COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL

COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL
COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL DEL SUONTRAJ

8 oct 2010

Magistrado del TSJ defiende a un imputado del caso Pdval

Valencia, octubre 7 (Daniela Chirinos).- La legisladora Neidy Rosal, miembro de la Comisión de Contraloría del parlamento carabobeño denunció que "tenemos información cierta y verificable que detrás de la defensa de uno de los imputados por el caso Pdval, está un Magistrado Suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)".
La diputada por Proyecto Venezuela (Prove) y miembro de la parte acusadora de este caso, se reservó la identidad del referido Magistrado Suplente. No obstante, dejó ver que presuntamente se trataría de la defensa del ex presidente de Pdval, Luis Pulido, quien se encuentra detenido en la sede regional del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Estas nuevas declaraciones de Rosal se suman a las aparentes irregularidades que a su juicio bordean este caso, de las que resaltó la radicación del caso en el Distrito Capital. "Esto nos llama poderosamente la atención porque al llevar este caso a Caracas, lo ponen bajo el control del TSJ, teniendo control sobre la decisión que tomen los juez", expresó.
Acá ha pasado de todo –dijo- han cambiado la defensa en varias oportunidades, así como el juez que lleva la causa y a uno de los fiscales (Armando Galindo), quien más actuó apegado a derecho y mandó a incinerar la comida descompuesta, lo enviaron de vacaciones (…) Luego vemos como de manera sorpresiva y casi a escondidas deciden llevarse el caso a Caracas y ponerlo en manos del control del TSJ.
Rosal enfatizó que las imputaciones a los tres detenidos se refieren a las 32 mil toneladas de alimentos dañados que fueron encontrados en Puerto Cabello, pero las 6 actuaciones que realizó junto a la legisladora Aura Montero ante la Fiscalía, incluyen las pruebas de 130 mil toneladas de comida descompuesta hallada en Lara, Carabobo y Cojedes, en la que el Ejecutivo Nacional invirtió $ 2 millones 200 mil y sólo distribuyó el 14%, según reseña el informe de auditoría de Pdvsa.
Además, señaló que "estamos en presencia del silencio administrativo de un ente público sobre otro", refiriéndose a las actuaciones del Ministerio Público sobre las denuncias hechas por su persona junto a Montero, en calidad de legisladoras, por lo que reiteró que elevarán a la Fiscalía General de la República, las pruebas consignadas ante la Fiscalía anticorrupción de Carabobo.
"Pretenden tapar mafias enquistadas"
Para la legisladora, la radicación del caso fuera de Carabobo es "un nuevo giro" del Gobierno Nacional para "tapar las mafias enquistadas" al rededor de esta red de alimentos. "Sabemos de las maniobras que están haciendo para tratar de tapar lo que está detrás de todo esto y quitarle responsabilidades al menos 5 ministerios", expresó.
"Éste es un caso cuyo juicio no ha empezado y se encuentra en la fase preliminar, es decir que todo interrogatorio a los detenidos y la recaudación de las pruebas, están considerados como sumario, en consecuencia, la población y la parte acusadora, no tenemos acceso al expediente", alertó.

FUENTE: NOTITARDE

PRESIDENTA DEL TSJ DESCONOCE INICIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CASO ETA EN VENEZUELA.



