que como premisa fundamental tiene el cuestionamiento de todo lo hecho, o por lo menos de gran parte de lo realizado en los cuarenta años de permanencia del “Pacto de Punto Fijo”, generó una línea de “destrucción de la cúpula podrida de la CTV”, por considerarse cómplice de todas las corruptelas dadas durante la vigencia del “bipartidismo adeco- copeyano”.
Es así, como luego, de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, en 1.999; que elaboró y aprobó una nueva Constitución Nacional, que propugna un cambio de paradigmas en lo político, social, sindical y económico; ésta Constitución, llamada “Bolivariana” fue aprobada mediante referéndum el 15 de diciembre de 1.999, por el Pueblo Venezolano, que esperanzado por el arribo de un nuevo gobierno en Venezuela, que combatiera el 80% de pobreza extrema , el desempleo, el analfabetismo y la corrupción administrativa, la votó favorablemente.
El Movimiento Sindical Venezolano, sin distinción también fue “cuestionado”, y por ello el nuevo gobierno, convocó de manera inédita al Pueblo Venezolano, para que acudiera a un “referéndum sindical” que fue realizado el 3 de diciembre del año 2.000, mismo que fue aprobado con muy escasa participación electoral de los ciudadanos.
Aprobado el “referéndum sindical”, todas la centrales, confederaciones, federaciones y sindicatos, debieron someterse a un proceso de relegitimación de sus autoridades sindicales internas; en un proceso que fue denunciado en su oportunidad como violatorio de la “Libertad Sindical” de las Organizaciones Sindicales en las escogencia de sus autoridades internas; en vista que esas elecciones fueron controladas, supervisadas y monitoreadas por un Organismo del Poder Público, como lo es el Consejo Nacional Electoral (CNE) adscrito al novísimo Poder Electoral contemplado en la nueva Constitución Nacional.
Cumplidas las formalidades para realización de las elecciones internas de todas la centrales, confederaciones, federaciones y sindicatos, bajo el control y aplicación de las “Normas para la Renovación y Relegitimación de las Autoridades Sindicales” dictadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el año 2.001, la Plancha presentada por el gobierno, en las elecciones de la CTV, no logró cargo alguno en su Comité Ejecutivo, y ante la derrota, el proceso electoral fue impugnado por los perdedores denunciándose fraude electoral.
Sin embargo, el Partido AD, sigue manteniendo el control cupular de la CTV, en acuerdo con partidos minoritarios de derecha y de centro-izquierda. La CTV, hoy en día, ha perdido su poder político y se encuentra en su base y cuadros medios, desarticulada, producto de la deserción de cuadros sindicales y el paralelismo sindical que de manera sistemática impulsa y patrocina sectores del gobierno nacional.
Mientras tanto, el gobierno nacional, desplegó un ejercicio de creación de una central sindical, llamada “Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNT)”, que respondiera directamente a sus lineamientos políticos y que desplazara en lo nacional e internacional, la influencia de la CTV; misión que le ha resultado imposible, por varias razones: en primer lugar por las diferentes tendencias o corrientes existentes en el seno del Movimiento Sindical pro Gobierno-Patrono u oficialista, que han convertido a la UNT, en no menos que, como se dice popularmente, un “saco de gatos”, se sabe de, al menos seis tendencias sindicales irreconciliables dentro de la propia UNT, cada una busca el desplazamiento de la otra, pero con muy escaso o nulo apoyo de los trabajadores.
Recientemente, la corriente de la UNT, llamada “burócrata”, llamada así, dado que sus adeptos parecieran que se encuentran en una permanente “caza de cargos públicos”, vienen experimentando la constitución de una nueva estructura confederal de denominada Central Socialista de Trabajadores (CST), que buscaría el reconocimiento único y absoluto del actual gobierno nacional y la implementación de un modelo sindical al estilo del contemplado en el Código de Trabajo de la República de Cuba; y con ello desplazaría de una vez por todas con todas la demás tendencias sindicales pro chavistas; y se convertiría en la punta de lanza, el control de las protestas, huelgas y conflictos de trabajo, sobre todo en el sector público en Venezuela.
Por otra parte, la organización de los trabajadores en sindicatos, pareciera realizarse a conveniencia, si se trata del sector privado, el Ministerio del Trabajo, facilita la creación de sindicatos paralelos a los existentes (con respaldo o no de trabajadores), condicionados al apoyo del proyecto político que propugna el gobierno nacional, sobre todo sí se trata de empresas privadas, cuyos propietarios o dueños forman parte de la Oposición Política Venezolana.
Sí, es el sector público, el Ministerio del Trabajo, sólo registra y apoya a los sindicatos que demuestren estar con el “proceso revolucionario”; mientras que a las Organizaciones Sindicales de carácter plural o democrático, se les restringe sus derechos sindicales, al extremo que sus autoridades, no obstante estar debidamente legitimadas, no son atendidas personalmente por autoridades del Ministerio del Trabajo, en el tratamiento de asuntos laborales y sindicales, delegándose tan importante atención en personal subalterno incapaz de tomar la decisiones que resuelvan los asuntos planteados.
Algunos sectores sindicales, atribuyen la violación que según comete el Ministerio del Trabajo de Venezuela, a la “Libertad Sindical” en perjuicio de las Organizaciones Sindicales no oficialistas u oficialistas (de tendencia distinta a la del propio Ministerio), al hecho que en la actualidad el Ministerio del Trabajo, se encuentra dirigido por un equipo compuesto en su totalidad por miembros de una de las corrientes o fuerzas sindicales oficialistas que hacen vida, puertas adentro de la UNT; que buscaría la consolidación de una sola línea de pensamiento ideológico y sindical, por encima y con desplazamiento de las otras tendencias, y por supuesto, sin tomar en consideración a los sindicatos plurales y democráticos.
Ante éste diagnóstico, la escasa “Libertad Sindical” lograda por los sindicatos progresistas en combate y lucha frontal contra el “bipartidismo adeco- copeyano”, durante los cuarenta años que precedieron a la década que lleva el actual gobierno nacional, corre el riesgo de desaparecer o de quedar como simple “enunciado” en la Constitución Nacional, Leyes y Tratados o Convenios Internacionales sobre el Trabajo; puesto que sí desde el propio Ministerio delegado por el Estado Venezolano, para que vigile y garantice el cabal cumplimiento del Derecho Humano a la “Libertad Sindical”, se discrimina entre “sindicatos revolucionarios y bolivarianos” y sindicatos no oficialistas; entre “sindicalistas revolucionarios” y “sindicalistas no oficialistas”, se tienta y se resucita un método sistemático de discriminación como el “apartheid” que tanto sufrimiento y dañó causó en el continente africano, que guardando las distancias, en Venezuela, no sería por segregación racial, sino por “segregación sindical”.
¡VIVA LA LIBERTAD SINDICAL !!!
¡NO AL APARTHEID SINDICAL EN VENEZUELA!!!
* Presidente Nacional del SUONTRAJ, Secretario Ejecutivo de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial (CLTPJ) y Coordinado de la Red Andina de Judiciales de la ISP:
