Manuel Quijada: TSJ en entredicho

Algunas instituciones del Estado, dada su importancia en la conservación de la pureza democrática y la moral ciudadana, están destinadas a ser gerenciadas por los más virtuosos funcionarios públicos. Sociedades imperfectas en su gerencia en general pero que, sin embargo, son cuidadosas en colocar en la vigilancia de la justicia y el orden a personalidades distinguidas por su ética y capacidad intelectual. Venezuela no ha sido afortunada en ese campo judicial; existen criterios de que en momentos particularmente aciagos para el país, como durante las dictaduras, la justicia estaba mejor conservada que durante la IV y V Repúblicas. El Tribunal Supremo de Justicia es un ejemplo, magistrados honorables mezclados con otros, que no lo son, aunque en minoría. Los hay reconocidos por sus fechorías o como comerciantes de la justicia, que aun cuando son del conocimiento público, permanecen en sus cargos. 

Recientemente, una Comisión de Postulaciones nombrada por la Asamblea Nacional escogió a los miembros para la reforma parcial del TSJ. Fue creada por la Constituyente de 1999, distinta a la comisión que también creó la Constituyente, pero con todos sus integrantes, la de la Reestructuración del Poder Judicial que cumplió a cabalidad con su función, destituyó a más de 400 jueces, estableció y reglamentó la puesta en marcha de los concursos para jueces y liquidó a las tribus existentes, pero que fue desmantelada en mala hora por el TSJ, quien asumió para sí, arbitrariamente, la designación de jueces, atribución que la Constitución otorgaba a la Comisión de Reestructuración. 

La Comisión de Postulaciones acaba de descartar para integrar el TSJ y posible presidente, al más connotado de sus candidatos, un funcionario ejemplar, valeroso, el primero que se enfrentó a los golpistas de abril de 2002 desenmascarando el golpe de Estado. Un hombre íntegro y capaz, vilipendiado por la oposición desorientadora, lo que demuestra su indiscutible dignidad. 

El Presidente de la República debe enfrentarse a la corrupción del Poder Judicial. Es el momento en que a través de la Ley Habilitante se busque la vía para plantear el reordenamiento de ese poder. La situación judicial del país es sumamente grave. 

Abogado

FUENTE: DIARIO ÚLTIMAS NOTICIAS

LA NEFASTA DEM ATENTA CONTRA LA ESTABILIDAD LABORAL DEL PERSONAL JUDICIAL

Por: Luis M. Galviz*

 La estabilidad en el trabajo, es uno de los derechos humanos, que todo hombre y mujer trabajadora, valora en su justa dimensión; puesto que de ella se deriva una serie de beneficios sociales, socio-económicos, económicos y salariales, que permiten la manutención de sí mismos, como de sus grupos familiares.

          

No existe un daño más terrible que se le pueda hacer a una mujer trabajadora u hombre trabajador, como lo es despedirlo sin justa causa del preciado y estimado puesto de trabajo, dadas las dramáticas consecuencias que se sufre.

         

Los Convenios, Pactos y Tratados Internacionales que versan sobre el Trabajo, como la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica del Trabajo, Ley del Estatuto de la Función Pública, Ley de Carrera Judicial, Estatutos del Personal Judicial, Régimen de Estabilidad Laboral de los Funcionarios del Extinto Consejo de la Judicatura y la Segunda Convención Colectiva de los Empleados de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, señalan que se debe respetar la estabilidad laboral, y que los despidos que se produzcan, siempre han de ser por justas causas, previo procedimiento que garantice el derecho a la defensa del afectado.

           

Pero, la verdad es que la actual Dirección Ejecutiva de la Magistratura, conocida como DEM, se ha ensañado en contra de la estabilidad laboral del personal judicial y administrativo, desplegando toda una gama de argucias seudo-jurídicas, para despedir trabajadores y trabajadores, sin justa causa y sin que se tome en consideración su perfil académico, su formación profesional, su antigüedad en el servicio, su evaluación en el desempeño, su situación familiar y socioeconómica.

          

  Esa política de tercerización laboral y de despidos injustificados que implementa la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, entran en una evidente contradicción con el discurso Presidencial, que califica al Estado Venezolano como Obrerista y Socialista.

        

    El despido de trabajadores y trabajadores, por razones de discriminación política-partidista, no tiene nada de socialista, lo que si denota es una actitud fascista y nefasta, frente a la estabilidad laboral de los 25 mil trabajadores y trabajadoras que tiene la Administración de Justicia Venezolana.

         

 La utilización del Poder del Estado, para perjudicar a los trabajadores y trabajadores, en cuanto a su estabilidad laboral, es simplemente, la imposición del más fuerte sobre el más débil, lo cual además de ser una arbitrariedad, se convierte en un irrespeto a la dignidad humana.

        

 La Dirección Ejecutiva de la Magistratura, como ente empleador no tiene la suficiente capacidad intelectual, para entender que con políticas de tercerización laboral y con prácticas anti -sindicales, que ejecuta cuando despide a una trabajadora o a un trabajador; está provocando un daño irreparable en lo personal y familiar; que motiva el odio y al resentimiento de los afectados.

        

 Esta nefasta política que ataca a la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras tribunalicias, no es más que el reflejo del desprecio que se siente por los seres humanos que conforman el personal judicial y administrativo del Poder Judicial Venezolano.

       

     Es lamentable, que en la Casa de la Justicia, reinen las sombras y los duendecillos diabólicos traman sus fechorías; pues por más que se diga, que en Venezuela existe un Estado de Derecho y Justicia Social, las actitudes fascistas y nefastas que se derivan de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura en contra de los tribunalicios y las tribunalicias, contribuyen a que la oscuridad enlute a la justicia venezolana y  a que se deteriore, aún más, lo poco que pudiera quedar de dignidad y de Estado derecho.

Los trabajadores y trabajadoras, como en los siglos anteriores, seguiremos luchando en contra de los empleadores explotadores, como lo constituye la Dirección Ejecutiva de la Magistratura: pues por más que reinen las sombras, siempre el deseo de libertad, impone las transformaciones y cambios necesarios, para la consecución de un futuro promisorio.

      

Los culpables de los despidos injustificados de sindicalistas, trabajadores y trabajadoras, en el fondo son fascistas, y como tales serán tratados.

       

A los trabajadores y trabajadoras, por ahora, nos corresponde resistir y seguir dando la pelea por los derechos adquiridos, frente al Gran Leviatán, con las seguridades que por más que el huracán ensombrezca los cielos, siempre sale un Sol de Justicia, que brinda alegría, venciendo el miedo, las sombras y la desesperanza.

*Abogado, Trabajador Social y Presidente del SUONTRAJ

BOLETÍN SUONTRAJ DICIEMBRE-2010

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SUONTRAJ PROTESTA DILACIONES GUBERNAMENTALES Y DE LA DEM-TSJ EN LA FIRMA DEL TERCER CONTRATO COLECTIVO.

CDN.-  El abogado LUIS GALVIZ, presidente del Comité Directivo Nacional del SUONTRAJ, denuncia que los 25 mil trabajadores y  trabajadores de la Administración de Justicia de Venezuela, no han podido obtener la firma de su Tercera Convención Colectiva de Trabajo, debido a dilaciones y demoras indebidas en la tramitación del proyecto de la misma, por parte de los Ministerios de Planificación y Desarrollo y del Ministerio del Trabajo del Ejecutivo Nacional de Venezuela.

 Informó, que desde el 08 de junio del año 2007, el proyecto de la Tercera Convención Colectiva del Poder Judicial, ha permanecido bajo congelación en los fríos archivos del las autoridades administrativas del Estado venezolano, obligadas por la Constitución Nacional ,la Ley Orgánica del Trabajo y el Convenio 98 de la OIT, a cumplir el  derecho laboral y humano que asisten a los trabajadores tribunalicios, de tener una Convención Colectiva del Trabajo actualizada que los ampare y proteja.

Ante la desidia gubernamental para que elabore el estudio de costos del mencionado proyecto, al que obliga una reglamentación estatal, requisito burocrático, para que se puedan iniciar las discusiones de la convención colectiva, para su posterior aprobación y firma, se han intentado pliegos conciliatorios, conflictivos, movilizaciones pacificas, vigilias, denuncias de carácter internacional y una Queja por ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT; acotó Galviz.

Indicó Luis Galviz, que mientras tanto el empleador: Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), aplica una política de prácticas anti-sindicales, dirigidas en contra de los sindicatos progresistas, que no han cesado su exigencia para que se cumpla con la firma de la tercera convención colectiva y con los derechos de la gran masa laboral del Poder Judicial Venezolano.

Por esas razones, dijo Galviz, los días 29 y 30 de octubre de 2.010, el sindicato que preside, estará realizando su SEGUNDO CONSEJO GENERAL ORDINARIO DEL AÑO 2010, donde asistirán delegaciones de todas las Seccionales del SUONTRAJ, en el ámbito nacional; donde se abordará la grave problemática y se evaluarán las acciones sindicales de protestas y jurídicas a desarrollarse, con la finalidad  que la DEM y el Gobierno Nacional, cese en sus tácticas dilatorias en la firma de la II Convención Colectiva del Poder Judicial.