La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, informó que hasta ahora no conoce sobre la investigación que inciaría hoy el Gobierno Nacional por acusaciones de presuntos  entrenamientos de etarras en Venezuela.
También se refirió al caso de los diputados Biagio Pilieri y José Sánchez "Mazuco" y aseguró que  ingresaron 3 solicitudes de estos casos, las cuales se van a discutir el próximo miércoles en la Sala Plena con la designación de los ponentes.
Sostuvo que no puede adelantar posiciones sobre estos casos ya que ella preside la Sala Plena donde fueron remitidos los casos de los diputados electos.
Este viernes Morales participó en el foro "El Estado venezolano, un sólo poder" en Yaracuy. Durante su ponencia el Teatro Andrés Bello quedó sin electricidad por lo que decidió continuar a oscuras durante 25 minutos hasta que se restableció el servicio.
Más temprano familiares del diputado electo Biaggio Pilieri protestaron para exigir su liberación definitiva.
Amigos y familiares mostraban pancartas a favor de la libertad de Pilieri, mientras un piquete de la Policía de Yaracuy intentó dispersarlos. Toda la zona está custodiada por efectivos de la Guardia Nacional y policía regional.
FUENTE: GLOBOVISION
FOTO: ARCHIVO

Requisitos para optar a candidatos (as) elegibles a Magistrados (as) del TSJ

La recepción de documentos será del 11 al 18 de octubre de 2010 en Asamblea Nacional: Biblioteca “Luis Beltrán Prieto Figueroa” del Palácio Federal Legislativo. Av. Universidad. Esquina Monjas a San Francisco, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.


De conformidad con lo previsto en los artículos 45, 46 y 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el Comité de Postulaciones Judiciales  haciendo uso de las atribuciones conferida por los artículos 264 y 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 64 y 67 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela

Requisitos Art. 263 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

  1. Ser venezolano o venezolana por nacimiento y no poseer otra nacionalidad.
  2. Ser ciudadano o ciudadana de reconocida honorabilidad.
  3. Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía por un mínimo de quince años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en ciencias jurídicas por un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor o profesora titular; o ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años  en el ejercicio de la carrera judicial , y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones.

Deberán consignar ante este Comité, a partir de la fecha que indica la presente publicación, los documentos que se especifican a continuación en una carpeta de fibra marrón, tamaño oficio, con gancho, debidamente foliada y firmada en cada una de sus páginas en el orden siguiente:

1.      Carta de postulación por iniciativa propia expedida por una organización vinculada con la actividad jurídica (anexar carta de aceptación de la postulación). En ambos casos debe especificar la (s) sala (s) cual (es) se postula.
2.      Fotocopia ampliada de la Cédula de Identidad en hoja tamaño carta (sin recortar).
3.      Carta de buena conducta expedida por la Junta Parroquial o Consejo Comunal del domicilio del candidato o la candidata.
4.      Copia fondo negro del título universitario de Abogado o Abogada  y copia fondo negro del título universitario de Especialización, Maestría o Doctorado en el área del Derecho. Si el título fue expedido por una universidad extranjera y en idioma distinto al español, deberá estar legalizado y traducido.
5.      Carta Deontológica expedida por el Colegio de Abogados al cual esté afiliado (optativa).
6.      Fotocopia ampliada del carnet de afiliación del Colegio de Abogados (optativa) y del Instituto de Previsión Social del Abogado, en hoja tamaño carta (sin recortar).
7.      Examen de salud mental, certificado por un Psicólogo o Psicóloga o Médico o Médica Psiquiatrica.
8.      Fe de Juramento en la que conste que el aspirante o la aspirante renunció o que no ejerce cualquier militancia político-partidista, debidamente autenticada ante un Notario Público o Notaria Pública.
9.      Fe de Juramento en la que conste que el aspirante o la aspirante no es cónyuge ni mantiene unión estable de hecho ni vínculo de consaguinidad ni afinidad con los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo de la República, los Ministros o Ministras del Ejecutivo Nacional, la Fiscal General dela Repúblicala Defensora del Pueblo, la Defensora Pública General, los Rectores y Rectoral del Consejo Nacional Electoral, el Contralor General de la República y la Procuradora Generalde la República, debidamente autenticado ante el Notario Público o Notaria Pública.
10.  Fe de Juramento en la que conste que el aspirante o la aspirante no posee otra nacionalidad, debidamente autenticada ante un Notario Público o Notaria Pública.
11.  En caso de ser profesor universitario o profesora universitaria deberá presentar la constancia expedida por la Institución correspondiente, en la que se indique el escalafón o categoría docente y el tiempo de servicio del a misma.
12.  En caso de ser Juez o Jueza Superior, deberá consignar Antecedentes de Servicios, en el cual indique el tiempo en el ejercicio del cargo.
13.  Presentar restropectivamente síntesis curricular actualizada, en hoja tamaño carta, acompañada de dos (2) fotos tipo carnet (vigentes), que contemple: a.- Datos personales: Apellidos y nombres, cédula de identidad, fecha de nacimiento, edad, estado civil, ocupación actual, dirección de habitación y trabajo; teléfonos y correo electrónico. b.- Formación Académica, con sus respectivos soportes.  c.- Actividad docente, de investigación, producción académica y otras publicaciones. d.- Experiencia laboral y/o profesional con sus respectivos soportes. e.- Trabajo Social y Comunitario con sus respectivos soportes.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

