Prisiones de Venezuela son una bomba de tiempo

La mitad de mí, ya está muerto. O morimos en la calle o aquí en el penal. Estamos resteados a dar la lucha hasta el final para que nos respeten como seres humanos. Hemos cometido muchos delitos, es verdad, pero también queremos pagar nuestra culpa y enmendarnos. La huelga de las nueve prisiones es una muestra de lo que puede venir si las autoridades no cumplen con sus deberes y lo que nos han prometido”.

Con la mano derecha sosteniendo una bolsa de colostomía producto de una herida de bala en el estómago, y en la otra mano una pistola 9 mm, “Jerson”, preso desde hace tres años en el penal de Tocorón, en el estado Aragua, por asalto a mano armada, no hace más que alertar que una bomba de tiempo está a punto de estallar si los 43.461 internos que se encuentran tras las rejas en los 33 penales dependientes del Ministerio del Interior y Justicia y varios retenes policiales, no reciben la atención que ellos y sus familiares vienen pidiendo, a gritos, desde hace mucho tiempo.

“El problema penitenciario en Venezuela no tiene ni ha tenido una política de Estado coherente y definida consensualmente, por eso las cárceles operan más como instrumentos de destrucción física y moral, que como espacios para la enmienda y reconstrucción espiritual del recluso. No tenemos cárceles sino horrorosos lugares de expiación”, sostiene Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Prado, un ex recluso y ahora director de dicha Organización no Gubernamental (ONG), aseguró que “lamentablemente en el país no hay un sistema penitenciario definido”.

“No estamos pidiendo como cárcel modelo un cómodo y confortable hotel, exigimos para nuestro país la sustitución de esas mazmorras por locales higiénicos, construidos bajo estándares internacionales”, explicó.

Gilber Caro, Coordinador Nacional de las Redes Penitenciarias de Voluntad Popular, coincide con Humberto Prado en el sentido de que desde su punto de vista, el Gobierno no le presta la atención requerida a los privados de libertad.

“Las prisiones no deben ser sólo espacios donde se concentren como animales a las personas que cometieron delitos, por el contrario, El Estado está en la obligación de garantizarle al interno seguridad, salud y educación y una efectiva y justa aplicación de la justicia para que el recluso, al cumplir su pena, pueda reinsertarse en la sociedad”, explicó Caro, quien, al igual que Prado, también estuvo preso y cumplió condena de 10 años.

Diagnóstico. Para Prado y Caro, los males tradicionales de los penales son: La ausencia de clasificación y agrupación de la población reclusa, el retardo procesal, la falta de oportunidades de trabajo y de estudio.

También la extorsión de la que son víctimas por parte de las autoridades penales y de la Guardia Nacional (GN), una precaria alimentación, ausencia de asistencia médica de calidad y oportuna, ausencia de actividades deportivas, recreativas y culturales.

También la falta de una infraestructura física con un mínimo de habitabilidad, una gigantesca dilación procesal, la violencia intracarcelaria, tráfico y consumo de drogas, posesión de armas de fuego y poderosos artefactos bélicos como granadas.

Reflexión. Para Marino Alvarado, director de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), todas las políticas y planes diseñados para atender la problemática carcelaria, no han dado resultados.

“Esto debe llamar a la reflexión del Gobierno para que haga una evaluación profunda de todas sus políticas implementadas. Además debe cumplirse con el mandato de la Constitución que establece la descentralización en materia carcelaria”, explicó Alvarado.

Del mismo modo, sostuvo que el problema carcelario debe abordarse de manera integral, comprometiendo en ello al Poder Judicial y al Ministerio Público.

“En los últimos años, las reformas del Código Orgánico de Procedimiento Penal (Copp), se han orientado a restringir el juzgamiento en libertad. Yo creo que se debe legislar de tal manera que se pueda aplicar el principio que establece este código para que quienes cometan delitos de menor gravedad, puedan ser juzgados en libertad”, precisó.

Alvarado está convencido que si el Gobierno decide disminuir de inmediato el hacinamiento de reclusos, puede bajar drásticamente la violencia en las prisiones.

Además, cree que ya es hora de que la GN sea retirada de la custodia de las cárceles para dar paso a una custodia civil, previa a un proceso de depuración e incorporación de nuevos funcionarios civiles quienes estarían bajo un riguroso control de su comportamiento, tal como ocurre actualmente con la Policía Nacional.

Violencia. Entre los problemas más graves de las prisiones, la violencia es, sin duda alguna, uno de los más graves.

La devastadora violencia carcelaria venezolana produce la cifra más alta de muertos y heridos por número de reclusos, comparado con las prisiones del mundo.

Según el OVP, en el primer semestre de 2010 murieron 221 reclusos y resultaron heridos 449.

Esta cifra, comparada con el mismo período de 2009, sufrió un incremento en muertos de 25% y heridos 31%.

El llegadero. Marino Alvarado sostiene que el número de muertos en las prisiones es un claro indicativo de que se vive una situación particularmente violenta.

“Yo no creo que la situación de violencia se vaya a agravar más porque ya ha llegado a niveles insuperables y es extremadamente peligroso el hecho de que el Estado venezolano haya asumido como normal, el hecho de que los internos tengan el control de las prisiones”, sostuvo.

Alvarado explicó que en las cárceles los presos deciden todo, quién entra, quién sale, quién va a comer, quienes deben vivir, y hasta quienes deben morir.

Sobre este tema, Prado sostuvo que en Venezuela mueren entre 10 o 12 personas por cada mil internos al año, mientras que, por ejemplo, en Brasil, con más de 486 mil internos, hay un promedio de un muerto por cada mil internos.

En República Dominicana con una población carcelaria de 15 mil internos, mueren 15 por cada mil al año y, en Colombia, con 72 mil reclusos, presenta un índice de muertes de 0,2 muertes anuales por cada mil reclusos.

Degradación. Un estudio elaborado por el OVP señala que no sólo la violencia producto del uso de las armas, es la que viven los reclusos; sino que existen muchas formas de violencia que degrada a los internos hasta convertirlos en simples materiales de comercialización y generadores de plusvalía.

Existe, según Prado una violencia ejercida por el propio sistema de administración de justicia penal, retardo procesal, ausencia de defensores públicos, comida insuficiente, falta de higiene y atención médica, estado ruinoso de los establecimientos.

A eso, Gilber Caro suma otras como la ejercida por el personal penitenciario, malos tratos a los reclusos, cobros indebidos y trato vejatorio a las visitas.

Otra de las categorías de violencia es la que es ejercida por los internos entre sí, como el pago por protección, reducción a la condición de esclavitud, chantajes, extorsiones, delitos de unos internos contra otros.

También la que ejercen los reclusos contra la autoridad como la resistencia a órdenes y requisas, motines, huelgas, fugas y secuestro de familiares.

Marino Alvarado agrega que también se debe tomar en cuenta la violencia producto de la corrupción administrativa donde el preso vive permanentemente extorsionado por funcionarios militares y penitenciarios que les cobran por un lugar dónde dormir, por un colchón, protección, por la comida, por la medicina, el agua, la visita para sacarlos a las audiencias, por el traslado al Tribunal por el ingreso ilícito de celulares, armas, proyectiles, drogas, licor, para salir a la calle irregularmente, etc.

Una reflexión de Gilber Caro, prende la alarma al destacar que si la población penal es de 43.461 reclusos, que están presos en penales cuya capacidad es hasta un quinto reducida, los días de visita son extremadamente peligros tanto para los reos como para sus familiares. Hay que tomar medidas preventivas urgentes, porque si bien la situación actualmente es muy grave un estallido en esas circunstancia puede tener consecuencias incalcalubles.

Las autoridades tienen la palabra.

Las cifras

57 por ciento Es el porcentaje de muertos por armas de fuego en las prisiones, mientras que el 16% son producto de arma blanca

221 muertos en 2010

Ese es el total de reclusos muertos en los primeros seis meses de 2010, en todas las prisiones venezolanas.

11 años de gestión

Han dejado hasta junio de 2010, 4.251 reclusos muertos en las diferentes prisiones del país.

85% sin condena

Ese es el porcentaje de internos que no han sido condenados y se encuentran en prisión preventiva.

“Nada detendrá humanización”

Consuelo Cerrada, directora general de Servicios Penitenciarios del MRI, el jueves 12 de agosto, aseguró que los índices de violencia carcelaria del primer semestre de 2010 en los centros penitenciarios del país, constituyen los índices más bajo en los últimos 16 años.

Aunque el ministro Tarek El Aissami autorizó a la funcionaria para que respondiera una entrevista gestionada por Últimas Noticias a través de la Dirección de Comunicaciones de dicho ministerio, ésta nunca respondió positivamente, por lo que los criterios contenidos en esta nota, son aquellos que la funcionaria ofreció a varios medios de comunicación en días anteriores y fueron recogidos a través de Internet.

Cerrada explicó que los decesos registrados representaban 0,24% de la población penitenciaria actual y que los heridos llegaba a 0,48% del total de población carcelaria, en los primeros seis meses de 2010.

“Los índices de la violencia penitenciaria siempre se calculan en función de periodos anteriores, el semestre anterior, el año anterior, pero es un error, porque eso sería válido si la población penitenciaria fuera la misma siempre. Estos índices (0,24% de decesos y 0,48% de heridos) corresponden a la población que tenemos ahora y son los más bajos el los últimos 16 años”, dijo en esa oportunidad.

Resaltó el Plan de Humanización emprendido por el Gobierno y destacó como elementos fundamentales de este plan la formación del personal que labora dentro de las instituciones carcelarias y la integración de los reclusos en proyectos deportivos, teatrales, educativos y musicales. Aseguró que nada detendrá este proyecto.

Destacó la formación de la Orquesta Penitenciaria “por la cual han transitado ya 2 mil 45 privados de libertad”.

Añadió que en el área educativa existe una matrícula de más de 6 mil reclusos que reciben educación formal y 909 que cursan estudios universitarios.

“Esta red fomenta los valores éticos, morales y sociales en la población penitenciaria. Ese es el objetivo principal de los programas que instalamos en los centros carcelarios para la verdadera reinserción social”, aseguró.

Fuente:  Ultimas Noticias. 17.10.2010

 Jorge Chávez Morales/jchavez@cadena-capriles.com

DE LA LIBERTAD SINDICAL AL APARTHEID SINDICAL EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. POR LUIS M. GALVIZ*

En Venezuela, luego del derrocamiento el 23 de enero de 1.958 de la férrea dictadura militar impuesta por el General Marcos Pérez Jiménez; los partidos políticos AD, COPEI y URD, establecieron un acuerdo de gobernabilidad, que el pueblo conoció como “Pacto de Punto Fijo”  que desde la caída de la Dictadura de Pérez Jiménez, y hasta 1.998, les permitió a los llamados partidos políticos “tradicionales”  desarrollar y consolidar  un sistema de gobierno basado en las relaciones de producción capitalistas, con un matiz supuestamente democrático.

En el “Pacto de Punto Fijo” no participaron los partidos políticos de izquierda como el PCV; y ese acuerdo generó a lo interno de los partidos AD, COPEI y URD, divisiones que permitieron el nacimiento de partidos como el MIR,  MEP, RUPTURA, PRV y otros partidos minoritarios. Además, el “Pacto de Punto Fijo” devino en un “bipartidismo”, que consistió en la alternancia del poder y gobierno, entre los partidos AD y COPEI, por cuarenta años a Venezuela.

Durante el tiempo que duró el “bipartidismo”, hubo el surgimiento de movimientos guerrilleros revolucionarios, que bajo la consigna de la “Liberación Nacional” y con el uso de las armas combatieron sin mucho éxito, a los gobiernos “adecos y copeyanos”, hasta que se abrió en Venezuela, lo que se llamó el “proceso de pacificación” de los grupos insurgentes, a mediados de la década de los años setenta.

En forma paralela, al desenvolvimiento político del país, el Movimiento Sindical Venezolano, que en la lucha contra la Dictadura Militar, había tenido una importante participación, organizando conflictos laborales y huelgas; también logró durante las cuatro décadas de vigencia del  “Pacto de Punto Fijo” consolidar posiciones y presencia en la vida nacional, con la conducción de la CTV, con mayoría del partido AD, pero con respeto a los otros partidos, pues la línea maestra del “Pacto de Punto Fijo”, se siguió y reprodujo a lo interno del Comité Ejecutivo de la CTV, para su conformación de autoridades.

La CTV, en la práctica llegó a controlar todo el Movimiento Sindical Venezolano, con excepción de algunos sindicatos de tendencia izquierdista, que mantuvieron posiciones de defensa de los derechos de los trabajadores, no obstante la represión ejercida hacia ellos y sus afiliados, por parte de los “Aparatos”  que todo Estado tiene a esos fines. 

A la CTV se le atribuye, el haber impulsado la burocratización de la dirigencia sindical en todos sus niveles, y el abandono de los principios éticos en la conducción del Movimiento Sindical Venezolano, con las excepciones del caso, por supuesto. 

Sin embargo, algunos sindicatos de izquierda, lograron ante un régimen de gobierno tan adverso, negociar, discutir y firmar convenciones colectivas a favor de los trabajadores afiliados a esas organizaciones sindicales; y lograron que la “Libertad Sindical”  como derecho Humano Fundamental, se respetara, sino en su integridad, por lo menos sí, en sus aspectos formales y jurídicos. 

Venezuela, ha suscrito y ratificado la mayor parte de los Convenios Internacionales relativos al trabajo, en especial los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tratan sobre el Derecho Humano a la “Libertad Sindical y Negociación Colectiva”. 

En 1.998, el Pueblo Venezolano, fue a las urnas electorales, con el firme objetivo de acabar con el “bipartidismo” gobernante y ponerle coto a la corrupción administrativa generalizada imperante y patrocinada por el “Pacto de Punto Fijo”;  resultando electo un movimiento político insurgente, de tinte “Bolivariano”, “Nacionalista” y “Militarista”, que mediante una coalición de partidos de izquierda, encabezado por el Movimiento Quinta República (MVR), logró obtener un triunfo indiscutible en las elecciones nacionales. 

La victoria del MVR (hoy, en día transformado en Partido Socialista Unido de Venezuela – PSUV-), y la instauración de un gobierno, que como premisa fundamental tiene el cuestionamiento de todo lo hecho, o por lo menos de gran parte de lo realizado en los cuarenta años de permanencia del “Pacto de Punto Fijo”, generó una línea de “destrucción de la cúpula podrida de la CTV”, por considerarse cómplice de todas las corruptelas dadas durante la vigencia del “bipartidismo adeco- copeyano”. 

Es así, como luego, de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente,  en 1.999; que elaboró y aprobó una nueva Constitución Nacional, que propugna un cambio de paradigmas en lo político, social, sindical y económico; ésta Constitución, llamada “Bolivariana”  fue aprobada mediante referéndum el 15 de diciembre de 1.999, por el Pueblo Venezolano, que esperanzado por el arribo de un nuevo gobierno en Venezuela, que combatiera el 80% de pobreza extrema , el desempleo, el analfabetismo y la corrupción administrativa, la votó favorablemente. 

El Movimiento Sindical Venezolano, sin distinción también fue “cuestionado”, y por ello el nuevo gobierno, convocó de manera inédita al Pueblo Venezolano, para que acudiera a un “referéndum sindical”   que fue realizado el 3 de diciembre del año 2.000, mismo que fue aprobado con muy escasa participación electoral de los ciudadanos. 

Aprobado el  “referéndum sindical”, todas la centrales, confederaciones, federaciones y sindicatos, debieron someterse a un proceso de relegitimación de sus autoridades sindicales internas; en un proceso que fue denunciado en su oportunidad como violatorio de la “Libertad Sindical” de las Organizaciones Sindicales en las escogencia de sus autoridades internas; en vista que esas elecciones fueron controladas, supervisadas y monitoreadas por un Organismo del Poder Público, como lo es el Consejo Nacional Electoral (CNE) adscrito al novísimo Poder Electoral contemplado en la nueva Constitución Nacional. 

Cumplidas las formalidades para realización de las elecciones internas de todas la centrales, confederaciones, federaciones y sindicatos, bajo el control y aplicación de las “Normas para la Renovación y Relegitimación de las Autoridades Sindicales” dictadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el año 2.001, la Plancha presentada por el gobierno, en las elecciones de la CTV, no logró cargo alguno en su Comité Ejecutivo, y ante la derrota, el proceso electoral fue impugnado por los perdedores denunciándose fraude electoral. 

Sin embargo, el Partido AD, sigue manteniendo el control cupular de la CTV, en acuerdo con partidos minoritarios de derecha y de centro-izquierda. La CTV, hoy en día, ha perdido su poder político  y se encuentra en su base y cuadros medios, desarticulada, producto de la deserción  de cuadros sindicales y el paralelismo sindical que de manera sistemática impulsa y patrocina sectores del gobierno nacional. 

Mientras tanto, el gobierno nacional, desplegó un ejercicio de creación de una central sindical, llamada “Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNT)”, que respondiera directamente a sus lineamientos políticos y que desplazara en lo nacional e internacional, la influencia de la CTV; misión que le ha resultado imposible, por varias razones: en primer lugar por las diferentes tendencias o corrientes existentes en el seno del Movimiento Sindical pro Gobierno-Patrono u oficialista, que han convertido a la UNT, en no menos que, como se dice popularmente, un “saco de gatos”, se sabe de, al menos seis tendencias sindicales irreconciliables dentro de la propia UNT, cada una busca el desplazamiento de la otra, pero con muy escaso o nulo apoyo de los trabajadores. 

Recientemente, la corriente de la UNT, llamada “burócrata”, llamada así, dado que sus adeptos parecieran que se encuentran en una permanente “caza de cargos públicos”, vienen experimentando la constitución de una nueva estructura confederal de denominada Central Socialista de Trabajadores (CST), que buscaría el reconocimiento único y absoluto del actual gobierno nacional y la implementación de un modelo sindical al estilo del contemplado en el Código de Trabajo de la República de Cuba; y con ello desplazaría de una vez por todas con todas la demás tendencias sindicales pro chavistas; y se convertiría en la punta de lanza, el control de las protestas, huelgas y conflictos de trabajo, sobre todo en el sector público en Venezuela. 

Por otra parte, la organización de los trabajadores en sindicatos, pareciera realizarse a conveniencia, si se trata del sector privado, el Ministerio del Trabajo, facilita la creación de sindicatos paralelos a los existentes (con respaldo o no de trabajadores), condicionados al apoyo del proyecto político que propugna el gobierno nacional, sobre todo sí se trata de empresas privadas, cuyos propietarios o dueños forman parte de la Oposición Política Venezolana. 

Sí, es el sector público, el Ministerio del Trabajo, sólo registra y apoya a los sindicatos que demuestren estar con el “proceso revolucionario”; mientras que a las Organizaciones Sindicales de carácter plural o democrático, se les restringe sus derechos sindicales, al extremo que sus autoridades, no obstante estar debidamente legitimadas, no son atendidas personalmente por autoridades del Ministerio del Trabajo, en el tratamiento de asuntos laborales y sindicales, delegándose tan importante atención en personal subalterno incapaz de tomar la decisiones que resuelvan los asuntos planteados. 

Algunos sectores sindicales, atribuyen la violación que según comete el Ministerio del Trabajo de Venezuela, a la “Libertad Sindical” en perjuicio de las Organizaciones Sindicales no oficialistas u oficialistas (de tendencia distinta a la del propio Ministerio), al hecho que en la actualidad el Ministerio del Trabajo, se encuentra dirigido por un equipo compuesto en su totalidad por miembros de una de las corrientes o fuerzas sindicales oficialistas que hacen vida, puertas adentro de la UNT; que buscaría la consolidación de una sola línea de pensamiento ideológico y sindical, por encima y con desplazamiento de las otras tendencias, y por supuesto, sin tomar en consideración a los sindicatos plurales y democráticos. 