Aprovecha, para hacer un llamado a todos los trabajadores y trabajadores, para que se sumen en forma militante y combativa, en todas las acciones que el SUONTRAJ, convocará próximamente, para que se les cumplan sus derechos laborales y humanos

DENUNCIAN ACOSO LABORAL EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL MUNICIPIO PEDRO ZARAZA DEL ESTADO GUÁRICO

CDN.- Los trabajadores: Daniel Alberto Acosta Ochoa, Luisa Elena Armas, Liliana Reina, Zenaida Josefina Aular, María Torrealba, Luis Eduardo Morales Pérez, Herminia Ledesma y Milanyer Páez, todos adscritos a la Oficina de Registro Público del Municipio Pedro Zaraza del estado Guárico – Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN); denuncian que vienen siendo objeto   de constantes humillaciones, maltratos, hostigamientos, acosos laboral y psicológicos (violencia laboral), por parte de la Registradora; contra quien pesa una denuncia por irregularidades, presentada por los trabajadores afectados, por ante el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, en fecha 14 de junio de 2.010; irregularidades éstas que fueron constatadas por inspectores adscritos a la Dirección del Sistema Registral del SAREN, los días 15 y 16 de junio del presente, y que fueron recogidas en Actas levantadas al efecto por los propios inspectores de Registros y Notarías designados, a objeto de corroborar lo denunciado.

Los trabajadores señalan que a raíz de la denuncia formulada en contra de la mencionada Registradora y la falta de una pronta y debida respuesta por parte de las Autoridades del SAREN, en cuanto a la aplicación de los correctivos necesarios, para que cesen las irregularidades denunciadas; la situación de acoso laboral, acoso psicológico y violencia en el trabajo se ha incrementado por parte de la Jefe de la indicada Oficina Registral, con la consecuencia que contra los mismos se han tomado medidas retaliativas como ejemplo: La imposición de sanciones disciplinarias de amonestación, sin motivos que las justifiquen, la solicitud de apertura de procedimientos disciplinarios de destitución por ante el SAREN, de algunos trabajadores denunciantes y la solicitud de calificación de faltas para el despido de los trabajadores contratados, lo que conlleva a que el grupo de trabajadores, temen de manera fundada que se atente en contra de la estabilidad laboral que los ampara.

Mientras tanto los trabajadores víctimas de la violencia laboral del Registro del Municipio Pedro Zaraza del edo. Guárico se preguntan con desconcierto: ¿A cuáles autoridades tenemos que dirigirnos para obtener una solución a nuestra problemática laboral?  ¿Acaso es un pecado denunciar la corrupción?  y ¿Por qué nuestra estabilidad y salud laboral está en riesgo?

Los trabajadores hacen un llamado urgente al ciudadano Ministro TARECK EL AISSAME, Ministro del Poder Popular Para las Relaciones Interiores y Justicia,  al ciudadano JOSÉ LUIS ORTA SILVA, Director del SAREN, a los ciudadanos Diputados de la Comisión de Desarrollo Social Integral y de la Comisión de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional para que intervengan en la problemática laboral que los afecta negativamente.

Invertir en servicios públicos de calidad: la mejor alternativa a los recortes de austeridad propone la INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (ISP)

(Ginebra, Suiza)  En vista de los recortes generalizados de servicios públicos, los dirigentes de sindicatos de los sectores público y privado, administraciones municipales y grupos de la sociedad civil han convenido en el empeño sin precedente de obrar conjuntamente por promover las inversiones en servicios públicos de calidad, sustentados en una política justa de imposición fiscal, como solución clave de la crisis económica y como forma óptima de desarrollar sociedades pacíficas, equitativas, democráticas y ecológicamente sustentables. 

Es “nuestra oportunidad, nuestro futuro”, concluyeron las personas participantes en la conferencia internacional Servicios Públicos de Calidad: ¡Pasemos a la acción!Convocada esta semana en Ginebra, Suiza. El Consejo de Sindicatos Mundiales, patrocinador de la conferencia de tres días que congregó a 400 delegados/as, anunció el despliegue de una amplia campaña mundial guiada por una carta y plan de acción que aúna esfuerzos locales, nacionales e internacionales por promover los servicios públicos de calidad. El CSM representa a más de 176 millones de trabajadores y trabajadoras.      

Aidan White, presidente del CSM, dijo: “Este es un llamamiento al movimiento sindical a que asuma su responsabilidad histórica de trabajar en amplias coaliciones sociales y actúe como una fuerza a favor de un cambio social que mejore la calidad de vida de todos. No tenemos tiempo que perder.”   

Kumi Naidoo, director ejecutivo de Greenpeace International y miembro del consejo de Llamamiento Mundial a la Acción contra la Pobreza, pidió un “nuevo activismo” para sustentar las exigencias de servicios públicos de calidad como fundamento de una política social justa.  