LUGAR: Asamblea Nacional: Biblioteca “Luis Beltrán Prieto Figueroa” del Palácio Federal Legislativo. Av. Universidad. Esquina Monjas a San Francisco. Caracas-Venezuela.

FECHA: Desde el día lunes 11 de octubre de 2010 hasta el día 18 de octubre de 2010.

HORARIO: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.



Dip.Saúl Ortega                                                         Lic. Emir Giménez Angarita
Presidente                                                                  Vicepresidenta


Abg. María de las Nieves Rodríguez R.
Secretaria





 FUENTE: ANTV


Viernes, 08 de Octubre de 2010
34820-198 

7 oct 2010

Corte Constitucional colombiana otorga derechos laborales a prostitutas

La Corte Constitucional colombiana amparó los derechos de las trabajadoras sexuales, después de revisar el caso de una mujer que fue despedida del establecimiento en el que prestaba sus servicios sexuales por haber quedado en embarazo.

El alto Tribunal amparó los derechos al trabajo, a la igualdad, a la seguridad, al fuero materno y al mínimo vital de la demandante. Ahora, el establecimiento en el que trabajaba deberá indemnizarla y pagarle las 12 semanas de salario por la licencia de maternidad, pues la Corte consideró que aunque no había un contrato formal, sí había un contrato laboral que se rompió abruptamente, según reporta la revista colombiana Semana en su edición digital.

El fallo establece que en los casos en los que la prostitución es ejercida voluntariamente, la trabajadora sexual cumple un horario, depende de esa actividad, está subordinada a un jefe y recibe una remuneración periódica, hay un contrato de trabajo.

Además, reconoció que la prostitución no es un trabajo ilícito. ¿La razón? La prostitución es una actividad económica, que se rige por el derecho comercial, tributario, y ahora, en este caso, laboral.

En la sustentación de este argumento, la Corte Constitucional adujo que "ni la moral ni las buenas costumbres" eran razones para justificar la discriminación. El argumento fue el producto del análisis de los derechos laborales consagrados en la Constitución y en la legislación.

Según la Corte, es "deber de considerar al trabajador o trabajadora sexual como sujeto de especial protección, por ser la parte débil del contrato y sobre todo por las condiciones propias del trabajo y la discriminación histórica y actual de la que suele ser víctima por la actividad que ejerce".

Agrega: "esta situación merecerá, como ocurriría con cualquier otro sujeto en condiciones similares, la más decidida protección por parte del Derecho para que sean cubiertas todas las obligaciones no pagadas por el empleador durante el tiempo en que hubiese tenido lugar la relación de trabajo".

La acción judicial llegó a la Corte, después de haber pasado por un juzgado y un tribunal, en primera y segunda instancia. Los dos despachos habían negado la protección de los derechos demandados.

En primera instancia el juez reconoció que efectivamente la protección de derechos fundamentales estaba en juego, pues la demandante estaba en embarazo y pertenece a un grupo social discriminado. Sin embargo, negó la solicitud porque "el contrato que tenga como objeto de prestación actividades sexuales se encuentra afectado por un objeto ilícito toda vez que dicho ejercicio es contrario a las buenas costumbres, razón que impide su protección por parte de este Despacho".

En la segunda instancia el juez confirmó los argumentos del primer juez. Argumentó que el tipo de contrato no permite establecer la retribución para la trabajadora sexual, pues se basa en porcentajes por los servicios.

Los efectos jurídicos

El fallo seguramente facilitará el trabajo de las asociaciones de las trabajadoras sexuales que reivindican sus derechos, así como la creación de sindicatos, cooperativas y cualquier figura relacionada con los derechos laborales.

La Corte también instó a las autoridades a proteger "de manera efectiva, los derechos de las personas que ejercen la prostitución, tanto en lo que tiene que ver con sus derechos individuales, a la salud y a la rehabilitación, como respecto de sus derechos a un trato igualitario frente al trabajo".

Fuente: ÚN (Útimas Noticias)

SOLIDARIOS con el Cro. Rúben González, Secretario General de SINTRAFERROMINERA, preso injustamente por defender derechos laborales.

5 oct 2010

Servicios públicos de calidad: clave para las soluciones económicas sostenibles

Histórica conferencia internacional reúne a los trabajadores del sector público y privado, a líderes políticos y de la sociedad civil
Servicios públicos de calidad – ¡Pasemos a la acción! 12-14 de octubre, Ginebra, Suiza

El sector financiero y sus promotores están desviando la responsabilidad de las crisis financiera y económica mundiales y hacen de los trabajadores y trabajadoras del sector público la principal víctima propiciatoria en todos los países del mundo. Sin embargo, los sindicatos así como los líderes políticos y de la sociedad civil se unen para luchar contra el lobby financiero y avanzan rápidamente hacia soluciones económicamente sostenibles que cimientan sociedades pacíficas y justas.
Las respuestas a la crisis económica mundial pueden incluir elementos tan sencillos como brindar una educación pública de calidad para la primera infancia. Se dará prueba de ello, además de otras respuestas innovadoras a los actuales retos sociales, en la histórica conferencia Servicios Públicos de Calidad - ¡Pasemos a la Acción! del 12 al 14 de octubre en Ginebra, Suiza.
Los 400 participantes en la conferencia internacional contribuirán a una Carta y un plan de acción destinados a una nueva campaña del Consejo de Sindicatos Mundiales, la cual promueve la inversión en servicios públicos de calidad como la mejor manera de proteger y crear puestos de trabajo para la recuperación económica, luchar contra la pobreza y la inequidad y desarrollar sociedades ecológicamente sostenibles, seguras y democráticas.
Entre los numerosos invitados de prestigio se cuentan también Kumi Naidoo, Director de Greenpeace Internacional y co-presidente del Llamamiento Mundial a la Acción contra la Pobreza, pronunciará el discurso principal. Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional, Phaedra Ellis-Lamkins, Directora Ejecutiva de Green For All (EE.UU.) y Richard Samans, Director Gerente del Foro Económico Mundial.
Stephanie Smith, miembro ejecutivo del Child Care Sector Council of Canada, explicará cómo la inversión hecha por la provincia de Quebec para proporcionar el acceso universal a una atención pública de calidad para la infancia ha reducido las tasas de pobreza a casi la mitad, ha aumentado al nivel más alto del país el número de mujeres que trabajan y ha sido recuperada inmediatamente en gran parte a través del mayor ingreso de impuestos recolectados de los padres que trabajan.
El modelo actual de globalización se basa con toda claridad en un sistema insostenible que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias. Las mujeres y los jóvenes son los más particularmente afectados cuando se sacrifican las subvenciones a los empleos públicos, la educación, la salud y las pensiones en aras de los intereses de los bancos.
Los oradores también abordarán la necesidad de reforzar las regulaciones financieras y las políticas de tributación progresiva, incluida una tasa sobre las transacciones financieras internacionales, vinculadas a los procesos decisorios en materia de rendición de cuentas de la financiación pública.
Suma Shivarama de la Karnataka State Government Employees' Association (India) comentará en detalle cómo las leyes de equidad de género, que ordenan la inclusión de representantes de las mujeres en los consejos de aldea en algunos estados de la India, se ha traducido en un aumento del gasto público en salud, educación y suministro de agua limpia.
Anne Le Strat, teniente de alcalde de París (Francia), hablará de cómo su ciudad decidió recuperar los servicios de agua privatizados y devolverlos a la administración pública este año, para ahorrar hasta un 30% de su costo.
La conferencia Servicios Públicos de Calidad - ¡Pasemos a la acción! es auspiciada por el Consejo de los Sindicatos Mundiales, que representa a más de 176 millones de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo.
Para consultar el programa completo y la lista de oradores, visitewww.QPSconference.org

