SUONTRAJ EXIGE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS DEUDAS PENDIENTES AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA MAGISTRATURA

BOLETÍN NACIONAL DEL SUONTRAJ

SECCIONAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL SUONTRAJ, CONVOCA A UNA GRAN MOVILIZACIÓN PARA EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2.010

Este miércoles, 17 de Marzo, se reunió en forma extraordinaria y urgente, el Comité Directivo de la Seccional Nacional de Jubilados y Pensionados del SUONTRAJ, integrado por las compañeras Ligia González de Rivas Presidenta, Irina Troconis Sec. de Organización, Loaida Velazquez Sec. de Actas y Propaganda y por el compañero Iván Concha Sec. de Finanzas; la reunión se llevó a efecto en la sede nacional del SUONTRAJ, ubicada en la ciudad de Caracas; en dicha reunión participó también como invitado el compañero Luis Galviz, Presidente del Comité Directivo Nacional del SUONTRAJ.


Una vez instalada la reunión extraordinaria, los asistentes pasaron revista a las graves violaciones a los derechos y demás beneficios socioeconómicos de los jubilados y pensionados, dependientes de la Administración de Justicia venezolana, en las que incurre la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, dirigida por el abg. Francisco Ramos Marín.

Realizaron una evaluación en cuanto a :

1.- Situación de la discusión de la Segunda Convención Colectiva,

2.- Desmejora de la Póliza de HCM, en lo que respecta a las ordenes de medicamentos, y su incertidumbre ante el vencimiento de la misma.

3- La falta de incremento del Bono Asistencial- Recreativo,

4.- El no cumplimiento de los Aumentos Salariales Decretados por el Ejecutivo Nacional durante los años 2009 y 2010,

5.- El no pago de los 48 días restantes de los 132 días del aguinaldo complementario de 2.010 y la recurrencia del incremento salarial del 30% en los 132 de aguinaldo complementario del 2.008,

6.- La falta de dotación de Carnet para los jubilados y pensionados;, y.

7- La solidaridad que darán los jubilados y pensionados, al personal activo que viene siendo objeto de terrorismo laboral por parte de las autoridades de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y sus representantes regionales y la solidaridad hacia los 8 directivos del SUONTRAJ, injustamente retirados del servicio en el Poder Judicial, saber. Kennedy Bolívar, (Caracas Este) Alcides Sánchez, (Caracas Civiles) María Esther Santamaría (Anzoátegui Norte), Stevenson Freites, (Altos Mirandinos) Francisco Cermeño (Mérida), Mario Naspe (Anzoátegui Norte), Javier Arvelo (Altos Mirandinos) y Richard Navas (Carabobo) .

Como medidas de carácter inmediato a ejecutar se acordaron las siguientes:

Primero: Convocar a todos los jubilados y pensionados del Poder Judicial, Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Defensa Pública, Inspectoría General de Tribunales, Escuela Nacional de la Magistratura y Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, a una Gran Movilización el próximo miércoles, 7 de abril de 2.010, hacia la Sede Central de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, ubicada en Chacao, estado Miranda, a fin de exigir el pago de todo lo adeudado al personal jubilado y pensionado y personal activo, para protestar pacíficamente por la no desmejora de la Póliza de HCM, para que se restablezca el monto de las ordenes de medicamentos a Bs. 2.500,00, para que sea incrementado de manera significativa el Bono Asistencial - Recreativo a Bs. 1.500,00 por trimestre, para que la DEM cumpla con Decretos Presidenciales de Aumento Salarial de los años 2009 y 2010 y para que se respete la Libertad Sindical y Fuero Sindical en la Administración de Justicia en Venezuela.

Segundo: Mantener en forma permanente informados a los jubilados y pensionados en el ámbito nacional a través de boletines, notas de prensa Blogs del SUONTRAJ, acerca de la marcha de las acciones a ejecutar y en cuanto al cumplimiento de las mismas.

Tercero: Solicitar una Audiencia a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de comunicarle las inquietudes, denuncias, quejas y exigencias de los jubilados y pensionados de la Administración de Justicia.

Cuarto: Apoyar de manera solidaria y militante, las acciones sindicales que el Comité Directivo Nacional y las Seccionales del SUONTRAJ, aprueben en contra de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, por la violación a la Libertad Sindical y la Negociación Colectiva.

Quinto: Dirigir una Casta Abierta al ciudadano Presidente de la República, Presidenta de la Asamblea Nacional, Presidenta del Consejo Moral Republicano y Presidenta y demás Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia

Sexto: Realizar la Convocatoria a la Gran Movilización de Jubilados y Pensionados de la Administración de Justicia de Venezuela, a través de la Prensa Nacional y medios electrónicos de los que dispone el SUONTRAJ.

POR EL COMITÉ DIRECTIVO SECIONAL NACIONAL DE

JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL SUONTRAJ

LIGIA GONZÁLEZ DE RIVAS

PRESIDENTA

IRINA TROCONIS SEC. DE ORGANIZACÓN
IVAN CONCHA SEC. DE FINANZAS
LOAIDA VELAZQUEZ SEC. DE ACTAS Y PROPAGANDA

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Leyenda:

Foto1: Compañera Ligia González de Rivas Presidenta de la Seccional de Jubilados y Pensionados del SUONTRAJ.

Foto 2: De izquierda a derecha: Ivan Concha, Irina Troconis, Ligia González de Rivas y Loaida Velazquez.

Foto 3: De izquierda a derecha: Irina Troconis. Ligia González de Rivas, Luis Galviz, Loaida Velazquez e Ivan Concha.

TERRORISMO LABORAL EN EL PODER JUDICIAL VENEZOLANO EN EL SIGLO XXI

Por: Luis Martín Galviz ^(*)

En términos generales, el terrorismo es el control, la dominación o la explotación que se ejerce con la intención de causar terror (entiéndanse miedo, pánico, angustia. ansiedad o desesperación) en una persona, en un grupo o en una sociedad; a través de cualquier forma de actuación; esas actuaciones pueden aplicarse con mucha sutileza o hasta la vulneración extrema de los derechos de la persona humana, en todo caso, el objetivo es el de producir un daño físico, moral o psicológico; sí el afectado o afectados no son sumisos u obedientes, o sí desacatan las ordenes que le son impartidas por el terrorista.

            También el terrorismo tiene una connotación en el ámbito de los grupos alzados en armas que alegando la reivindicación de un derecho social o político o simplemente en la realización de un crimen individual o colectivo, generan miedo o pánico, en sociedades, como la colombiana, donde los grupos terroristas de narcotraficantes, paramilitares o guerrilleros, mantienen en zozobra a la población civil y angustia constante..

            Una de las modalidades del terrorismo, se da en las sociedades capitalistas, en la lucha de los trabajadores y trabajadoras, por mejores salarios y condiciones de empleo, que expresan las contradicciones obrero – patronales, propias de un sistema de explotación de hombre por el hombre.

Este tipo de terrorismo en el mundo del trabajo, esencialmente es aplicado por los Empleadores Públicos o Privados, en perjuicio de la masa de trabajadores y trabajadoras, que forzados por sobrevivir, deben vender sus fuerzas de trabajo (destáquese sudor, músculos y neuronas), por un mísero salario, a los Capitalistas de Estado o Capitalistas Burgueses y Neoliberales,  que los explotan y dominan.

            El terrorismo laboral en la primera década del Siglo XXI, ha tenido un repunte negativo en las relaciones y políticas laborales, que implementa el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Organismo éste último encargado de administrar, dirigir y gobernar el Poder Judicial en Venezuela.

            A raíz de la puesta en vigencia de una nueva Constitución Nacional, aprobada por la población electoral a través de un referéndum el 15 de diciembre de 1.999; se decretó la supresión del extinto Consejo de la Judicatura, que en vigencia de la Constitución de 1961, y que fuera expresamente derogada con la nueva; era el Organismo que administraba el Poder Judicial.

            Con la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de 1.999, se estableció que la cabeza del Poder Judicial sería el Tribunal Supremo de Justicia, que venía a sustituir a la extinta Corte Suprema de Justicia, y que ejercería el Gobierno, Administración y Dirección del Poder Judicial, por medio de una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que estaría subordinada a las directrices e instrucciones  de ese Máximo Tribunal de la República.

            Durante la discusión de los artículos de la nueva Constitución Nacional, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, electa por el pueblo electoral el 25 de julio de 1.999; en el mes de agosto de ese mismo año, fue emitido un Decreto de Emergencia Judicial, que ordenó la creación de una Comisión de Emergencia Judicial, que ostentó en su momento, poderes públicos supraconstitucionales y además ese Decreto, suspendió la estabilidad laboral de todo el personal judicial, destacándose  jueces y juezas, empleados y empleadas y obreros y obreras, en todo el territorio nacional; de igual modo fueron suspendidos todos los procedimientos conciliatorios y conflictivos, promovidos y en trámite por las Organizaciones Sindicales, en procura de una nueva convención colectiva y mejores reivindicaciones salariales y socioeconómicas para los trabajadores y trabajadoras judiciales.

            La Comisión de Emergencia Judicial, fue integrada por tres Comisionados que a su vez eran miembros de la Asamblea Nacional Constituyente a saber: Dr. Manuel Quijada, Dra. Nelly Morillo y Dr. Elías Portillo; dicha Comisión, asumió las atribuciones constitucionales y legales del extinto Consejo de la Judicatura; y en el tiempo que funcionó fue afectada la estabilidad laboral de más del 50% de los jueces y juezas y de un significativo número de trabajadores y trabajadoras; y con ello se inició un proceso de reestructuración en el Poder Judicial, cuyo principal blanco ha sido la estabilidad laboral.           

            Entre los meses de noviembre y diciembre de 1999, la Organización Sindical SUONTRAJ, desarrolló una huelga, debidamente tramitada por el Ministerio del Trabajo, que tuvo el objetivo de frenar los atropellos a la estabilidad laboral y exigir la discusión de la segunda convención colectiva de trabajo, por parte de la Comisión de Emergencia Judicial y del casi extinto (para la época) Consejo de la Judicatura; el saldo finalizada la huelga fue de dos directivos sindicales destituidos, tres sometidos a procedimientos disciplinarios y algunos trabajadores despedidos de sus cargos.

            De lo narrado hasta el momento, se desprende que desde mediados de 1999 y al inicio del año 2000, la flexibilización de la estabilidad laboral del personal judicial, ha sido uno de los principales objetivos de las Altas Autoridades Judiciales o Patronal Judicial, y desde ese tiempo ha sido la más relevante, significativa y terrorista amenaza que ha pesado sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras judiciales y de los sindicatos progresistas del Sector Justicia, como el SUONTRAJ.

            Ya estando en plena vigencia la nueva Constitución Bolivariana de 1.999, se puso en funcionamiento, por mandato de una de sus Disposiciones Transitorias, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, presidida por el Dr. Manuel Quijada; esa Comisión sustituyó de manera provisional al extinto Consejo de la Judicatura, hasta tanto el Tribunal Supremo  de Justicia creare su Dirección Ejecutiva de la Magistratura; asimismo, la Comisión continúo con la política de flexibilización laboral iniciada por la Comisión de Emergencia Judicial; y a través de una resolución de fecha 08 de Marzo de 2.000, ratificó de nuevo la suspensión de la estabilidad laboral del personal tribunalicio y de todo proceso en curso de negociación colectiva.

            Contra la resolución dictada por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, el SUONTRAJ, interpuso un Recurso de Amparo Constitucional, por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el cual fue declarado SIN LUGAR, lo que dejó en pleno vigor la suspensión de la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras judiciales; y por supuesto hubo continuación de retiros y despidos, alegándose la reestructuración del Poder Judicial, ejecutados por la Comisión Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.

           

Con fecha 15 de Agosto de 2.000, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, aprobó la creación de su Dirección Ejecutiva de la Magistratura, y fue nombrado al frente de la misma, el varias veces mencionado Dr. Manuel Quijada, como Coordinador General de la misma; es importante resaltar que luego de la puesta en funcionamiento de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la política de inestabilidad laboral persistió, y la base laboral y los sindicatos progresistas estuvieron impedidos legalmente de iniciar procesos de huelgas o conflictivos, dada la suspensión de la estabilidad laboral y de la negociación colectiva.

            Para el mes de abril de 2.001, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, designó una nueva Coordinación de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura colegiada, integrada por un Coordinador General y dos Coordinadores, de nombres: Dr. Rafael Roversi Thomas, como Coordinador General y Lic. Abraham Pineda Bello y Dr. Elías Cordero, como Coordinadores; y a su vez la Sala Plena Decretó un nuevo proceso de Reestructuración en el Poder Judicial Venezolano.

            En ese año 2.001, las Organizaciones Sindicales SUONTRAJ y SUNEP-JUDICATURA, entre el mes de julio y agosto, iniciaron una huelga indefinida, que culminó con un Acta de Acuerdos el 14 de agosto de ese año; pero  con el descuento de una quincena de salarios a todos los trabajadores y trabajadoras judiciales que participaron en la huelga declarada por los sindicatos promoventes de la misma.

            Se resalta que todos los acuerdos suscritos fueron de manera deliberada incumplidos por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, y como retaliación en contra de los trabajadores y trabajadoras judiciales que intervinieron el proceso huelgario, para el mes de septiembre de 2.001, luego de las Vacaciones Judiciales, el Coordinador General de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, despidió en un mismo día a Un Mil Doscientos Setenta y Cinco (1.275) trabajadores y trabajadores judiciales, a toda la Junta Directiva de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores Tribunalicios (FENATRAT) y solicitó la calificación de despido de todos los miembros principales y suplentes de las directivas de los sindicatos SUONTRAJ y SUNEP-JUDICATURA.

            Como consecuencia de esas actuaciones de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, quedó evidenciada la política de flexibilización y de terrorismo laboral, iniciada a finales de 1.999, en contra de los trabajadores y trabajadoras judiciales de Venezuela, lo cual produjo una inmovilización por el temor a ser despedidos o vulnerados en sus ingresos salariales; y la arremetida en contra de las organizaciones sindicales ha sido ejercida sin respeto alguno a la libertad sindical y al fuero sindical, en momentos solapada y en momentos abierta y descarada.

            Luego del golpe de estado de fecha 11 de Abril de 2.002, en contra del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, designó a la Magistrada Dra. Yolanda Jaimes Guerrero, como Coordinadora General Ad Honoren de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y como Coordinador al Dr. Rafael Ricardo Jiménez Dan; en el período que va desde la designación de la mencionada Magistrada y hasta su sustitución por el ex magistrado destituido Luis Velazquez Alvaray, hubo una relativa “paz laboral” y un moderado respeto hacia la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras judiciales y hacia los sindicatos del sector, pues en ese período la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, accedió a la instalación de la Comisión Negociadora de la Segunda Convención Colectiva por ante el Ministerio del Trabajo, con las organizaciones sindicales; lo cual abarcó el lapso de tiempo antes señalado.

Resulta importante destacar la actitud conciliadora de parte de la Dirección Ejecutiva de a Magistratura, generada desde su Dirección General de Recursos Humanos, encabezada por el Dr. Roberto Soto Hunnicut.

La mencionada, entre comillas “paz laboral”, duró hasta el 09 de junio de 2.005, fecha en la que se suscribió la Segunda Convención Colectiva de Trabajo del Poder Judicial, en un acto celebrado en el patio central de la sede la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

La llegada de nuevas autoridades a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en febrero de 2.005, también trajo consigo el flagelo de la corrupción administrativa, reflejada en las negociaciones y compra venta de terrenos con la excusa de la construcción de ciudades judiciales en todo el territorio nacional, lo cual de manera oportuna y con pruebas fue denunciado públicamente por la Organización Sindical SUONTRAJ, todo ello a la postré generó la intervención del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, del Consejo Moral Republicano, de la Fiscalía General de la República y de la Asamblea Nacional, que arrojó la destitución del Director Ejecutivo de la Magistratura ex magistrado Luis Velazquez Alvaray, para principios del año 2.006.

Sin embargo a raíz de las denuncias formuladas por el SUONTRAJ, se evidenció una política antisindical contra sus directivos y afiliados, por agentes del ex magistrado destituido, que hasta bien avanzado el año 2.006, se mantuvieron (se mantienen) en posiciones de poder importante dentro de la estructura administrativa y jurisdiccional del Poder Judicial en Venezuela; y atrincherados en esas posiciones arremeten en contra de las organizaciones sindicales como el SUONTRAJ, puesto que para esos agentes es un enemigo a derrotar, en vista del ejercicio del derecho de Contraloría Social, que en forma permanente realiza este sindicato de trabajadores judiciales.

A partir del mes de abril de 2.006, fue nombrado el Magistrado Marcos Tulio Dugarte, como nuevo Director Ejecutivo de la Magistratura, y aún y cuando se pensó que cesarían las prácticas antisindicales profundizadas en perjuicio del SUONTRAJ, por la administración anterior; las mismas no solo se mantuvieron incólumes, sino que fueron arreciadas, con la apertura de dos procedimientos disciplinarios y el retiro y remoción de un directivo del SUONTRAJ, en el mes de mayo de 2.006, por reducción de personal.

Para el mes de noviembre de 2.006, el Magistrado Marcos Tulio Dugarte, fue sustituido en el puesto de Director Ejecutivo de la Magistratura, por el Econ. Cándido Pérez Contreras, quien se mantuvo en ese cargo hasta el 02 de abril del 2.008, dado que su nombramiento fue dejado sin efecto por la sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; y en su lugar fue designado el abogado Francisco Ramos Marín, actual Director Ejecutivo de la Magistratura.

El año 2.008, estuvo marcado, por el insurgir de una nueva generación de trabajadoras y trabajadores judiciales, casi todos con ingreso en la primera década del Siglo XXI, pero también a la par la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, reinició las prácticas antisindicales de manera frontal contra el SUONTRAJ y sus afiliados y afiliadas, en el ámbito de todo el territorio nacional.

Durante este año 2008, se dio un evento importante, que a su vez desenmascaró las verdaderas posiciones anti;  trabajadores y anti trabajadoras judiciales por parte del Empleador; para el día 09 de abril de 2.008, a instancia de las autoridades de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, se llevó a cabo una reunión entre todas las organizaciones sindicales que hacen vida en el Poder Judicial y las máximas autoridades de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en la que ésta última asumió relevantes compromisos en beneficio de la clase trabajadora del Poder Judicial; pero no había transcurrido un mes, desde la firma de los acuerdos, y ya el propio Director Ejecutivo de la Magistratura en fecha 13 de mayo de 2.008, anunciaba el incumplimiento de los mismos, en una reunión convocada en la sala de plenarias de ese organismo.

De inmediato el SUONTRAJ, convocó entre mayo y junio, a todos los trabajadores y trabajadoras para que participarán en Asambleas Seccionales de Protesta, por los incumplimientos a los acuerdos del acta de fecha 09 de abril de 2.008; lo que devino en un conflicto colectivo de carácter nacional; que obligó a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, realizar un importante pago a todos los trabajadores, que satisfizo en parte las urgencias económicas de los trabajadores y trabajadoras judiciales; no obstante las graves irregularidades administrativas en la que incurrió la patronal judicial, en el manejo de un crédito adicional aprobado por la Asamblea Nacional el 02 de Abril de 2.008.

Para finales del mes de noviembre de 2.008, las organizaciones sindicales del sector judicial, fueron convocadas a una reunión donde se informó que no había dinero para el pago de los aguinaldos y el aumento del 30% Decretado por el Ejecutivo Nacional; el SUONTRAJ, al salir de esa reunión efectuó un llamado de alerta a los trabajadores, y de seguido convocó a las bases a protestar tal desmejora salarial y socioeconómica, lo cual tuvo una acogida por parte de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito nacional; siendo su punto más culminante el 04 de diciembre de 2.008, en la toma pacifica realizada por los trabajadores y trabajadoras judiciales de la región capital, a la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que la obligó a la firma de un acta en la que se comprometió al pago de lo adeudado.

Sin embargo el año 2.009, arrancó en preconflicto.

El año 2.009, fue el año en que el SUONTRAJ denunció a la Dirección Ejecutiva  de la Magistratura por ante el Consejo Moral Republicano, y como en el 2.005 y 2006, la respuesta, ha sido arreciar las prácticas antisindicales en contra del SUONTRAJ, sus directivos nacionales, seccionales y afiliados y afiliadas.

Por su parte la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en una clara maniobra de amedrentamiento en fecha 18 de marzo de 2.009, dictó una Resolución que decreta la Reestructuración Integral del Poder Judicial, como cortina de humo, para minimizar el accionar sindical del SUONTRAJ y para continuar con la política de flexibilización laboral en el Poder Judicial.

Contra ese injusto proceso de reestructuración se han interpuestos recursos de reconsideración  y de amparo, los cuales no han sido debidamente respondidos; asimismo, cursa una Queja por ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, en contra de las violaciones a la libertad sindical y la negociación colectiva en el Poder Judicial Venezolano .

Entre el mes de julio de 2.009 y lo que va del año 2.010, cerca de 500 trabajadores y trabajadoras judiciales han perdido sus puestos de trabajo y 9 directivos sindicales han sido despedidos y el resto se encuentran amenazados; lo cierto del caso es que la principal estrategia para evitar que los trabajadores y trabajadoras judiciales se movilicen por sus derechos y en defensa a su estabilidad laboral, ha sido la práctica de un terrorismo laboral aplicado de manera sistemática por parte de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

La práctica del terrorismo laboral, por parte de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, busca la dominación mediante el miedo, pánico, ansiedad desesperación y en definitiva el terror que se evidencia ante la amenaza de perder el trabajo por aplicarse la reestructuración decretada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia

            El terrorismo laboral en el Poder Judicial Venezolano, es sistemático y en ocasiones cíclico, siempre aplicado con la intencionalidad de inmovilizar a los trabajadores y trabajadoras judiciales, a través de la amenaza constante por parte los jefes de despachos judiciales (Presidentes de Circuitos, Jueces Rectores, Jueces Coordinadores y Jueces) de despidos y apertura de procedimientos disciplinarios por motivos desproporcionados e injustificados.

Se obliga a los trabajadores y trabajadoras judiciales, a condición de no ser despedidos a  mantener un comportamiento según los requerimientos de los jefes de despachos judiciales, y no necesariamente en procura de brindar un buen servicio al público usuario de la administración de justicia.

 De acuerdo algunos estudios del Terrorismo Laboral, éste puede causar un estrés que puede derivar en enfermedades ocupacionales y en algunos casos la muerte del trabajador y trabajadora:

Los trabajadores y trabajadoras judiciales, en las siguientes situaciones son más propensos a dejarse someter o dominar por parte de algún Jefe de Despacho Judicial:

a)      Trabajadores y Trabajadoras Judicial cuya única fuente de ingresos se encuentre en el trabajo que ejecuta,

b)      El número de personas dependientes económicamente del trabajador o trabajadora judicial

c)      Los casos de trabajadores y trabajadoras judiciales, cuya edad este por encima de 35 años de edad, el nivel académico sea bajo o preexista algún problema de índole psicológico o psiquiátrico.

d)     Aquellos trabajadores y trabajadoras judiciales que presenten una autoestima baja

e)      Los trabajadores y trabajadoras judiciales, que sufran de alguna enfermedad, como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, entre otras enfermedades.

f)       Los Trabajadores y Trabajadores en situación de contratados a tiempo determinado o contratados por honorarios profesionales o suplentes.

g)      Los trabajadores y trabajadores, que estén pagando un crédito hipotecario o créditos de otra naturaleza.

h)       Los Trabajadores y Trabajadores Judiciales que sean el único sostén de hogar y jefes de familia.

i)        Trabajadores y Trabajadoras Judiciales, cuyo trabajo en el Poder Judicial, sea su primer empleo.

j)        Los trabajadores y trabajadoras judiciales no sindicalizados o no sindicados.

k)      Los trabajadores y trabajadoras judiciales próximos a cumplir el tiempo a ser jubilados de derecho.

Corolario, es importante decir, que los trabajadores y trabajadoras judiciales juntos con las organizaciones sindicales a las que estén afiliados y afiliadas,  deben hacer un frente común a fin de detener la Política Sistemática de Terrorismo Laboral que aplica la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, para ello en primer lugar deben sindicarse sí aún no lo han hecho y en segundo lugar participar en forma proactiva y activa en las acciones sindicales que se convoquen en todo el territorio nacional.

^{(*) Abogado, Trabajador Social, Presidente del SUONTRAJ,}

    ^{Coordinación de la Red Andina de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales.}

Exigen el pago de deudas pendientes: Trabajadores tribunalicios amenazan con irse a paro.

            

Valencia, febrero 4 (Angélica Vásquez).- Los trabajadores activos y jubilados de los tribunales del estado Carabobo exigen a las autoridades de la magistratura pronunciarse respecto a la cancelación de las deudas pendientes, de lo contrario, amenazaron con iniciar un paro de actividades en los próximos meses.

El presidente del Sindicato Unico Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj) seccional Carabobo, Gilberto Ojeda, señaló que durante una asamblea realizada este jueves se acordó elevar ante la dirección administrativa un comunicado solicitándole una explicación sobre la situación.

"De no obtener una respuesta instaremos ante los representantes sindicales a nivel nacional, introducir un pliego conflicto", expresó.

Ojeda informó que entre las deudas contraídas se encuentran el pago del aumento salarial decretado en mayo de 2009, la cancelación de los 48 días restantes del bono navideño, la firma del contrato colectivo. Además pedirán información respecto al HCM, cuyo contrato se vence el 31 de marzo.

Por su parte, el secretario de cultura nacional de la seccional de jubilados del Suontraj, Argenis Acuña, manifestó que el grupo lucha porque se les reconozcan los mismos beneficios de los activos, como lo es el bono salud, en sustitución de las cesta tickets.

"Además le insistiremos a la organización sindical que asuma el reto de la lucha de nuestras reivindicaciones", dijo.

En cuanto al desarrollo de las actividades judiciales ante la implementación del nuevo horario de trabajo, ordenado por el Gobierno nacional, Ojeda resaltó que esta medida está generando retrasos en los procesos.

"Este plan preventivo esta retrasando más los procesos, porque es imposible satisfacer las necesidades en cinco horas, por más que uno coordine el trabajo", indicó.

Además, destacó que esta normativa ha traído como consecuencias que se apliquen medidas de presión sobre los funcionarios y empleados tribunalicios.

"Según la circular número 010-2010, emitida por las autoridades del Poder Judicial en Carabobo, los funcionarios que ingresen después de las 7:59 de la mañana, deberán dirigirse a sus supervisores inmediatos, quienes decidirán las acciones del caso; lo que ha generado presión en el ambiente laboral", mencionó.

FUENTE: NOTITARDE.COM

FOTO: CARLOS DÍAZ

LUIS GALVIZ, PRESIDENTE NACIONAL DEL SUONTRAJ, DENUNCIA ARBITRARIEDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA

JUSTICIA DAMNIFICADA

Los usuarios deben soportar horas de colas y hacer frente a las malas condiciones de los tribunales penales, civiles y mercantiles

Por: Carlos Crespo

Fotos por: Saúl Uzcátegui Colas de cuatro y cinco horas para hacer un trámite ante los tribunales, paredes en franco deterioro, cableados que cuelgan y se convierten en un peligro para los usuarios y baños inutilizables son problemas que parecen afectar a quienes acuden al Palacio de Justicia y los tribunales ubicados en la esquina de Pajaritos. El que transite por los tribunales penales ubicados en la esquina de Cruz Verde podrá ver una larga cola que recorre varios metros en las afueras del Palacio de Justicia. Se trata de usuarios o familiares de personas privadas de libertad que deben esperar hasta cinco horas para realizar cualquier trámite ante los tribunales. Muchos relatan que luego de perder su día en esta cola (algunos llegan antes de las seis de la mañana) se les indica que el tribunal no tiene despacho esos días. El deterioro de la infraestructura es evidente pues presenta filtraciones, problemas eléctricos ocasionales, no funciona el aire acondicionado, los baños destinados a los usuarios están en malas condiciones y las escaleras mecánicas están paradas desde hace meses. Es importante recordar que la estructura nunca fue culminada por lo que sólo funciona la torre Cruz Verde de la edificación. La torre Camejo, que debía integrar el complejo, permanece inconclusa desde 1992. La estructura de Ciudad Lebrún en Petare, comprada por el Estado en BsF. 50 millones, debía albergar a la sede de estos tribunales. Sin embargo, hoy funciona como almacén de algunos activos del Poder Judicial tras las denuncias de corrupción en su compra y la determinación de que la sede no es apta para albergar a los tribunales. En los tribunales de Pajaritos la situación es muy parecida. Para llegar a los pisos superiores sólo se dispone de un ascensor que únicamente se detiene en el piso 14. Esto causa que tanto usuarios como trabajadores deban esperar un promedio de media hora para llegar a su destino, molestia que se incrementa si luego se debe subir por las escaleras hasta los pisos superiores. Quienes se dirigen a la Defensoría del Niño y el Adolescente ubicada en el piso 19 podrán apreciar el cableado colgando del techo de la estructura, igualmente encontrarán los baños en un estado inutilizable. En el piso 20 y 21 se puede apreciar los restos de la mudanza de los tribunales civiles hacia el Complejo Simón Bolívar; mobiliario amontonado, filtraciones y los cables eléctricos casi tocando el suelo. Mientras que en el piso 22, ya sin ningún uso, se pueden encontrar torres de expedientes en las que difícilmente se pueda dar con los documentos que se busca. LA OTRA CARA: TRIBUNALES LOPNA Situación distinta es la de los tribunales de menores y adolescentes inaugurados en 2005, ubicados en la esquina de Ibarra a Maturín. Quien ingrese a estas dependencias para hacer alguna diligencia o revisar algún expediente se encontrará, incluso, con aire acondicionado. A diferencia de los casos anteriores existe un sistema numerado electrónico, similar al usado en las instituciones bancarias, para atender a las personas, lo que permite que se pueda acceder a un expediente en cuestión de minutos. Igualmente, el personal se muestra atento a las preguntas de quienes llegan hasta la sede. Los tribunales contencioso-administrativos ubicados en la torre Impres en Chacao también ofrecen otra cara. Aunque no disponen de aire acondicionado, el acceso a estos es rápido, igualmente se puede revisar el archivo con facilidad. Sin embargo, los trabajadores han presentado quejas por el calor, mientras que algunos usuarios denuncian cobros excesivos por parte de los alguaciles para las notificaciones. De acuerdo con las denuncias, estos funcionarios cobran sumas exageradas por el concepto de traslado y no existe ningún tipo de control sobre los mismos, situación que se repite en los tribunales civiles. TRIBUNALES EN CONSTRUCCION *A pesar del estado de la infraestructura del Poder Judicial en el presupuesto del 2010 aprobado por la Asamblea Nacional tan sólo se contemplan 9.799.492 millones de bolívares fuertes para la “modernización de las dependencias judiciales y DEM central”. Esto contrasta con los 36.997.695 millones asignados para la adecuación de la infraestructura física y tecnológica del Tribunal Supremo de Justicia. *En septiembre de 2005 el entonces presidente de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), Luis Velásquez Alvaray, anunció el traslado de todos los tribunales a la denominada “Ciudad Lebrún”. Se trataba de un gran complejo que de acuerdo con el ex magistrado facilitaría diseñar “una estructura modular que nos permita crecer durante 100 años”. Sin embargo, en abril de 2006 el entonces titular del Ministerio de Interior y Justicia, Jesse Chacón, denunció irregularidades por varios millones de bolívares fuertes en la compra del terreno y del edificio. Velásquez Alvaray salió del país y fue destituido en junio de ese año. Hoy pesa una orden de aprehensión en su contra por delitos contemplados en la Ley Contra la Corrupción. *Varios han sido los amagos para trasladar los tribunales a otras edificaciones. Cuando el TSJ era presidido por Ivan Rincón Urdaneta esta institución adquirió el edificio Karam ubicado en la avenida Urdaneta, pero poco después se desechó la idea. Posteriormente se compró el edificio Metro Olimpo ubicado en Chacao al que tampoco fueron trasladados los tribunales. FUENTE: DIARIO TALCUAL

Suprimen un departamento entero en la DEM

Nombran a directivos de la instancia que administra los fondos del Poder Judicial

Un mes después de que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales, calificara de "superpoblada" a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), en ese organismo se vienen adoptando medidas para hacerlo más ágil y eficiente. 

Ayer, el coordinador general del organismo, Gustavo Valero, les notificó a los ma´s de 50 trabajadores que laboran en la Dirección General de Regiones que ese departamento sería suprimido, pues se había convertido en una alcabala entre las oficinas regionales y la sede central. 

La noticia generó preocupación entre los empleados, afirmó Luis Galviz, presidente del Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj), quien no obstante indicó que Valero les garantizó a los afectados que no serán despedidos, sino que serán reubicados en otras dependencias. 

No obstante esta promesa el dirigente sindical señaló que estarán alertas, pues "no vamos a aceptar traslados arbitrarios, sino que tienen que ser en cargos y remuneraciones similares y en el mismo ámbito geográfico". 

Precisó que el martes los trabajadores serán notificados sobre cuál será su nuevo destino. 

Hasta la fecha más de un centenar de empleados administrativos han sido removidos en el marco de la reestructuración del Poder Judicial decretada por el TSJ en marzo pasado. La inmensa mayoría de los afectados no era personal fijo y no se le renovó el contrato. 

Cubriendo vacantes Los cambios en la DEM no se limitan a los niveles medios, sino también a la directiva. En la GACETA OFICIAL de este 17 de noviembre se anunció que el jefe de Recursos Humanos, Gustavo Valero, asumirá la Coordinación General y su puesto anterior será ocupado por Jesús Codecido. 

Por su parte, la hasta ahora directora de Administración, María Davalillo, se encargará de una de las coordinaciones, lo mismo que el actual director de Infraestructura, Angel García.

Francisco Ramos continuará al frente de la DEM.

Juan Francisco Alonso

EL UNIVERSAL

El día 19 de Noviembre de 2.009, en el estado Trujillo falleció la Compañera MARINA ROJAS, quien en vida era madre de nuestra compañera Ivonne Moncada Rojas, actual Secretaria de Organización de la Seccional Trujillo del SUONTRAJ.

LA FISCALÍA DEBE INVESTIGAR A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, POR DECISIÓN DEL CONSEJO MORAL REPUBLICANO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. ADJUNTO OFICIO DEL 29/04/2009 DEL CONSEJO MORAL REPUBLICANO. (ver foto)

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EN LA CASA DE LA JUSTICIA DE VENEZUELA SE COMETEN GRANDES INJUSTICIAS EN CONTRA DE LOS TRABAJADORES Y SUS DIRIGENTES

CDN.- La Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) del Tribunal Supremo de Justicia, mantiene su política sistemática de TERRORISMO LABORAL y de PRÁCTICAS CAPITALISTAS Y NEOLIBERALES en contra de las trabajadoras y los trabajadores de la Administración de Justicia en la República Bolivariana de Venezuela.

Este Organismo Público, que sustituyó al otrora Consejo de la Judicatura, encargado de administrar y manejar cerca del 83% del Presupuesto de todo el Poder Judicial, se ha convertido en estos tiempos en una Caja Negra, se sabe de muchas tropelías y malos manejos de los fondos que administra, que son conocidos por algunos magistrados y magistradas del propio seno de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, quienes en vez de actuar diligentemente en salvaguarda del Patrimonio Público del Poder Judicial, con su silencio parecieran, hacer caso omiso a la grave situación interna, que en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura existe y es protegida desde las altas esferas del Poder Judicial, y hasta la Fiscalía General de la República, no profundiza en las investigaciones que debe cumplir a propósito de la Denuncia formulada por el SUONTRAJ ante el Consejo Moral Republicano en fecha 16 de Enero de 2.009, y que le fuera remitida a ese Despacho Fiscal, y que es del conocimiento de la Fiscalía 50º en materia contra la Corrupción con sede en Caracas.

Mientras lo anterior ocurre en la OSCURA Y NEGRA CASA DE LA JUSTICIA DE VENEZUELA, ES DECIR EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA; el SUONTRAJ y el SUNEP-JUDICATURA, son atacados por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura con Prácticas Antisindicales como el despido injustificado y arbitrario de los compañeros: KENNEDY BOLÍVAR, ALCIDES SÁNCHEZ, MARÍA ESTHER SANTAMARÍA, STEVENSON FREITES, FRANCISCO CERMEÑO y MARIO NASPE, y la persecución disciplinaria y penal al compañero GILBERTO OJEDA, todos directivos del SUONTRAJ; y a los compañeros RICHARD RODRÍGUEZ y JUAN MARCANO, del SUNEP-JUDICATURA, se les despidió sin justa causa; y todo esto con la intención de silenciar las voces sindicales que denuncian las irregularidades que se han cometido y se siguen cometiendo en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Sí la Fiscalía General de la República investigara las contrataciones que en materia de infraestructura, adquisición de mobiliario y reparaciones de sedes, realiza la DEM, se encontraría con situaciones, donde se debe hacer justicia de manera urgente.

Sí la Fiscalía General de la República, investigara cómo la DEM administró 514 Millones de Bolívares Fuertes, que a través de un Crédito Adicional  aprobó el 03 de abril de 2.008, la Asamblea Nacional, en la que la Dirección General de Recursos Humanos sometió a la aprobación dos Puntos de Cuenta de la Máxima Autoridad de la DEM, en el que primero se acordó el pago de un AUMENTO ANTICIPADO por la cantidad de Bs. 11.500, para cada uno de los 29.351 de los trabajadores de la DEM y Poder Judicial (Activos), para un total según pagado de Bs. 337.582.5000; en el segundo ese mismo aumento anticipado, para el 88,06% de los trabajadores a los que le fue pagado, una gran parte le fue bonificado; es decir convirtieron un AUMENTO SALARIAL pagado por anticipado en Bono Sin Incidencia Salarial, y de esa gran cantidad de dinero NO HUBO descuento por concepto de Caja de Ahorros, Ley del Seguro Social Obligatorio, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley de Política Habitacional ni Ley de paro Forzoso; se encontraría con situaciones, donde se debe hacer justicia de manera urgente.

Sí la Fiscalía General de la República, investigara cómo ha aumentado el patrimonio personal y familiar de algunos funcionarios públicos que administran, los dineros del Poder Judicial, luego de su ingreso a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, se encontraría con situaciones, donde se debe hacer justicia de manera urgente.

Sí la Fiscalía General de la República, investigara cómo han sido las contrataciones de los seguros de HCM, Vida, Accidentes Personales y Vehículos; se encontraría con situaciones, donde se debe hacer justicia de manera urgente.

Sí la Fiscalía General de la República, simplemente preguntara e investigara el número de trabajadores, con el que la DEM soporta las solicitudes de Presupuesto Ordinario, Créditos Adicionales, Contrataciones de Pólizas de HCM, Vida y Accidentes Personales, Cesta Tiques, Uniformes, Fiestas Infantiles, Planes Vacaciones entre otros, se encontraría con situaciones, donde se debe hacer justicia de manera urgente

Sí la Fiscalía General de la República, solo investigara a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura,se encontraría con situaciones, donde se debe hacer justicia de manera urgente

Mientras tanto, el SUONTRAJ seguirá ejerciendo el Derecho Constitucional de CONTRALORÍA SOCIAL sobre la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, pues como dice el Señor Contralor de la República Bolivariana de Venezuela, CONTRALORES SOMOS TODOS.

Asimismo, exigimos el INMEDIATO REENGANCHE Y EL PAGO DE LOS SALARIOS CAÍDOS de los Compañeros:  KENNEDY BOLÍVAR, ALCIDES SÁNCHEZ, MARÍA ESTHER SANTAMARÍA, STEVENSON FREITES, FRANCISCO CERMEÑO y MARIO NASPE, el cese de la persecución disciplinaria y penal al compañero GILBERTO OJEDA, todos directivos del SUONTRAJ; y de los compañeros RICHARD RODRÍGUEZ y JUAN MARCANO del SUNEP-JUDICATURA.

LA DIRECCIÓN EJECUTVA DE LA MAGISTRATURA CONTUMAZ ANTE CONVOCATORIA DEL MIN. PP. DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

CDN.- Por segunda vez la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, en su condición de ente empleador o patrono, no acata la convocatoria efectuada por la Dirección de Mediación, Conciliación y Arbitraje del Ministerio del Poder Popular del Trabajo y Seguridad Social, al  no asistir , sin presentar excusa alguna a la segunda reunión para la instalación de una Mesa Dialogo, ordenada por la propia Ministra del Trabajo Socióloga María Cristina Iglesias; por lo que el SUONTRAJ, pidio que en caso de que no asista a la tercera reunión convocada para este próximo 23 de noviembre, se apliquen los correctivos a los que hubiere lugar.

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NOTA DE CONDOLENCIA

SINDICATO UNITARIO ORGANIZADO NACIONAL

DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(SUONTRAJ)
COMITÈ DIRECTIVO NACIONAL

Las y Los Miembros del Comité Directivo Nacional,
Comités Directivos Seccionales, Consejo de Vigilancia y Disciplina,
Delegados, Delegadas y Afiliados y Afiliadas al SUONTRAJ

Manifestamos nuestro más sentido pesar
ante la desaparición física de la Señora:


MARÍA ELOINA HERNÁNDEZ DE LACRUZ

(Q. E. P. D)


Quien en vida era Madre de la Doctora Reina Lacruz Hernández, cónyuge de nuestro compañero Francisco Efren Cermeño Zambrano, Secretario de Cultura y Formación del Comité Directivo Nacional y Secretario de Organización de la Seccional Mérida de esta Organización sindical.

A sus familiares, deudos y amigos y amigas,
les extendemos nuestras más sentidas palabras de
condolencia y solidaridad, ante el dolor por
esta sensible e irreparable pérdida

Paz a su alma.

Caracas, 08 de Noviembre de 2.009

COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL ADMITIÓ QUEJA, PRESENTADA POR SUONTRAJ CONTRA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA. DECLARA LUIS GALVIZ, PRESIDENTE DEL SUONTRAJ.

LUIS GALVIZ, PRESIDENTE NACIONAL DEL SUONTRAJ

DECLARACIONES DE KENNEDY BOLÍVAR, PRESIDENTE SECCIONAL CARACAS ESTE DEL SUONTRAJ

1ER. ENCUENTRO ANDINO DE SINDICATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ISP, RECHAZA VIOLACIONES A LA LIBERTAD SINDICAL EN VENEZUELA, COLOMBIA, PERÚ, ECUADOR

COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL DE LA OIT REQUIERE AL GOBIERNO DE VENEZUELA QUE INFORME ACERCA DE VIOLACIONES A LA LIBERTAD SINDICAL.

CDN.- El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), admitió la QUEJA que fuera presentada por el SUONTRAJ, en fecha 05 de Octubre de 2.009, asignándo Número de Caso 2736.

De acuerdo a la Comunicación TUR 1-63-34 fechada el 8 de octubre de 2.009, y recibida en la Sede Nacional del SUONTRAJ en el día 28 de Octubre de 2.009, se informó que el Comité de Libertad Sindical, ya le ha solictado al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que comunique a ese Comité con toda la urgencia su observaciones, de la denuncias interpuestas por el SUONTRAJ, contra la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia.

SUONTRAJ: EXIGE CESTAS NAVIDEÑAS, PARA TODOS LAS Y LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÒN DE JUSTICIA.

SINDICATO UNITARIO ORGANIZADO NACIONAL
DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(SUONTRAJ)
COMITÈ DIRECTIVO NACIONAL

Las y Los Miembros del Comité Directivo Nacional,
Comités Directivos Seccionales, Consejo de Vigilancia y Disciplina,
Delegados, Delegadas y Afiliados y Afiliadas al SUONTRAJ

Manifestamos nuestro profundo pésame

ante el fallecimiento el día 16 de Octubre de 2.009,

de nuestro Compañero :


FRANCISCO SALAZAR FARIAS
(Q. E. P. D)


Quien en vida fue miembro fundador de esta Organización Sindical y estaba JUBILADO del cargo de ASISTENTE DE TRIBUNAL del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

A sus seres queridos, familiares deudos, ex- compañeros de trabajo,

y amigos y amigas, les extendemos nuestras palabras

de condolencia y solidaridad, ante el sentimiento por

esta lamentable e irreparable pérdida

Paz a su alma.

Caracas, 01 de Noviembrede 2.009