Ante éste diagnóstico, la escasa “Libertad Sindical” lograda por los sindicatos progresistas en combate y lucha frontal contra el “bipartidismo adeco- copeyano”, durante los cuarenta años que precedieron a la década que lleva el actual gobierno nacional, corre el riesgo de desaparecer o de quedar como simple “enunciado” en la Constitución Nacional, Leyes y Tratados o Convenios Internacionales sobre el Trabajo; puesto que sí desde el propio Ministerio delegado por el Estado Venezolano, para que vigile y garantice el cabal cumplimiento del Derecho Humano a la “Libertad Sindical”, se discrimina entre “sindicatos revolucionarios y bolivarianos” y sindicatos no oficialistas; entre “sindicalistas revolucionarios”  y “sindicalistas  no oficialistas”, se tienta y se resucita un método sistemático de discriminación como el “apartheid” que tanto sufrimiento y dañó  causó en el continente africano, que guardando las distancias, en Venezuela, no sería por segregación racial, sino por “segregación sindical”.

¡VIVA LA LIBERTAD SINDICAL !!!

¡NO AL APARTHEID SINDICAL EN VENEZUELA!!!

* Presidente Nacional del SUONTRAJ, Secretario Ejecutivo de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores del Poder Judicial (CLTPJ) y Coordinado de la Red Andina de Judiciales de la ISP: 

ASAMBLEA NACIONAL ELEGIRÁ 12 JUECES DISCIPLINARIOS ADEMÁS DE MAGISTRADOS.

06/10/10.- La actual Asamblea Nacional designará a doce nuevos jueces integrantes del Tribunal Disciplinario y la Corte Disciplinaria, tres principales y sus tres suplentesrespectivos, en cada juzgado, apegados a la recién sancionada Ley del Código de Ética de la Jueza y el Juez Venezolano, además de los ya anunciados 43 posibles nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que serían al menos 11 principales y 32 suplentes.

La decisión fue anunciada ayer por el diputado Saúl Ortega, quien además preside actualmente el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional. Este anuncio se ajusta a la recién citada, reformada y aprobada ley.

Según Ortega, estas nuevas designaciones están ajustadas a la nueva normativa. Los nuevos jueces tendrán entre sus funciones vigilar la actuación de los magistrados del TSJ y del resto de funcionarias y funcionarios encargados de administrar la justicia en toda la nación.

Vamos a cumplir a cabalidad la meta

El TSJ está integrado por 32 jueces principales y sus respectivos suplentes, lo que totaliza 64 magistrados en funciones. Son elegidos por el Parlamento para ejercer un único periodo de 12 años.

Según Ortega, se inició el proceso de selección y nombramiento de al menos 11 de los 32 magistrados principales y los 32 suplentes, aunque –explicó el parlamentario– la directiva del Tribunal Supremo de Justicia hasta ahora ha confirmado sólo cinco vacantes. “De las comunicaciones que enviamos al Tribunal, la respuesta oficial que de ellos hemos obtenido es de cinco cargos confirmados para la escogencia de magistrados principales. Aún cuando sabemos que son más los que han solicitado su jubilación y pronto lo anunciaremos al país, pudieran ser en total once o más, pero hemos confirmado hasta ahora, cinco plazas para designación a principales”.

“Para el caso de los 32 magistrados suplentes es una cifra invariable, disponemos de absolutamente todas esas plazas que estando confirmadas ya están vencidas”, aclaró el presidente del Comité.

En cuanto a la agenda para designación de estas plazas vacantes ante el hecho de que algunos magistrados deben ser jubilados porque ya cumplieron su tiempo de servicio, Ortega aseveró que “el diseño del cronograma está avanzando, tenemos ajustes, pero informamos que perfectamente lo vamos a cumplir a cabalidad antes de que culmine este segundo periodo de sesiones constitucionales en la actual Asamblea Nacional”

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Ley de Reforma del Código de Ética del Juez

El Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana fue aprobado el 6 de agosto de 2009 y finalmente reformado y promulgado el 29 de junio de 2010, para establecer principios éticos que guían la conducta de los jueces de la República, así como su régimen disciplinario. Las normas de este código también se aplicarán a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La reforma a la normativa concentra ocho artículos que se aplicarán como medidas orientadas a regular la conducta de estos funcionarios. Entre las principales funciones que establece esta ley de reforma, está que el Tribunal Disciplinario Judicial podrá decretar, en forma cautelar, la suspensión provisional del ejercicio del cargo de juez o jueza, con goce de sueldo, por un lapso de sesenta días continuos. Su disposición transitoria tercera establece que hasta tanto se conformen los Colegios Electorales Judiciales para elección de jueces disciplinarios, la Asamblea procederá a designarlos a través del Comité Judicial.

Kadir Colón/Ciudad CCS

Nueva Asamblea Nacional: un nuevo Código penal

La nueva Asamblea Nacional debe asumir con voluntad política y sincera vocación de servicio la tarea de redactar un nuevo Código Penal. La legitimidad que le proporciona el hecho de ser un organismo plural con particcipación de las diferentes corrientes de pensamiento, le permite gozar de la legitimaidad necesaria para debatir todos y cada uno de los temas, principios y delitos que se requieren para tutelar los derechos humanos y demás bienes jurídicos relevantes.

Me parece positivo que se haya retomado la idea que, desde el año 2001 hasta 2004, me animó a participar en la elaboración de un nuevo Código Penal. No obstante, lamento que ello se haya hecho de forma clandestina, sin una amplia consulta y, de repente, aparece un proyecto, cuya autoría se ignora y se mantiene como un secreto de Estado. Es cierto que se tomaron algunas ideas de nuestro trabajo, pero hacen falta muchos y profundos ajustes para evitar errores y efectos colaterales indeseables en perjuicio de la justicia, de los derechos humanos de tod@s y, especialmente, de las víctimas de delitos.

Así, como evidencia de un error técnico y conceptual, el proyecto de Código Orgánico Penal que elaboró la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional tipifica hechos punibles como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. No obstante, creo que los mismos no deben estar contenidos en ese instrumento debido a su naturaleza de ser las peores ilicitudes contra los derechos humanos que puedan cometerse. Por ello recomiendo que se redacte un Código de Crímenes Internacionales, como una Ley especial y distinta, que se adapte al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los Elementos de los Crímenes y los principios de Derecho Penal Internacional que sustentan a estos instrumentos. Asimismo, que de cabida a los avances jurisprudenciales de la Corte Penal Internacional y los Tribunales especiales que hayan dictado sentencias.

Otro aspecto a mencionar es que no se haya depurado el listado de delitos vigentes, sino, más bien, se mantiene la tendencia de compilar en un solo texto todos los delitos que, actualmente, se encuentran desperdigados en leyes penales especiales. Creo que no se deben embutir todas las leyes penales vigentes en un solo texto. Un buen Código debería tener unos 300 artículos. El proyecto que estudia la Comisión de Política Interior consta de 924 artículos.

Mantener los delitos de desacato es otro gran error. De nada sirve tipificar delitos contra los derechos humanos si el desacato es punible. Cada denunciante, abogado o defensor de los derechos humanos se verá impedido de expresarse por esta amenaza.

Fernando Savater advirtió en su libro "Ética como amor propio" que, a menudo, desde el Poder se invocan los derechos humanos como una excusa para violar derechos humanos. La nueva Asamblea Nacional tiene un gran desafío: no usar los derechos humanos como un comodín.

Fernando M. Fernández

Grupo de la ONU pide "liberación inmediata" de la jueza Afiuni

Por medio de un pronunciamiento publicado este miércoles 13 de octubre, el Grupo de Trabajo aseveró que el Gobierno no les informó cuales fueron las razones que originaron el arresto de la jueza y que "se ha vulnerado su derecho al trabajo"

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas exigió al Gobierno venezolano la "liberación inmediata" de la jueza María de Lourdes Afiuni ya que considera que la decisión de mantenerla tras las rejas "de forma preventiva" es "arbitraria".

Por medio de un pronunciamiento publicado este miércoles 13 de octubre, el Grupo de Trabajo aseveró que el Gobierno no les informó cuales fueron las razones que originaron el arresto de la jueza y que "se ha vulnerado su derecho al trabajo". Destaca además el texto publicado por la página Web del canal de noticias Globovisiónque esta decisión viola los artículos 3, 9, 10, 11, 12 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; al igual que los artículos 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y artículos 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Le exigen además a las autoridades venezolanas que "pongan remedio a la situación de la jueza" con su restitución como jueza, con el derecho a percibir los salarios que no devengó durante el tiempo de detención. Piden además para Afiuni "cualquier forma de reparación efectiva por los daños causados" a causa de su "detención arbitraria". Finalmente, solicitan que se le someta a un juicio que cumpla con el debido proceso y la libertad provisional.

FUENTE: http://www.el-nacional.com

El Tribunal Supremo designó más de 600 suplentes de jueces

También oficializó la destitución de seis funcionarios de distintos estados

 EL UNIVERSAL

miércoles 13 de octubre de 2010  12:00 AM

647 abogados fueron designados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como suplentes de los jueces penales ordinarios y de la sección de responsabilidad penal del niño y adolescentes. 

Los profesionales del Derecho fueron nombrados por la Comisión Judicial del máximo juzgado el pasado 2 de agosto. No obstante, no fue sino hasta el lunes de esta semana que la decisión fue oficializada con la publicación de la resolución en la página web del organismo rector del Poder Judicial. 

Los designados deberán cubrir "las faltas temporales" de los funcionarios cuando estos se encuentren de permiso, reposo, vacaciones, se inhiban de conocer un caso determinado o sean recusados por la defensa o la Fiscalía. 

En la lista de nombrados destaca el nombre de la actual jueza de Juicio de Aragua, Marjori Calderón, y quien ahora también podrá reemplazar a algún magistrado de la Corte de Apelaciones de esa entidad. 

Calderón condujo el juicio contra los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero y contra los ocho agentes de la Policía Metropolitana señalados de participar en los sucesos de abril de 2002. Su actuación en este proceso, uno de los más largos de la historia reciente del país, fue cuestionada pues está vinculada sentimentalmente con un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). 

Otro nombre que resalta es de Mercedes Prieto, actual directora de Apoyo Jurídico del Ministerio Público y quien tras aprobar los cursos de capacitación dictados por la Escuela de la Magistratura, para hacerse con un cargo de juez, ahora podrá llenar alguna de las vacantes que se produzcan en la Corte de Apelaciones de Vargas. 

Prieto hasta hace poco se desempeñó como fiscal ante las distintas salas del Tribunal Supremo y es considerada como una de las funcionarias mejor preparadas y más respetadas de la instancia garante de la legalidad. 

Otros decisiones 

Este lunes la Comisión Judicial también oficializó la destitución de seis jueces de distintos estados, la suspensión sin goce de sueldo de dos más, la aceptación de la renuncia de uno y la jubilación de otros cuatro. 

De la misma manera informó la designación de otros tantos, entre los que destaca la de Kerly Sánchez como nueva coordinadora de los tribunales laborales de Charallave (Miranda). 

jalonso@eluniversal.com

NOTA DE CONDOLENCIA

SINDICATO UNITARIO ORGANIZADO NACIONAL

DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(SUONTRAJ)
COMITÈ DIRECTIVO NACIONAL

Los Miembros del Comité Directivo Nacional,
Comités Directivos Seccionales, Consejo de Vigilancia y Disciplina,
Delegados, Delegadas y Afiliados y Afiliadas al SUONTRAJ

Expresamos nuestro más sentido pesar
ante el fallecimiento de la Señora:


EVA VIVAS DE RIVERO

(Q. E. P. D)


Quien en vida era Madre de nuestro compañero Franklin Rivero Vivas, Secretario de Finanzas del Comité Directivo de la Seccional Regional San Juan de Los Morros y Sur de Aragua de esta Organización sindical.

A sus familiares, deudos y amigos y amigas,
les hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de
condolencia y solidaridad, ante el dolor por
esta sensible e irreparable pérdida

Paz a su alma.

Caracas, 12 de Octubre de 2.010

TABULADOR SALARIAL DEL PODER JUDICIAL Y DEM (VENEZUELA) VIGENTE DESDE EL 01/09/2010.

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"Un país con falta de autonomía está perdido" dice la magistrada Blanca Rosa Mármol.

Martes 12 Octubre 2010 - 11:19 La magistrada del TSJ, Blanca Rosa Mármol de Leon, mostró este martes su preocupación por la situación del Poder Judicial en el país. Indicó que el Poder Judicial actual está "sometido" y "anulado". "Un país con falta de autonomía está perdido, no tiene esperanzas”, afirmó.

REDACCIÓN ELINFORMADOR.COM.VE.- Sobre el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, destacó que "es la representación del Poder Judicial venezolano. Es lo que tenemos y es la negación de un poder Judicial autónomo".

Mármol de León reveló que sobre la renovación de los magistrados planteada por algunos diputados de la Asamblea sólo se manejan rumores en el seno judicial. Afirma que sólo pueden ser cambiados 8 ó 9 magistrados y que se trata de un proceso pendiente desde hace tiempo.

Recordó que los magistrados cambiaron de número cuando los pasaron de 20 a 32 y que sería necesario revisar la conveniencia de ese número de magistrados.

Con respecto a los ataques en su contra por su independencia, dijo que la han tratado de destituir dos veces. "Me han llevado al Poder Moral sin razón alguna y por valor divino no se ha dado mi sustitución. Dentro del tribunal no he tenido ningún tipo de presión", dijo.

La magistrada considera que en los casos de Biagio Pilieri y José Sánchez "Mazuco", si la autoridad se declara incompetente debe dirigir el caso a otra autoridad que considere competente.

Sobre la situación de los etarras, indicó que éstos sólo podrían ser extradictados si reúnen todas las condiciones.

"No es raro que hayan obtenido la nacionalidad venezolana porque el tiempo se deja pasar y las circunstancias cambian. Nos encontramos con la extradición de una persona que ya es venezolana, tiene arraigo en el país y en ese caso no procede la extradición", aseguró.

Finalmente, Mármol de León se refirió a la situación del sistema carcelario: "hay que hacer mas cárceles y clasificar a los presos. Me preocupa que hay retardo procesal, pero cuando los jueces van a decidir están en peligro de ser destituidos si otorgan libertad. Si los jueces como la doctora Afiuni estan en riesgo de ir a prisión, ¿cómo vamos a descongestionar las cárceles?", concluyó.

FUENTE: http://www.elinformador.com.ve/

Comisión del TSJ analizará situación de juzgados de Barinas

La información fue suministrada por personeros nacionales de la institución.

Se conoció, de manera extraoficial, que las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, así como de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, habrían acordado la conformación de una comisión multidisciplinaria, la cual tendría como responsabilidad viajar al Estado Barinas para realizar un diagnostico sobre la situación de la infraestructura física de los juzgados civiles, mercantiles y de menores de la región, a fin de elaborar el proyecto que permita la adecuación de estos espacios a los requerimientos actuales.
De acuerdo a la información suministrada, entre las edificaciones que serán objeto del estudio por parte de los expertos que conformarán la referida comisión, estaría el Edificio Macri, ubicado en la Avenida 23 de Enero de la ciudad marquesa, diagonal a la Plaza El Estudiante, en virtud de las innumerables denuncias existentes en torno a las pésimas condiciones de dichas instalaciones, cuestión que habría incidido en el retardo procesal de muchas causas.
Se indicó que el Macri presenta serias deficiencias en cuanto a servicios básicos y que, además, ya el ascensor habría cumplido su tiempo útil, razón por la cual permanece la mayor parte del tiempo dañados.
Asimismo, se dijo que serán revisados los despachos del Edificio Don Pepe y de otras infraestructuras, con el objeto de volver a plantear la posibilidad de construir la Ciudad Judicial, proyecto que fue considerado hace algunos años, pero que, lamentablemente, no pudo concretarse, debido a hechos de presunta corrupción administrativa.

Etiquetas: Analizará situación de juzgados

FUENTE: El Diario de Los LLanos.

Abierto Proceso de Fe de Vida para el Personal Jubilado y Pensionado de la DEM y del Poder Judicial

Hasta el 30 de noviembre, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) realizará el Proceso de Fe de Vida 2010 para el Personal Jubilado y Pensionado de la Institución y del Poder Judicial. La actividad se desarrolla a los efectos de emitir la orden de pago del presupuesto 2011. El llamado de la DEM se extiende a más de 7 mil personas a lo largo y ancho del territorio nacional. En Caracas este proceso se realiza en la planta baja de la DEM, ubicada entre las calles Élice y La Joya, Chacao, y en el resto del país, en las sedes de las Direcciones Administrativas Regionales. El horario de atención es de 9:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 4:00 pm. El operativo, que comenzó el 4 de octubre, cuenta en Caracas con 18 funcionarios adscritos a la División de Jubilaciones y Pensiones; mientras que en el resto de las ciudades han sido designados 3 funcionarios, informó la licenciada Luz Natera, jefa (E) de la mencionada división. El proceso de Fe de Vida dura menos de 5 minutos. "El objetivo es que el personal jubilado y pensionado se sienta bien atendido. Todo el equipo de trabajo está en la disposición de colaborar para que los usuarios regresen contentos a casa", destaca Natera, quien agradece el apoyo brindado por la Oficina de Desarrollo Informático. Los jubilados y pensionados por incapacidad o inhabilitación permanente deben consignar: original de Fe de Vida del beneficiario, fotocopias ampliadas y legibles de la cédula de identidad y de la libreta de ahorro, o, de ser cuenta corriente, fotocopia de un cheque. Por su parte, los pensionados sobrevivientes deben entregar: fotocopias ampliadas y legibles de la cédula de identidad de los mismos y del causante; original de Fe de Vida del beneficiario (cónyuge, hijos menores de edad o hasta 25 años, hijos incapacitados, madre o padre); si es viudo(a), constancia original de no haber contraído nuevas nupcias, expedida por el ente público facultado para ello (si es mayor de 60 años este requisito no es necesario); original de constancia de estudios regulares o de inscripción; y fotocopia ampliada y legible de la libreta de ahorro (de ser cuenta corriente, fotocopia de un cheque). La Fe de Vida puede ser solicitada ante un tribunal, prefectura, notaría, jefatura civil, en la División de Jubilaciones y Pensiones o en las Direcciones Administrativas Regionales. Es importante señalar que la falta de la documentación exigida traerá como consecuencia la no emisión de la orden de pago para el presupuesto del año 2011. Cabe destacar que después del 30 de noviembre, el personal de la División de Jubilaciones y Pensiones realizará visitas domiciliarias a aquellas personas con dificultades para acudir personalmente al Proceso de Fe de Vida, previa solicitud realizada telefónicamente. Actualización de datos En el mismo espacio destinado al Proceso de Fe de Vida, la División de Bienestar Social de la DEM está atendiendo a jubilados y pensionados que requieran la actualización en la base de datos de los beneficiarios del servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad. Igualmente, se les ofrece información sobre el Fondo Autoadministrado de Salud de la DEM (Fasdem), que empezó a operar el 1º de octubre, se entregan las listas de clínicas afiliadas y se emiten carnets del Servicio Médico.

Autor:

PRENSA DEM

Fecha de Publicación:

07/10/2010