Fuente: Internacional de Servicios Públicos (ISP)

4 oct 2010

JUDICIAL | En dos meses deberá ejecutarse el pago TSJ cancelará Bs. 52 mil a ex jueza por salarios caídos

 Sala Político Administrativa adoptó la decisión luego de verificar que la funcionaria, quien fue suspendida por una instancia que no tenía competencia para ello, no había recibido los ingresos correspondientes al período que estuvo sancionada.
JUAN FRANCISCO ALONSO |  EL UNIVERSAL
lunes 4 de octubre de 2010  02:52 PM
Caracas.- 51.875,08 bolívares. Ese es el monto que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) deberá cancelarle a la abogado Delia Raquel Pérez de Anzola, suspendida jueza Superior Segunda Civil y Mercantil del estado Lara, por concepto de los salarios que dejó de percibir durante los cerca de tres años que estuvo sancionada.

La decisión la adoptó la Sala Político Administrativa del máximo juzgado, la cual también resolvió que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), instancia que se encarga de la administración de los fondos del Poder Judicial, tendrá 60 días para realizar el pago, lapso que comenzará a correr una vez sea notificado del presente fallo.

Pérez de Anzola es jueza titular y en 2005 fue suspendida sin goce de sueldo y por tiempo indefinido por la Comisión Judicial del TSJ, bajo el argumento de que incurrió faltas administrativas. Sin embargo, esa resolución posteriormente fue anulada por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, por considerar que la misma fue adoptada por una instancia que carecía de competencia para tomarla. La Comisión de Funcionamiento es la encargada de procesar a los jueces titulares que incurren en alguna irregularidad administrativa, mientras que la Comisión Judicial es la que designa y remueve a los jueces provisorios.

Fuente: El Universal

3 oct 2010

VENEZUELA / Asamblea Nacional designará a 43 nuevos magistrados.

El TSJ está integrado por 32 jueces principales y sus respectivos suplentes, para un total de 64 magistrados, que son elegidos por el Parlamento para un único período de 12 años.


Ccs. 02 Oct. (RNV).- La Asamblea Nacional (AN) venezolana designará 43 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 11 principales y 32 suplentes, para cubrir plazas vacantes o de personas que deben ser jubiladas al finalizar su tiempo de servicio.
El TSJ está integrado por 32 jueces principales y sus respectivos suplentes, para un total de 64 magistrados, que son elegidos por el Parlamento unicameral para un único período de 12 años.
El presidente del Comité de Postulaciones Judiciales de la AN, Saúl Ortega, dijo que la Cámara iniciará el proceso de selección y nombramiento de 11 de los 32 magistrados principales y de la totalidad de los suplentes, según informó la Agencia Venezolana de Noticias.
Ortega no precisó cuándo será nombrado el grupo de jueces del TSJ por la Asamblea, cuyo período actual de mandato culminará el próximo 4 de enero, cuando asumirán los nuevos parlamentarios elegidos el pasado domingo en las urnas.
Según medios privados locales, el proceso de selección de los 43 magistrados todavía no habría empezado a la espera de que el Comité de Postulaciones establezca un cronograma al respecto.
Por otra parte, el parlamentario socialista reelecto a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo, destacó que diputados contrarrevolucionarios, elegidos el 26 de septiembre pasado, "irán con una agenda orientada a desestabilizar la Revolución Bolivariana".
Ortega recogió la tesis de que estos representantes de derecha, apoyados por los partidos tradicionales y las fuerzas imperiales, buscarán perturbar la estabilidad democrática del país, ante lo cual el pueblo debe mantenerse alerta.
Esta declaración la ofreció al referirse al intento de golpe en contra de Ecuador y de su presidente legitimo Rafael Correa, lo cual debe "llamar a los venezolanos a refrescar la memoria".
Recordó que en Venezuela "sufrimos en carne propia lo que significó un golpe de Estado. Eso nos dice claramente que la agenda golpista en América Latina está a la orden del día".
El parlamentario agregó: "Que esas fuerzas reaccionarias no terminan de aceptar la voluntad de los pueblos y eso debe llamarnos la atención para no cerrar los ojos y mantener la guardia".
Lo ocurrido en Ecuador "debe servirnos para refrescar nuestra memoria, y saber que las fuerzas oscuras del capitalismo no juegan limpio. No respetan la democracia, no respetan la voluntad del pueblo", adujo.

FUENTE: Enfoques365.net

26 sept 2010

CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL PODER JUDICIAL (CLTPJ), ELIGIÓ NUEVO CONSEJO EJECUTIVO.



Entre el 7 y el 9 de septiembre de 2.010, se realizó en la histórica ciudad de Cartagena de Indias, República de Colombia, el NOVENO CONGRESO LATINOAMERICANO de la CONFEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL PODER JUDICIAL  (CLTPJ), que contó con la asistencia de las representaciones de Chile, Brasil, Argentina, México Colombia, Venezuela,  Costa Rica, Perú, Guyana, Belice y El Salvador..


Este Noveno Congreso, sirvió entre otros importantes análisis,  para realizar una revisión y evaluación a la Alianza que mantiene la Confederación con la Internacional de Servicios Públicos (ISP), y en ese marcó hubo reuniones de trabajo con Peter Waldorff Secretario General de la ISP y Jocelio Drumont Secretario Interamericano de la ISP.


Asimismo,  fue electo y juramentado el Nuevo Conssejo Ejecutivo de la CLTPJ, el cual quedó conformado para el perído 2010-2011, de la siguiente manera:



Presidente:   Raul Araya Castillo – -Chile
Primer Vicepresidente: Josafat Ramos – Brasil
Segundo Vice Vicepresidente: Juan Cisneros – Argentina

Suplentes:

Presidencia: Juan Bautista Resendiz – México
Primer Vicepresidente: Leda Belloso: El Salvador
Segundo Vicepresidente: Yolanda Salguero: Guatemala

Secretario Ejecutivo: Luis Galviz – Venezuela

Secretarías:

Derechos Humanos: Diego Alcántara – Perú
Capacitación: Miguel Ñique Merino – Perú
Comunicaciones: Francisco Gutiérrez – Costa Rica
Finanzas: Enrique Paez – Paraguay


Fotos que recogen momentos del Noveno Congreso:












25 sept 2010

CARTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA HUGO CHAVEZ FRÍAS POR LA CLTPJ

Esta comunicación fue aprobada por el Noveno Congreso Latinoamericano de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial (CLTPJ), que se reunió del 7 al 9 de septiembre de 2010., en Cartagena de Indias República de Colombia, consignada en el Palacio Presidencial de Miraflores el día 15 de septiembre de 2.010

PARA AGRANDAR DAR DOBLE CLICK A LAS IMAGENES. GRACIAS

18 sept 2010

Aumentan en 10% sueldos de trabajadores judiciales

Nacional y Política
sábado 18 de septiembre, 2010
Solamente los jueces de Municipio se beneficiaron de la decisión
Las actividades judiciales se reanudaron esta semana y con la vuelta al trabajo los cerca de 20 mil empleados tribunalicios del país se encontraron con que sus sueldos habían crecido. Sin notificación alguna, los trabajadores del Poder Judicial recibieron en el pago de la primera quincena de septiembre un aumento de 10%. 

La información la ofreció el presidente del Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj), Luis Gálviz, quien en conversación telefónica con este diario criticó el ajuste. 

"No nos sentimos satisfechos con este aumento, porque ni siquiera cubre la inflación. Esperábamos al menos recibir un aumento de 40% que nos permitiera afrontar el constante incremento de los alimentos y de los servicios que sufre el país", se quejó el dirigente sindical, quien denunció que las autoridades del Poder Judicial continúan negándose a debatir el nuevo contrato colectivo. 

Gálviz acusó tanto al Gobierno como al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de hacer caso omiso al mando de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual los conminó a retomar las discusiones relacionadas con la III Convención Colectiva. "No se sientan con nosotros. No nos reconocen a nosotros ni a los otros sindicatos como representantes de los trabajadores, y por eso no nos informan de nada. De este aumento, por ejemplo, nos enteramos a través del presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, el diputado Ricardo Sanguino", dijo. 

El presidente de Suontraj también denunció que la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), la cual administra 80% de los fondos del Poder Judicial, les adeuda desde octubre de 2006 los pagos por fideicomiso y prestaciones sociales y parte de las utilidades correspondientes a 2009. 

Jueces por fuera 

El aumento salarial dejó por fuera a la inmensa mayoría de los jueces. Solamente los jueces de Municipio, los que tienen los menores ingresos, se beneficiaron del ajuste de 10%. Así lo informó G´álviz y confirmaron algunos titulares de tribunales consultados. 

"A nosotros no nos dieron nada y eso que tenemos años sin incrementos", indicó una jueza, que prefirió mantenerse en el anonimato y quien lamentó que entre sus colegas cunda el miedo a la hora de pensar en solicitar un ajuste, "a pesar de que uno tiene una responsabilidad tan grande y lo mínimo que espera es cubrir las necesidades esenciales". 

El último aumento salarial que recibieron los jueces del país ocurrió en mayo de 2008 y fue de 30%. Gracias a ese incremento un juez de municipio pasó a devengar 7,4 mil bolívares, los de Primera Instancia, 10 mil bolívares y los superiores, 11 mil bolívares. 

Esta subida de los salarios, la cual se produce a menos de 10 días de la celebración de las elecciones parlamentarias, será financiada con los 300 millones de bolívares fuertes (300 millardos) que la Asamblea Nacional le aprobó al TSJ en julio pasado. Parte de esos fondos también irían destinados a financiar la apertura de varios tribunales especializados en violencia hacia la mujer, agrarios y contencioso administrativos en distintos estados. 

2 sept 2010

Crisis en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura por desvío de recursos que afecta a jueces, empleados y obreros

Una severa crisis laboral afecta el desenvolvimiento de las actividades judiciales en todo el país, ante el desvío de los recursos presupuestados para el pago de la bonificación de fin de año (2009), según denunciaron funcionarios judiciales que pidieron reservar sus nombres para evitar retaliaciones por parte de las autoridades y alta burocracia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).




Caracas, 14 Abr. (Enfoques365).- Una severa crisis laboral afecta el desenvolvimiento de las actividades judiciales en todo el país, ante el desvío de los recursos presupuestados para el pago de la bonificación de fin de año (2009), según denunciaron funcionarios judiciales que pidieron reservar sus nombres para evitar retaliaciones por parte de las autoridades y alta burocracia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Según los denunciantes que contactaron a Enfoques365, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) le debe al personal activo y jubilado 48 días del bono de fin de año correspondiente al ejercicio 2009. De igual forma, se quejan del atraso en la actualización de las prestaciones sociales y del congelamiento del convenio colectivo de trabajo.
Señalan la responsabilidad directa del director ejecutivo de la DEM, Francisco Ramos Marín, junto con su protectora, la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, en esta situación irregular que afecta a jueces activos y jubilados, así como al personal administrativo, alguaciles y demás funcionarios de todos los tribunales del país.
Aparte de que se trata de un derecho social vulnerado por una deficiente administración, que no puede justificar el desvío de esa masa de dinero "que desapareció como por arte de magia", los funcionarios judiciales indicaron a Enfoques365 que podrían haberse configurado “irregulares administrativas” que conllevan procedimientos administrativos y penales, de acuerdo a la legislación vigente, principalmente la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley contra la Corrupción.
Igualmente, los funcionarios de la DEM rechazan el trato “desconsiderado” hacia los trabajadores, las amenazas constantes de despidos y otros abusos de autoridad como la negativa reiterada de las autoridades a reunirse con las directivas sindicales, violentando la Constitución, la legislación laboral vigente y los acuerdos internacionales debidamente suscritos por la República.
El autoritarismo conjunto de los magistrados del TSJ y la gerencia de la DEM también se manifiesta en la falta de diálogo e información oportuna a sus trabajadores, quienes tienen pleno derecho a exigir el pago de lo que les adeuda la administración.

FUENTE: http://www.enfoques365.net
FUENTE DE LA FOTO: Internet

22 jun 2010

Empleados tribunalicios denuncian violación de derechos laborales




Representantes del sindicato de trabajadores del Poder Judicial realizaron una protesta para denunciar "la emergencia" laboral en ese sector. "Hay inestabilidad laboral, personal de confianza están siendo despedidos de sus cargos. Están botando gente con hasta 20 años de servicio sin derecho a jubilación", declaró Luis Galviz, presidente de Sountraj.

Galviz informó que llevan tres años sin discutir convención colectiva, lo que consideró una "violación de sus derechos". "Todos los días salen publicaciones de trabajadores despedidos. En el último año van 600 empleados", puntualizó.

Indicó que han denunciado la situación ante la Asamblea Nacional, Contraloría General, la Presidencia de la República y el Comité Internacional de Trabajo, sin embargo no han recibido respuesta. "Esto es una arbitrariedad", apuntó.

Globovisión Canal de Noticias

Trabajadores del Poder Judicial denuncian violaciones a sus derechos

01:08 PM Caracas.- Trabajadores del Poder Judicial protestaron hoy por la "inestabilidad laboral" que afirman reina en la administración de justicia y se declararon en emergencia ante una serie de despidos que han violentado sus derechos. 

Luis Galviz, representante del Sindicato Único de Trabajadores Tribunalicios (Sountraj), indicó que a través de la prensa se le ha notificado su despido a un grupo de trabajadores bajo el argumento de que ahora los cargos en el Poder Judicial son de confianza. 

"No respetan el derecho a la defensa y al debido proceso", dijo. 

Manifestó que han sido despedidos más de 600 trabajadores. 

Asimismo, señaló que desde hace tres años no discuten contratación colectiva. Responsabiliza al Ministerio del Trabajo, a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por su "negligencia". 

Sostuvo que "para ñapa" ahora el Gobierno pidió a los ministerios y entes públicos que no se discutan convenios colectivos "en franca violación a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Constitución Nacional". 

Galviz exhortó a los trabajadores del Poder Judicial a que "se incorporen a la lucha por sus derechos porque van a perder el sustento de su familia y el derecho a jubilarse". 

Dijo que han sido despedidos trabajadores con 15, 16, 18 y hasta 20 años de servicio.
El Universal