En sus palabras: "La historia nos enseña que cuando la gente decente corre riesgos y emprende la lucha pacíficamente, como tarea primordial y con valor, recurriendo a la desobediencia civil cuando es necesaria, quienes detentan los instrumentos de poder, ya sea en gobiernos o en el sector financiero, escuchan y reaccionan.” 

Susan Hopgood, presidenta de la Internacional de la Educación, declaró: “Estamos enviando un vigoroso mensaje al unirnos como defensores de los buenos colegios, servicios sociales y de salud adecuados, agua salubre y saneamiento, servicios eficaces de bomberos y de seguridad, vivienda y servicios básicos de distribución asequibles, comunicaciones y transportes accesibles, medios de difusión y cultura públicos y una buena administración pública y servicios municipales. Los servicios públicos de calidad proporcionan la base del crecimiento duradero, la distribución equitativa de la riqueza y los recursos de justicia, buen gobierno y ejercicio de la democracia.”       

David Cockroft, secretario general de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, dijo que la nueva campaña empezaría en ciudades seleccionadas como “punto de concentración del poder laboral y político del movimiento sindical mundial” y que es necesaria “porque los servicios públicos benefician a los trabajadores/as tanto del sector privado como del público, a nuestras familias y comunidades”.

Peter Waldorff, secretario general de la Internacional de Servicios Públicos, afirmó que la campaña mostraría que mientras que gobiernos violan convenios colectivos impunemente, recortando servicios públicos y prestaciones, los sindicatos y sus aliados están aplicando nuevas estrategias que edificarán un mundo más sustentable y garantizarán la protección social a todos. “¡Ha llegado el momento de actuar!”  

Ver discursos y resúmenes de la conferencia Servicios Públicos de Calidad: ¡Pasemos a la acción! en: www.qpsconference.org  y Consejo de Sindicatos Mundiales: http://www.global-unions.org/

Prisiones de Venezuela son una bomba de tiempo

La mitad de mí, ya está muerto. O morimos en la calle o aquí en el penal. Estamos resteados a dar la lucha hasta el final para que nos respeten como seres humanos. Hemos cometido muchos delitos, es verdad, pero también queremos pagar nuestra culpa y enmendarnos. La huelga de las nueve prisiones es una muestra de lo que puede venir si las autoridades no cumplen con sus deberes y lo que nos han prometido”.

Con la mano derecha sosteniendo una bolsa de colostomía producto de una herida de bala en el estómago, y en la otra mano una pistola 9 mm, “Jerson”, preso desde hace tres años en el penal de Tocorón, en el estado Aragua, por asalto a mano armada, no hace más que alertar que una bomba de tiempo está a punto de estallar si los 43.461 internos que se encuentran tras las rejas en los 33 penales dependientes del Ministerio del Interior y Justicia y varios retenes policiales, no reciben la atención que ellos y sus familiares vienen pidiendo, a gritos, desde hace mucho tiempo.

“El problema penitenciario en Venezuela no tiene ni ha tenido una política de Estado coherente y definida consensualmente, por eso las cárceles operan más como instrumentos de destrucción física y moral, que como espacios para la enmienda y reconstrucción espiritual del recluso. No tenemos cárceles sino horrorosos lugares de expiación”, sostiene Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Prado, un ex recluso y ahora director de dicha Organización no Gubernamental (ONG), aseguró que “lamentablemente en el país no hay un sistema penitenciario definido”.

“No estamos pidiendo como cárcel modelo un cómodo y confortable hotel, exigimos para nuestro país la sustitución de esas mazmorras por locales higiénicos, construidos bajo estándares internacionales”, explicó.

Gilber Caro, Coordinador Nacional de las Redes Penitenciarias de Voluntad Popular, coincide con Humberto Prado en el sentido de que desde su punto de vista, el Gobierno no le presta la atención requerida a los privados de libertad.

“Las prisiones no deben ser sólo espacios donde se concentren como animales a las personas que cometieron delitos, por el contrario, El Estado está en la obligación de garantizarle al interno seguridad, salud y educación y una efectiva y justa aplicación de la justicia para que el recluso, al cumplir su pena, pueda reinsertarse en la sociedad”, explicó Caro, quien, al igual que Prado, también estuvo preso y cumplió condena de 10 años.

Diagnóstico. Para Prado y Caro, los males tradicionales de los penales son: La ausencia de clasificación y agrupación de la población reclusa, el retardo procesal, la falta de oportunidades de trabajo y de estudio.

También la extorsión de la que son víctimas por parte de las autoridades penales y de la Guardia Nacional (GN), una precaria alimentación, ausencia de asistencia médica de calidad y oportuna, ausencia de actividades deportivas, recreativas y culturales.

También la falta de una infraestructura física con un mínimo de habitabilidad, una gigantesca dilación procesal, la violencia intracarcelaria, tráfico y consumo de drogas, posesión de armas de fuego y poderosos artefactos bélicos como granadas.

Reflexión. Para Marino Alvarado, director de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), todas las políticas y planes diseñados para atender la problemática carcelaria, no han dado resultados.

“Esto debe llamar a la reflexión del Gobierno para que haga una evaluación profunda de todas sus políticas implementadas. Además debe cumplirse con el mandato de la Constitución que establece la descentralización en materia carcelaria”, explicó Alvarado.

Del mismo modo, sostuvo que el problema carcelario debe abordarse de manera integral, comprometiendo en ello al Poder Judicial y al Ministerio Público.

“En los últimos años, las reformas del Código Orgánico de Procedimiento Penal (Copp), se han orientado a restringir el juzgamiento en libertad. Yo creo que se debe legislar de tal manera que se pueda aplicar el principio que establece este código para que quienes cometan delitos de menor gravedad, puedan ser juzgados en libertad”, precisó.

Alvarado está convencido que si el Gobierno decide disminuir de inmediato el hacinamiento de reclusos, puede bajar drásticamente la violencia en las prisiones.

Además, cree que ya es hora de que la GN sea retirada de la custodia de las cárceles para dar paso a una custodia civil, previa a un proceso de depuración e incorporación de nuevos funcionarios civiles quienes estarían bajo un riguroso control de su comportamiento, tal como ocurre actualmente con la Policía Nacional.

Violencia. Entre los problemas más graves de las prisiones, la violencia es, sin duda alguna, uno de los más graves.

La devastadora violencia carcelaria venezolana produce la cifra más alta de muertos y heridos por número de reclusos, comparado con las prisiones del mundo.

Según el OVP, en el primer semestre de 2010 murieron 221 reclusos y resultaron heridos 449.

Esta cifra, comparada con el mismo período de 2009, sufrió un incremento en muertos de 25% y heridos 31%.

El llegadero. Marino Alvarado sostiene que el número de muertos en las prisiones es un claro indicativo de que se vive una situación particularmente violenta.

“Yo no creo que la situación de violencia se vaya a agravar más porque ya ha llegado a niveles insuperables y es extremadamente peligroso el hecho de que el Estado venezolano haya asumido como normal, el hecho de que los internos tengan el control de las prisiones”, sostuvo.

Alvarado explicó que en las cárceles los presos deciden todo, quién entra, quién sale, quién va a comer, quienes deben vivir, y hasta quienes deben morir.

Sobre este tema, Prado sostuvo que en Venezuela mueren entre 10 o 12 personas por cada mil internos al año, mientras que, por ejemplo, en Brasil, con más de 486 mil internos, hay un promedio de un muerto por cada mil internos.

En República Dominicana con una población carcelaria de 15 mil internos, mueren 15 por cada mil al año y, en Colombia, con 72 mil reclusos, presenta un índice de muertes de 0,2 muertes anuales por cada mil reclusos.

Degradación. Un estudio elaborado por el OVP señala que no sólo la violencia producto del uso de las armas, es la que viven los reclusos; sino que existen muchas formas de violencia que degrada a los internos hasta convertirlos en simples materiales de comercialización y generadores de plusvalía.

Existe, según Prado una violencia ejercida por el propio sistema de administración de justicia penal, retardo procesal, ausencia de defensores públicos, comida insuficiente, falta de higiene y atención médica, estado ruinoso de los establecimientos.

A eso, Gilber Caro suma otras como la ejercida por el personal penitenciario, malos tratos a los reclusos, cobros indebidos y trato vejatorio a las visitas.

Otra de las categorías de violencia es la que es ejercida por los internos entre sí, como el pago por protección, reducción a la condición de esclavitud, chantajes, extorsiones, delitos de unos internos contra otros.

También la que ejercen los reclusos contra la autoridad como la resistencia a órdenes y requisas, motines, huelgas, fugas y secuestro de familiares.

Marino Alvarado agrega que también se debe tomar en cuenta la violencia producto de la corrupción administrativa donde el preso vive permanentemente extorsionado por funcionarios militares y penitenciarios que les cobran por un lugar dónde dormir, por un colchón, protección, por la comida, por la medicina, el agua, la visita para sacarlos a las audiencias, por el traslado al Tribunal por el ingreso ilícito de celulares, armas, proyectiles, drogas, licor, para salir a la calle irregularmente, etc.

Una reflexión de Gilber Caro, prende la alarma al destacar que si la población penal es de 43.461 reclusos, que están presos en penales cuya capacidad es hasta un quinto reducida, los días de visita son extremadamente peligros tanto para los reos como para sus familiares. Hay que tomar medidas preventivas urgentes, porque si bien la situación actualmente es muy grave un estallido en esas circunstancia puede tener consecuencias incalcalubles.

Las autoridades tienen la palabra.

Las cifras

57 por ciento Es el porcentaje de muertos por armas de fuego en las prisiones, mientras que el 16% son producto de arma blanca

221 muertos en 2010

Ese es el total de reclusos muertos en los primeros seis meses de 2010, en todas las prisiones venezolanas.

11 años de gestión

Han dejado hasta junio de 2010, 4.251 reclusos muertos en las diferentes prisiones del país.

85% sin condena

Ese es el porcentaje de internos que no han sido condenados y se encuentran en prisión preventiva.

“Nada detendrá humanización”

Consuelo Cerrada, directora general de Servicios Penitenciarios del MRI, el jueves 12 de agosto, aseguró que los índices de violencia carcelaria del primer semestre de 2010 en los centros penitenciarios del país, constituyen los índices más bajo en los últimos 16 años.

Aunque el ministro Tarek El Aissami autorizó a la funcionaria para que respondiera una entrevista gestionada por Últimas Noticias a través de la Dirección de Comunicaciones de dicho ministerio, ésta nunca respondió positivamente, por lo que los criterios contenidos en esta nota, son aquellos que la funcionaria ofreció a varios medios de comunicación en días anteriores y fueron recogidos a través de Internet.

Cerrada explicó que los decesos registrados representaban 0,24% de la población penitenciaria actual y que los heridos llegaba a 0,48% del total de población carcelaria, en los primeros seis meses de 2010.

“Los índices de la violencia penitenciaria siempre se calculan en función de periodos anteriores, el semestre anterior, el año anterior, pero es un error, porque eso sería válido si la población penitenciaria fuera la misma siempre. Estos índices (0,24% de decesos y 0,48% de heridos) corresponden a la población que tenemos ahora y son los más bajos el los últimos 16 años”, dijo en esa oportunidad.

Resaltó el Plan de Humanización emprendido por el Gobierno y destacó como elementos fundamentales de este plan la formación del personal que labora dentro de las instituciones carcelarias y la integración de los reclusos en proyectos deportivos, teatrales, educativos y musicales. Aseguró que nada detendrá este proyecto.

Destacó la formación de la Orquesta Penitenciaria “por la cual han transitado ya 2 mil 45 privados de libertad”.

Añadió que en el área educativa existe una matrícula de más de 6 mil reclusos que reciben educación formal y 909 que cursan estudios universitarios.

“Esta red fomenta los valores éticos, morales y sociales en la población penitenciaria. Ese es el objetivo principal de los programas que instalamos en los centros carcelarios para la verdadera reinserción social”, aseguró.

Fuente:  Ultimas Noticias. 17.10.2010

 Jorge Chávez Morales/jchavez@cadena-capriles.com

DE LA LIBERTAD SINDICAL AL APARTHEID SINDICAL EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. POR LUIS M. GALVIZ*

En Venezuela, luego del derrocamiento el 23 de enero de 1.958 de la férrea dictadura militar impuesta por el General Marcos Pérez Jiménez; los partidos políticos AD, COPEI y URD, establecieron un acuerdo de gobernabilidad, que el pueblo conoció como “Pacto de Punto Fijo”  que desde la caída de la Dictadura de Pérez Jiménez, y hasta 1.998, les permitió a los llamados partidos políticos “tradicionales”  desarrollar y consolidar  un sistema de gobierno basado en las relaciones de producción capitalistas, con un matiz supuestamente democrático.

En el “Pacto de Punto Fijo” no participaron los partidos políticos de izquierda como el PCV; y ese acuerdo generó a lo interno de los partidos AD, COPEI y URD, divisiones que permitieron el nacimiento de partidos como el MIR,  MEP, RUPTURA, PRV y otros partidos minoritarios. Además, el “Pacto de Punto Fijo” devino en un “bipartidismo”, que consistió en la alternancia del poder y gobierno, entre los partidos AD y COPEI, por cuarenta años a Venezuela.

Durante el tiempo que duró el “bipartidismo”, hubo el surgimiento de movimientos guerrilleros revolucionarios, que bajo la consigna de la “Liberación Nacional” y con el uso de las armas combatieron sin mucho éxito, a los gobiernos “adecos y copeyanos”, hasta que se abrió en Venezuela, lo que se llamó el “proceso de pacificación” de los grupos insurgentes, a mediados de la década de los años setenta.

En forma paralela, al desenvolvimiento político del país, el Movimiento Sindical Venezolano, que en la lucha contra la Dictadura Militar, había tenido una importante participación, organizando conflictos laborales y huelgas; también logró durante las cuatro décadas de vigencia del  “Pacto de Punto Fijo” consolidar posiciones y presencia en la vida nacional, con la conducción de la CTV, con mayoría del partido AD, pero con respeto a los otros partidos, pues la línea maestra del “Pacto de Punto Fijo”, se siguió y reprodujo a lo interno del Comité Ejecutivo de la CTV, para su conformación de autoridades.

La CTV, en la práctica llegó a controlar todo el Movimiento Sindical Venezolano, con excepción de algunos sindicatos de tendencia izquierdista, que mantuvieron posiciones de defensa de los derechos de los trabajadores, no obstante la represión ejercida hacia ellos y sus afiliados, por parte de los “Aparatos”  que todo Estado tiene a esos fines. 

A la CTV se le atribuye, el haber impulsado la burocratización de la dirigencia sindical en todos sus niveles, y el abandono de los principios éticos en la conducción del Movimiento Sindical Venezolano, con las excepciones del caso, por supuesto. 

Sin embargo, algunos sindicatos de izquierda, lograron ante un régimen de gobierno tan adverso, negociar, discutir y firmar convenciones colectivas a favor de los trabajadores afiliados a esas organizaciones sindicales; y lograron que la “Libertad Sindical”  como derecho Humano Fundamental, se respetara, sino en su integridad, por lo menos sí, en sus aspectos formales y jurídicos. 

Venezuela, ha suscrito y ratificado la mayor parte de los Convenios Internacionales relativos al trabajo, en especial los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tratan sobre el Derecho Humano a la “Libertad Sindical y Negociación Colectiva”. 

En 1.998, el Pueblo Venezolano, fue a las urnas electorales, con el firme objetivo de acabar con el “bipartidismo” gobernante y ponerle coto a la corrupción administrativa generalizada imperante y patrocinada por el “Pacto de Punto Fijo”;  resultando electo un movimiento político insurgente, de tinte “Bolivariano”, “Nacionalista” y “Militarista”, que mediante una coalición de partidos de izquierda, encabezado por el Movimiento Quinta República (MVR), logró obtener un triunfo indiscutible en las elecciones nacionales. 

La victoria del MVR (hoy, en día transformado en Partido Socialista Unido de Venezuela – PSUV-), y la instauración de un gobierno, que como premisa fundamental tiene el cuestionamiento de todo lo hecho, o por lo menos de gran parte de lo realizado en los cuarenta años de permanencia del “Pacto de Punto Fijo”, generó una línea de “destrucción de la cúpula podrida de la CTV”, por considerarse cómplice de todas las corruptelas dadas durante la vigencia del “bipartidismo adeco- copeyano”. 

Es así, como luego, de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente,  en 1.999; que elaboró y aprobó una nueva Constitución Nacional, que propugna un cambio de paradigmas en lo político, social, sindical y económico; ésta Constitución, llamada “Bolivariana”  fue aprobada mediante referéndum el 15 de diciembre de 1.999, por el Pueblo Venezolano, que esperanzado por el arribo de un nuevo gobierno en Venezuela, que combatiera el 80% de pobreza extrema , el desempleo, el analfabetismo y la corrupción administrativa, la votó favorablemente. 

El Movimiento Sindical Venezolano, sin distinción también fue “cuestionado”, y por ello el nuevo gobierno, convocó de manera inédita al Pueblo Venezolano, para que acudiera a un “referéndum sindical”   que fue realizado el 3 de diciembre del año 2.000, mismo que fue aprobado con muy escasa participación electoral de los ciudadanos. 

Aprobado el  “referéndum sindical”, todas la centrales, confederaciones, federaciones y sindicatos, debieron someterse a un proceso de relegitimación de sus autoridades sindicales internas; en un proceso que fue denunciado en su oportunidad como violatorio de la “Libertad Sindical” de las Organizaciones Sindicales en las escogencia de sus autoridades internas; en vista que esas elecciones fueron controladas, supervisadas y monitoreadas por un Organismo del Poder Público, como lo es el Consejo Nacional Electoral (CNE) adscrito al novísimo Poder Electoral contemplado en la nueva Constitución Nacional. 

Cumplidas las formalidades para realización de las elecciones internas de todas la centrales, confederaciones, federaciones y sindicatos, bajo el control y aplicación de las “Normas para la Renovación y Relegitimación de las Autoridades Sindicales” dictadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el año 2.001, la Plancha presentada por el gobierno, en las elecciones de la CTV, no logró cargo alguno en su Comité Ejecutivo, y ante la derrota, el proceso electoral fue impugnado por los perdedores denunciándose fraude electoral. 

Sin embargo, el Partido AD, sigue manteniendo el control cupular de la CTV, en acuerdo con partidos minoritarios de derecha y de centro-izquierda. La CTV, hoy en día, ha perdido su poder político  y se encuentra en su base y cuadros medios, desarticulada, producto de la deserción  de cuadros sindicales y el paralelismo sindical que de manera sistemática impulsa y patrocina sectores del gobierno nacional. 

Mientras tanto, el gobierno nacional, desplegó un ejercicio de creación de una central sindical, llamada “Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNT)”, que respondiera directamente a sus lineamientos políticos y que desplazara en lo nacional e internacional, la influencia de la CTV; misión que le ha resultado imposible, por varias razones: en primer lugar por las diferentes tendencias o corrientes existentes en el seno del Movimiento Sindical pro Gobierno-Patrono u oficialista, que han convertido a la UNT, en no menos que, como se dice popularmente, un “saco de gatos”, se sabe de, al menos seis tendencias sindicales irreconciliables dentro de la propia UNT, cada una busca el desplazamiento de la otra, pero con muy escaso o nulo apoyo de los trabajadores. 

Recientemente, la corriente de la UNT, llamada “burócrata”, llamada así, dado que sus adeptos parecieran que se encuentran en una permanente “caza de cargos públicos”, vienen experimentando la constitución de una nueva estructura confederal de denominada Central Socialista de Trabajadores (CST), que buscaría el reconocimiento único y absoluto del actual gobierno nacional y la implementación de un modelo sindical al estilo del contemplado en el Código de Trabajo de la República de Cuba; y con ello desplazaría de una vez por todas con todas la demás tendencias sindicales pro chavistas; y se convertiría en la punta de lanza, el control de las protestas, huelgas y conflictos de trabajo, sobre todo en el sector público en Venezuela. 

Por otra parte, la organización de los trabajadores en sindicatos, pareciera realizarse a conveniencia, si se trata del sector privado, el Ministerio del Trabajo, facilita la creación de sindicatos paralelos a los existentes (con respaldo o no de trabajadores), condicionados al apoyo del proyecto político que propugna el gobierno nacional, sobre todo sí se trata de empresas privadas, cuyos propietarios o dueños forman parte de la Oposición Política Venezolana. 

Sí, es el sector público, el Ministerio del Trabajo, sólo registra y apoya a los sindicatos que demuestren estar con el “proceso revolucionario”; mientras que a las Organizaciones Sindicales de carácter plural o democrático, se les restringe sus derechos sindicales, al extremo que sus autoridades, no obstante estar debidamente legitimadas, no son atendidas personalmente por autoridades del Ministerio del Trabajo, en el tratamiento de asuntos laborales y sindicales, delegándose tan importante atención en personal subalterno incapaz de tomar la decisiones que resuelvan los asuntos planteados. 

Algunos sectores sindicales, atribuyen la violación que según comete el Ministerio del Trabajo de Venezuela, a la “Libertad Sindical” en perjuicio de las Organizaciones Sindicales no oficialistas u oficialistas (de tendencia distinta a la del propio Ministerio), al hecho que en la actualidad el Ministerio del Trabajo, se encuentra dirigido por un equipo compuesto en su totalidad por miembros de una de las corrientes o fuerzas sindicales oficialistas que hacen vida, puertas adentro de la UNT; que buscaría la consolidación de una sola línea de pensamiento ideológico y sindical, por encima y con desplazamiento de las otras tendencias, y por supuesto, sin tomar en consideración a los sindicatos plurales y democráticos. 

Ante éste diagnóstico, la escasa “Libertad Sindical” lograda por los sindicatos progresistas en combate y lucha frontal contra el “bipartidismo adeco- copeyano”, durante los cuarenta años que precedieron a la década que lleva el actual gobierno nacional, corre el riesgo de desaparecer o de quedar como simple “enunciado” en la Constitución Nacional, Leyes y Tratados o Convenios Internacionales sobre el Trabajo; puesto que sí desde el propio Ministerio delegado por el Estado Venezolano, para que vigile y garantice el cabal cumplimiento del Derecho Humano a la “Libertad Sindical”, se discrimina entre “sindicatos revolucionarios y bolivarianos” y sindicatos no oficialistas; entre “sindicalistas revolucionarios”  y “sindicalistas  no oficialistas”, se tienta y se resucita un método sistemático de discriminación como el “apartheid” que tanto sufrimiento y dañó  causó en el continente africano, que guardando las distancias, en Venezuela, no sería por segregación racial, sino por “segregación sindical”.

¡VIVA LA LIBERTAD SINDICAL !!!

¡NO AL APARTHEID SINDICAL EN VENEZUELA!!!

* Presidente Nacional del SUONTRAJ, Secretario Ejecutivo de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial (CLTPJ) y Coordinado de la Red Andina de Judiciales de la ISP: