JUSTICIA DAMNIFICADA

Los usuarios deben soportar horas de colas y hacer frente a las malas condiciones de los tribunales penales, civiles y mercantiles

Por: Carlos Crespo

Fotos por: Saúl Uzcátegui Colas de cuatro y cinco horas para hacer un trámite ante los tribunales, paredes en franco deterioro, cableados que cuelgan y se convierten en un peligro para los usuarios y baños inutilizables son problemas que parecen afectar a quienes acuden al Palacio de Justicia y los tribunales ubicados en la esquina de Pajaritos. El que transite por los tribunales penales ubicados en la esquina de Cruz Verde podrá ver una larga cola que recorre varios metros en las afueras del Palacio de Justicia. Se trata de usuarios o familiares de personas privadas de libertad que deben esperar hasta cinco horas para realizar cualquier trámite ante los tribunales. Muchos relatan que luego de perder su día en esta cola (algunos llegan antes de las seis de la mañana) se les indica que el tribunal no tiene despacho esos días. El deterioro de la infraestructura es evidente pues presenta filtraciones, problemas eléctricos ocasionales, no funciona el aire acondicionado, los baños destinados a los usuarios están en malas condiciones y las escaleras mecánicas están paradas desde hace meses. Es importante recordar que la estructura nunca fue culminada por lo que sólo funciona la torre Cruz Verde de la edificación. La torre Camejo, que debía integrar el complejo, permanece inconclusa desde 1992. La estructura de Ciudad Lebrún en Petare, comprada por el Estado en BsF. 50 millones, debía albergar a la sede de estos tribunales. Sin embargo, hoy funciona como almacén de algunos activos del Poder Judicial tras las denuncias de corrupción en su compra y la determinación de que la sede no es apta para albergar a los tribunales. En los tribunales de Pajaritos la situación es muy parecida. Para llegar a los pisos superiores sólo se dispone de un ascensor que únicamente se detiene en el piso 14. Esto causa que tanto usuarios como trabajadores deban esperar un promedio de media hora para llegar a su destino, molestia que se incrementa si luego se debe subir por las escaleras hasta los pisos superiores. Quienes se dirigen a la Defensoría del Niño y el Adolescente ubicada en el piso 19 podrán apreciar el cableado colgando del techo de la estructura, igualmente encontrarán los baños en un estado inutilizable. En el piso 20 y 21 se puede apreciar los restos de la mudanza de los tribunales civiles hacia el Complejo Simón Bolívar; mobiliario amontonado, filtraciones y los cables eléctricos casi tocando el suelo. Mientras que en el piso 22, ya sin ningún uso, se pueden encontrar torres de expedientes en las que difícilmente se pueda dar con los documentos que se busca. LA OTRA CARA: TRIBUNALES LOPNA Situación distinta es la de los tribunales de menores y adolescentes inaugurados en 2005, ubicados en la esquina de Ibarra a Maturín. Quien ingrese a estas dependencias para hacer alguna diligencia o revisar algún expediente se encontrará, incluso, con aire acondicionado. A diferencia de los casos anteriores existe un sistema numerado electrónico, similar al usado en las instituciones bancarias, para atender a las personas, lo que permite que se pueda acceder a un expediente en cuestión de minutos. Igualmente, el personal se muestra atento a las preguntas de quienes llegan hasta la sede. Los tribunales contencioso-administrativos ubicados en la torre Impres en Chacao también ofrecen otra cara. Aunque no disponen de aire acondicionado, el acceso a estos es rápido, igualmente se puede revisar el archivo con facilidad. Sin embargo, los trabajadores han presentado quejas por el calor, mientras que algunos usuarios denuncian cobros excesivos por parte de los alguaciles para las notificaciones. De acuerdo con las denuncias, estos funcionarios cobran sumas exageradas por el concepto de traslado y no existe ningún tipo de control sobre los mismos, situación que se repite en los tribunales civiles. TRIBUNALES EN CONSTRUCCION *A pesar del estado de la infraestructura del Poder Judicial en el presupuesto del 2010 aprobado por la Asamblea Nacional tan sólo se contemplan 9.799.492 millones de bolívares fuertes para la “modernización de las dependencias judiciales y DEM central”. Esto contrasta con los 36.997.695 millones asignados para la adecuación de la infraestructura física y tecnológica del Tribunal Supremo de Justicia. *En septiembre de 2005 el entonces presidente de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), Luis Velásquez Alvaray, anunció el traslado de todos los tribunales a la denominada “Ciudad Lebrún”. Se trataba de un gran complejo que de acuerdo con el ex magistrado facilitaría diseñar “una estructura modular que nos permita crecer durante 100 años”. Sin embargo, en abril de 2006 el entonces titular del Ministerio de Interior y Justicia, Jesse Chacón, denunció irregularidades por varios millones de bolívares fuertes en la compra del terreno y del edificio. Velásquez Alvaray salió del país y fue destituido en junio de ese año. Hoy pesa una orden de aprehensión en su contra por delitos contemplados en la Ley Contra la Corrupción. *Varios han sido los amagos para trasladar los tribunales a otras edificaciones. Cuando el TSJ era presidido por Ivan Rincón Urdaneta esta institución adquirió el edificio Karam ubicado en la avenida Urdaneta, pero poco después se desechó la idea. Posteriormente se compró el edificio Metro Olimpo ubicado en Chacao al que tampoco fueron trasladados los tribunales. FUENTE: DIARIO TALCUAL

Suprimen un departamento entero en la DEM

Nombran a directivos de la instancia que administra los fondos del Poder Judicial

Un mes después de que la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales, calificara de "superpoblada" a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), en ese organismo se vienen adoptando medidas para hacerlo más ágil y eficiente. 

Ayer, el coordinador general del organismo, Gustavo Valero, les notificó a los ma´s de 50 trabajadores que laboran en la Dirección General de Regiones que ese departamento sería suprimido, pues se había convertido en una alcabala entre las oficinas regionales y la sede central. 

La noticia generó preocupación entre los empleados, afirmó Luis Galviz, presidente del Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj), quien no obstante indicó que Valero les garantizó a los afectados que no serán despedidos, sino que serán reubicados en otras dependencias. 

No obstante esta promesa el dirigente sindical señaló que estarán alertas, pues "no vamos a aceptar traslados arbitrarios, sino que tienen que ser en cargos y remuneraciones similares y en el mismo ámbito geográfico". 

Precisó que el martes los trabajadores serán notificados sobre cuál será su nuevo destino. 

Hasta la fecha más de un centenar de empleados administrativos han sido removidos en el marco de la reestructuración del Poder Judicial decretada por el TSJ en marzo pasado. La inmensa mayoría de los afectados no era personal fijo y no se le renovó el contrato. 

Cubriendo vacantes Los cambios en la DEM no se limitan a los niveles medios, sino también a la directiva. En la GACETA OFICIAL de este 17 de noviembre se anunció que el jefe de Recursos Humanos, Gustavo Valero, asumirá la Coordinación General y su puesto anterior será ocupado por Jesús Codecido. 

Por su parte, la hasta ahora directora de Administración, María Davalillo, se encargará de una de las coordinaciones, lo mismo que el actual director de Infraestructura, Angel García.

Francisco Ramos continuará al frente de la DEM.

Juan Francisco Alonso

EL UNIVERSAL

El día 19 de Noviembre de 2.009, en el estado Trujillo falleció la Compañera MARINA ROJAS, quien en vida era madre de nuestra compañera Ivonne Moncada Rojas, actual Secretaria de Organización de la Seccional Trujillo del SUONTRAJ.

LA FISCALÍA DEBE INVESTIGAR A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, POR DECISIÓN DEL CONSEJO MORAL REPUBLICANO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. ADJUNTO OFICIO DEL 29/04/2009 DEL CONSEJO MORAL REPUBLICANO. (ver foto)

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EN LA CASA DE LA JUSTICIA DE VENEZUELA SE COMETEN GRANDES INJUSTICIAS EN CONTRA DE LOS TRABAJADORES Y SUS DIRIGENTES

CDN.- La Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) del Tribunal Supremo de Justicia, mantiene su política sistemática de TERRORISMO LABORAL y de PRÁCTICAS CAPITALISTAS Y NEOLIBERALES en contra de las trabajadoras y los trabajadores de la Administración de Justicia en la República Bolivariana de Venezuela.

Este Organismo Público, que sustituyó al otrora Consejo de la Judicatura, encargado de administrar y manejar cerca del 83% del Presupuesto de todo el Poder Judicial, se ha convertido en estos tiempos en una Caja Negra, se sabe de muchas tropelías y malos manejos de los fondos que administra, que son conocidos por algunos magistrados y magistradas del propio seno de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, quienes en vez de actuar diligentemente en salvaguarda del Patrimonio Público del Poder Judicial, con su silencio parecieran, hacer caso omiso a la grave situación interna, que en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura existe y es protegida desde las altas esferas del Poder Judicial, y hasta la Fiscalía General de la República, no profundiza en las investigaciones que debe cumplir a propósito de la Denuncia formulada por el SUONTRAJ ante el Consejo Moral Republicano en fecha 16 de Enero de 2.009, y que le fuera remitida a ese Despacho Fiscal, y que es del conocimiento de la Fiscalía 50º en materia contra la Corrupción con sede en Caracas.

Mientras lo anterior ocurre en la OSCURA Y NEGRA CASA DE LA JUSTICIA DE VENEZUELA, ES DECIR EN LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA; el SUONTRAJ y el SUNEP-JUDICATURA, son atacados por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura con Prácticas Antisindicales como el despido injustificado y arbitrario de los compañeros: KENNEDY BOLÍVAR, ALCIDES SÁNCHEZ, MARÍA ESTHER SANTAMARÍA, STEVENSON FREITES, FRANCISCO CERMEÑO y MARIO NASPE, y la persecución disciplinaria y penal al compañero GILBERTO OJEDA, todos directivos del SUONTRAJ; y a los compañeros RICHARD RODRÍGUEZ y JUAN MARCANO, del SUNEP-JUDICATURA, se les despidió sin justa causa; y todo esto con la intención de silenciar las voces sindicales que denuncian las irregularidades que se han cometido y se siguen cometiendo en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Sí la Fiscalía General de la República investigara las contrataciones que en materia de infraestructura, adquisición de mobiliario y reparaciones de sedes, realiza la DEM, se encontraría con situaciones, donde se debe hacer justicia de manera urgente.

Sí la Fiscalía General de la República, investigara cómo la DEM administró 514 Millones de Bolívares Fuertes, que a través de un Crédito Adicional  aprobó el 03 de abril de 2.008, la Asamblea Nacional, en la que la Dirección General de Recursos Humanos sometió a la aprobación dos Puntos de Cuenta de la Máxima Autoridad de la DEM, en el que primero se acordó el pago de un AUMENTO ANTICIPADO por la cantidad de Bs. 11.500, para cada uno de los 29.351 de los trabajadores de la DEM y Poder Judicial (Activos), para un total según pagado de Bs. 337.582.5000; en el segundo ese mismo aumento anticipado, para el 88,06% de los trabajadores a los que le fue pagado, una gran parte le fue bonificado; es decir convirtieron un AUMENTO SALARIAL pagado por anticipado en Bono Sin Incidencia Salarial, y de esa gran cantidad de dinero NO HUBO descuento por concepto de Caja de Ahorros, Ley del Seguro Social Obligatorio, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley de Política Habitacional ni Ley de paro Forzoso; se encontraría con situaciones, donde se debe hacer justicia de manera urgente.

Sí la Fiscalía General de la República, investigara cómo ha aumentado el patrimonio personal y familiar de algunos funcionarios públicos que administran, los dineros del Poder Judicial, luego de su ingreso a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, se encontraría con situaciones, donde se debe hacer justicia de manera urgente.

Sí la Fiscalía General de la República, investigara cómo han sido las contrataciones de los seguros de HCM, Vida, Accidentes Personales y Vehículos; se encontraría con situaciones, donde se debe hacer justicia de manera urgente.

Sí la Fiscalía General de la República, simplemente preguntara e investigara el número de trabajadores, con el que la DEM soporta las solicitudes de Presupuesto Ordinario, Créditos Adicionales, Contrataciones de Pólizas de HCM, Vida y Accidentes Personales, Cesta Tiques, Uniformes, Fiestas Infantiles, Planes Vacaciones entre otros, se encontraría con situaciones, donde se debe hacer justicia de manera urgente

Sí la Fiscalía General de la República, solo investigara a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura,se encontraría con situaciones, donde se debe hacer justicia de manera urgente

Mientras tanto, el SUONTRAJ seguirá ejerciendo el Derecho Constitucional de CONTRALORÍA SOCIAL sobre la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, pues como dice el Señor Contralor de la República Bolivariana de Venezuela, CONTRALORES SOMOS TODOS.

Asimismo, exigimos el INMEDIATO REENGANCHE Y EL PAGO DE LOS SALARIOS CAÍDOS de los Compañeros:  KENNEDY BOLÍVAR, ALCIDES SÁNCHEZ, MARÍA ESTHER SANTAMARÍA, STEVENSON FREITES, FRANCISCO CERMEÑO y MARIO NASPE, el cese de la persecución disciplinaria y penal al compañero GILBERTO OJEDA, todos directivos del SUONTRAJ; y de los compañeros RICHARD RODRÍGUEZ y JUAN MARCANO del SUNEP-JUDICATURA.

LA DIRECCIÓN EJECUTVA DE LA MAGISTRATURA CONTUMAZ ANTE CONVOCATORIA DEL MIN. PP. DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

CDN.- Por segunda vez la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, en su condición de ente empleador o patrono, no acata la convocatoria efectuada por la Dirección de Mediación, Conciliación y Arbitraje del Ministerio del Poder Popular del Trabajo y Seguridad Social, al  no asistir , sin presentar excusa alguna a la segunda reunión para la instalación de una Mesa Dialogo, ordenada por la propia Ministra del Trabajo Socióloga María Cristina Iglesias; por lo que el SUONTRAJ, pidio que en caso de que no asista a la tercera reunión convocada para este próximo 23 de noviembre, se apliquen los correctivos a los que hubiere lugar.

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NOTA DE CONDOLENCIA

SINDICATO UNITARIO ORGANIZADO NACIONAL

DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(SUONTRAJ)
COMITÈ DIRECTIVO NACIONAL

Las y Los Miembros del Comité Directivo Nacional,
Comités Directivos Seccionales, Consejo de Vigilancia y Disciplina,
Delegados, Delegadas y Afiliados y Afiliadas al SUONTRAJ

Manifestamos nuestro más sentido pesar
ante la desaparición física de la Señora:


MARÍA ELOINA HERNÁNDEZ DE LACRUZ

(Q. E. P. D)


Quien en vida era Madre de la Doctora Reina Lacruz Hernández, cónyuge de nuestro compañero Francisco Efren Cermeño Zambrano, Secretario de Cultura y Formación del Comité Directivo Nacional y Secretario de Organización de la Seccional Mérida de esta Organización sindical.

A sus familiares, deudos y amigos y amigas,
les extendemos nuestras más sentidas palabras de
condolencia y solidaridad, ante el dolor por
esta sensible e irreparable pérdida

Paz a su alma.

Caracas, 08 de Noviembre de 2.009

COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL ADMITIÓ QUEJA, PRESENTADA POR SUONTRAJ CONTRA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA. DECLARA LUIS GALVIZ, PRESIDENTE DEL SUONTRAJ.

LUIS GALVIZ, PRESIDENTE NACIONAL DEL SUONTRAJ

DECLARACIONES DE KENNEDY BOLÍVAR, PRESIDENTE SECCIONAL CARACAS ESTE DEL SUONTRAJ

1ER. ENCUENTRO ANDINO DE SINDICATOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ISP, RECHAZA VIOLACIONES A LA LIBERTAD SINDICAL EN VENEZUELA, COLOMBIA, PERÚ, ECUADOR

COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL DE LA OIT REQUIERE AL GOBIERNO DE VENEZUELA QUE INFORME ACERCA DE VIOLACIONES A LA LIBERTAD SINDICAL.

CDN.- El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), admitió la QUEJA que fuera presentada por el SUONTRAJ, en fecha 05 de Octubre de 2.009, asignándo Número de Caso 2736.

De acuerdo a la Comunicación TUR 1-63-34 fechada el 8 de octubre de 2.009, y recibida en la Sede Nacional del SUONTRAJ en el día 28 de Octubre de 2.009, se informó que el Comité de Libertad Sindical, ya le ha solictado al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que comunique a ese Comité con toda la urgencia su observaciones, de la denuncias interpuestas por el SUONTRAJ, contra la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia.

SUONTRAJ: EXIGE CESTAS NAVIDEÑAS, PARA TODOS LAS Y LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÒN DE JUSTICIA.

SINDICATO UNITARIO ORGANIZADO NACIONAL
DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(SUONTRAJ)
COMITÈ DIRECTIVO NACIONAL

Las y Los Miembros del Comité Directivo Nacional,
Comités Directivos Seccionales, Consejo de Vigilancia y Disciplina,
Delegados, Delegadas y Afiliados y Afiliadas al SUONTRAJ

Manifestamos nuestro profundo pésame

ante el fallecimiento el día 16 de Octubre de 2.009,

de nuestro Compañero :


FRANCISCO SALAZAR FARIAS
(Q. E. P. D)


Quien en vida fue miembro fundador de esta Organización Sindical y estaba JUBILADO del cargo de ASISTENTE DE TRIBUNAL del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

A sus seres queridos, familiares deudos, ex- compañeros de trabajo,

y amigos y amigas, les extendemos nuestras palabras

de condolencia y solidaridad, ante el sentimiento por

esta lamentable e irreparable pérdida

Paz a su alma.

Caracas, 01 de Noviembrede 2.009

SUONTRAJ: CONVOCA ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, PARA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2.009.

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SINDICATO UNITARIO ORGANIZADO NACIONAL
DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(SUONTRAJ)
COMITÈ DIRECTIVO NACIONAL

Las y Los Miembros del Comité Directivo Nacional,
Comités Directivos Seccionales, Consejo de Vigilancia y Disciplina,
Delegados, Delegadas y Afiliados y Afiliadas al SUONTRAJ

Expresamos nuestro más sentido pésame
ante el fallecimiento de nuestro Compañero y Amigo:


STALIN RAFAEL YEPEZ GARCÍA
(Q. E. P. D)


Quien en vida era el PRESIDENTE del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Poder Judicial (CAPOJUD) y desempeñó el cargo de ALGUACIL en el Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas

A sus familiares, deudos, compañeros de trabajo, Miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Delegados y Delegadas de la Caja de Ahorros del Poder Judicial (CAPOJUD) y amigos y amigas,

les hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de
condolencia y solidaridad, ante el dolor por
esta sensible e irreparable pérdida

Paz a su alma.

Caracas, 25 de Octubre de 2.009

CEACR: Observación individual sobre el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) Venezuela.

Descripción:(CEACR Observación individual)
Convenio:C087
País:(Venezuela)
Sujeto: Libertad sindical, negociación colectiva y relaciones laborales
Visualizar el documento en: Ingles Frances
Document No. (ilolex): 062009VEN08

La Comisión toma nota de los comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de fecha 28 de agosto de 2007 y de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) recibida el 27 de agosto de 2008. Por último, la Comisión toma nota de las conclusiones del Comité de Libertad Sindical relativas a casos presentados por organizaciones nacionales o internacionales de trabajadores (caso núm. 2422) o de empleadores (caso núm. 2254). En sus anteriores observaciones, la Comisión tomó nota de las conclusiones de la misión de Alto Nivel que visitó el país en enero de 2006.

Cuestiones de carácter legislativo

La Comisión recuerda que había planteado las siguientes cuestiones:

la necesidad de que se adopte el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, para superar las restricciones existentes al ejercicio de los derechos consagrados por el Convenio a las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Sobre esta cuestión la Comisión ha venido formulando los siguientes comentarios:

La Comisión había tomado nota de que un proyecto de ley de reforma a la Ley Orgánica del trabajo (LOT) daba curso a las siguientes solicitudes de reforma que había formulado: 1) suprime los artículos 408 y 409 (enumeración demasiado extensa de las atribuciones y finalidades que deben tener las organizaciones de trabajadores y de empleadores); 2) reduce de 10 a 5 años el tiempo de residencia necesario para que un trabajador extranjero pueda pertenecer a una junta directiva de una organización sindical (cabe precisar que el nuevo reglamento de la LOT permite a los estatutos sindicales que prevean la elección de dirigentes sindicales extranjeros); 3) reduce de 100 a 40 el número de trabajadores necesario para formar un sindicato de trabajadores no dependientes; 4) reduce de 10 a 4 el número necesario de patrones para constituir sindicatos de patrones; 5) establece que la cooperación técnica y el apoyo logístico del Poder Electoral (Consejo Nacional Electoral) para organizar las elecciones de juntas directivas sindicales sólo tendrá lugar si lo solicitan las organizaciones sindicales de conformidad con lo establecido en sus estatutos, así como que las elecciones realizadas sin la participación del Poder Judicial, que cumplan con lo establecido en los respectivos estatutos sindicales, surtirán plenos efectos jurídicos después de presentadas las actas correspondientes ante la respectiva Inspectoría de Trabajo. La Comisión había tomado nota de que las autoridades del Ministerio y órganos del Poder Legislativo mantienen la posición expresada en esta disposición del proyecto de reforma y que en la práctica actual organizaciones sindicales han hecho elecciones sin la participación del CNE. La Comisión había tomado nota también que el proyecto de reforma establece que «conforme al principio constitucional de alternabilidad democrática, la junta directiva de una organización sindical ejercerá sus funciones durante el tiempo que establezcan los estatutos de la organización, pero en ningún caso podrá establecerse un período mayor de tres (3) años». La Comisión esperó que el Poder Legislativo introdujera en el proyecto de reforma una disposición que permita expresamente la reelección de dirigentes sindicales.

la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no es un órgano judicial, deje de inmiscuirse en las elecciones sindicales y de estar facultado para anularlas y la necesidad de que se modifique o derogue el estatuto para la elección de las directivas (sindicales) nacionales que otorga un papel preponderante al CNE en diferentes etapas del proceso de elecciones sindicales;

ciertas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de fecha 25 de abril de 2006, podrían restringir los derechos de las organizaciones sindicales y de las organizaciones de empleadores: 1) necesidad de que la o las organizaciones sindicales representen a la mayoría de los trabajadores para poder negociar colectivamente (artículo 115 y párrafo único del Reglamento) y 2) posibilidad de arbitraje obligatorio en ciertos servicios públicos esenciales (artículo 152 del Reglamento). La Comisión había tomado nota de que el Gobierno declara en su memoria que cuando no hay sindicato mayoritario, pueden negociar conjuntamente los sindicatos minoritarios;

por otra parte, la Comisión tomó nota de las críticas señaladas por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) relativas a la resolución núm. 3538 de febrero de 2005 y observa que esta cuestión ya fue examinada en marzo de 2006 en el caso núm. 2411 por el Comité de Libertad Sindical, que formuló la siguiente recomendación véase 340.º informe, párrafo 1400: «b) en cuanto a los alegatos relativos a la resolución del Ministerio de Trabajo de fecha 3 de febrero de 2005 que impone a las organizaciones sindicales consignar en el plazo de 30 días los datos relativos a su administración y nómina de afiliados con arreglo a un formato que incluye la identificación completa de cada trabajador, su domicilio y firma, el Comité considera que la confidencialidad de la afiliación sindical debería ser asegurada y recuerda la conveniencia de instrumentar un código de conducta entre las organizaciones sindicales que regule las condiciones en que se entregarán los datos de los afiliados, empleando técnicas adecuadas de utilización de datos personales que garanticen una confidencialidad absoluta». La Comisión pide al Gobierno que tome medidas en este sentido.

La Comisión toma nota de que en cuanto a las cuestiones de carácter legislativo, el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo se encuentra en la fase de consulta y que mantendrá informada a la Comisión sobre la evolución de este procedimiento, reitera la información suministrada en cuanto al Estatuto para la elección de las autoridades sindicales. Atendiendo a la observación relacionada con el diálogo social y su presunta deficiencia, el Gobierno señala una vez más que ya ha demostrado la amplia participación de diversos interlocutores sociales, incluyendo a todos los actores sociales. El Gobierno reitera sus comentarios contenidos en su memoria de 2007.

La Comisión toma nota de que el Gobierno declara que: 1) insinuar violaciones al Convenio núm. 87 queda desvirtuado por el número de organizaciones sindicales que se constituyen (247 en el último semestre) y el número de convenciones colectivas homologadas (612 en 2007 con una cobertura de 5.637.799 trabajadores y 192 en lo que va de 2008 con una cobertura de 42.625 trabajadores); 2) el proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Trabajo sigue en la agenda legislativa y tiene consenso de los interlocutores sociales y da curso a los comentarios de la Comisión de Expertos; 3) se estimará la inclusión de una mención en el proyecto a la posibilidad de reelegir las juntas directivas de las organizaciones sindicales, precisando la interpretación de la «alternatividad» mencionada en el artículo 21 de la Constitución; la no intervención en las elecciones sindicales se aplica en la práctica y el dictamen 13 del Ministerio afirma el carácter facultativo de la intervención del CNE; 4) el CNE ha elaborado un proyecto de las normas para la elección de las organizaciones sindicales; 5) el nuevo reglamento a la Ley Orgánica del Trabajo incluye mejoras en materia de elecciones sindicales tendentes a evitar la «mora electoral»; se han querido presentar casos aislados de supuestas violaciones como conductas generalizadas y el Gobierno ha enviado sus observaciones al Comité de Libertad Sindical (caso núm. 2422), y 6) agradece ampliamente el ofrecimiento de asistencia técnica de la OIT e informará de la oportunidad y los términos en los cuales podría ser requerida.

La Comisión lamenta que desde hace más de ocho años el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo siga sin ser adoptado por la Asamblea Legislativa a pesar de que dicho proyecto contaba con consenso tripartito. Teniendo en cuenta la importancia de las restricciones que subsisten en la legislación en materia de libertad sindical o libertad de asociación, la Comisión insta una vez más al Gobierno a que tome medidas para que se acelere la tramitación en la Asamblea Legislativa del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y para que el Consejo Nacional Electoral deje de inmiscuirse en las elecciones sindicales (el nuevo proyecto de CNE sobre elecciones mejora la situación pero este órgano no judicial sigue presente de diferentes maneras en las elecciones y decide sobre los recursos que se presentan) y se derogue el estatuto para la elección de las directivas (sindicales) nacionales. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que facilite indicaciones sobre el alcance del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo en lo que respecta al arbitraje obligatorio en servicios básicos o estratégicos y que se modifique la resolución del Ministerio de Trabajo de fecha 3 de febrero de 2005 en el sentido indicado anteriormente.

Deficiencias en el diálogo social

En sucesivas observaciones en los últimos años, la Comisión ha identificado deficiencias importantes en el diálogo social. La Confederación Sindical Internacional (CSI), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederación General de Trabajadores de Venezuela (CGT) y la Federación de Cámaras y Asociación de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) habían señalado que las autoridades sólo realizan consultas formales sin intención de tener en cuenta la opinión de las partes consultadas y que no existe un auténtico diálogo; además faltan estructuras para hacer posible ese diálogo y el Gobierno no reúne la comisión tripartita prevista en la Ley Orgánica del Trabajo.

La Comisión toma nota de las declaraciones del Gobierno en las que indica que: 1) considera fundamental que la Misión de Alto Nivel se haya percatado de la disposición del Gobierno y los interlocutores sociales de entablar un diálogo social incluyendo a todos los actores y que tanto FEDECAMARAS como la CTV han participado en diversas reuniones para discutir la reglamentación de diversas leyes; 2) el Gobierno está convencido que la dinámica idónea para mantener una economía en crecimiento es tal y como ha quedado demostrado, por la promoción de un diálogo inclusivo, incluyente, democrático, participativo y productivo; cree en un diálogo amplio e incluyente y con esta práctica da cumplimiento al contenido del artículo 62 y siguientes del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo que legitima la amplia base del diálogo social; 3) esta práctica se evidencia en el número de convenciones colectivas depositadas y el número de organizaciones sindicales constituidas (mencionado anteriormente); 4) en la actualidad las trabajadoras y trabajadores se han agremiado en múltiples organizaciones sindicales, de diferentes tendencias políticas e ideológicas y ante tal amplitud, es posible que algunas organizaciones que históricamente se han atribuido la representación exclusiva y excluyente de los trabajadores y empleadores, manifiesten equivocadamente menospreciados sus viejos privilegios, alegando favoritismo; el nuevo Estado de justicia social, incluye a todos los interlocutores sin practicar favoritismo o exclusión alguna; 5) el Estado venezolano, garantiza, respeta y protege el ejercicio de la libertad sindical tanto en su esfera individual como colectiva y en consecuencia, garantiza la libertad ideológica y religiosa, ya que se concibe la acción sindical como una expresión directa del pluralismo político, base fundamental del Estado democrático, de derecho y de justicia que establece la Carta Política Fundamental; 6) el Gobierno ha tomado nota con mucho interés en cuanto a la observación de la Comisión de Expertos en 2007 relacionada con presuntas actuaciones de funcionarios de mediano rango, ante manifestaciones de favoritismo o parcialidad hacia ciertas organizaciones de trabajadores y empleadores; reitera que tales actitudes no constituyen el comportamiento habitual y reiterado de los funcionarios públicos; la posición del Gobierno es que el servidor público está en el deber de atender por igual los cuestionamientos, reclamos y planteamientos de los diferentes interlocutores sociales, sin distingo de ninguna naturaleza.

La Comisión toma nota de los comentarios de FEDECAMARAS sobre la aplicación del Convenio y según los cuales: 1) el Gobierno desconoce el carácter de organización más representativa que tiene FEDECAMARAS y ha impuesto la representación de organismos recién creados y que, según FEDECAMARAS, su carácter y naturaleza independiente y representativa pone en duda, toda vez que Confagan Fedeindustria y Empreven, son instituciones que siguen los lineamientos del Gobierno, no son independientes, ni representativas, ni autónomas; 2) hay total ausencia de ese tan necesario diálogo social y consulta tripartita básicos como mecanismo de consulta. A este respecto, el 31 de julio de 2008 venció la tercera Ley Habilitante que autorizaba al Presidente de la República a dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley. Ese mismo día y bajo esa potestad se anunciaron 26 nuevos decretos leyes y la modificación de otras leyes con impacto en empresas y operaciones en Venezuela. Los mismos aparecieron anunciados en el sumario de la Gaceta Oficial de 31 de julio de 2008 y publicados en gacetas extraordinarias de publicación posterior a esa fecha. Entre ellas, leyes relacionadas con la regulación laboral: i) Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social; ii) Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social, y iii) Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. Además, 26 leyes también están anunciadas, y 3) esta Ley Habilitante sufre, como las dos anteriores, de falta de consulta previa dispuesta en la Constitución como prerrequisito para su acuerdo y posterior publicación. Estos decretos leyes están violando la Constitución vigente al vulnerar el principio de democracia participativa y al incorporar en sus textos elementos rechazados en la consulta popular de 2 de diciembre de 2007 sobre la reforma de la Constitución; la Constitución contempla que Venezuela es un Estado social de derecho y de justicia, pero los decretos leyes antes enunciados en términos generales comparten tres características fundamentales; procuran mayor ideologización institucional (con el objetivo de una economía socialista y la eliminación del libre mercado), y procuran mayor control a través de la intervención de la economía y el comercio, y la planificación centralizada.

En sus comentarios de 29 de septiembre de 2007, la Organización Internacional de Empleadores (OIE) abordaba algunas de estas cuestiones y señalaba que a través de medidas contra la libertad económica, la propiedad privada y la iniciativa privada se sustituye el pluralismo político establecido en la Constitución de 1999 por una ideología de Estado única y obligatoria.

Además, prosigue FEDECAMARAS, desde hace nueve años el Gobierno no convoca a la Comisión Tripartita Nacional, procedimiento contemplado en los artículos 167 y 168 de la Ley Orgánica del Trabajo sobre salarios mínimos. El Gobierno se limita a invocar el artículo 172 que se refiere al aumento desproporcionado del costo de la vida y no consulta a FEDECAMARAS. Los aumentos salariales se han producido por decretos presidenciales sin la realización de las consultas debidas a ningún sector. Es práctica del Gobierno el envío de cartas de consulta con muy corto plazo y en algunas oportunidades ha llegado la correspondencia, posteriormente a la fecha de publicación del mencionado decreto.

La Comisión toma nota con preocupación de estos comentarios de FEDECAMARAS y lamenta que el Gobierno no haya enviado su respuesta al respecto. La Comisión observa que el Comité de Libertad Sindical en su último examen del caso núm. 2254 en junio de 2008 formuló conclusiones que indican deficiencias muy graves en lo que respecta al diálogo social. De esas conclusiones surge que el Gobierno no ha cumplido con las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical relativas a su reiterada solicitud de que: 1) ponga en marcha en el país una comisión nacional mixta de alto nivel asistida por la OIT, que examine todos y cada uno de los alegatos y cuestiones en instancia de manera que mediante el diálogo directo se puedan resolver los problemas; 2) se constituya una mesa de diálogo social de conformidad con los principios de la OIT, que tenga composición tripartita y respete debidamente en su composición la representatividad de las organizaciones de trabajadores y empleadores, y 3) se convoque la comisión tripartita en materia de salarios mínimos prevista en la Ley Orgánica del Trabajo.

La Comisión, al igual que el Comité de Libertad Sindical, observando que todavía no existen órganos estructurados de diálogo social tripartito, subraya una vez más la importancia que debe atribuirse a la celebración de consultas francas y sin trabas sobre cualquier cuestión o legislación proyectada que afecte a los derechos sindicales y que es esencial que, cuando se introduzca un proyecto de legislación que afecta la negociación colectiva o las condiciones de empleo, se proceda antes a consultas detalladas con las organizaciones independientes de trabajadores y de empleadores más representativas. El Comité pide también al Gobierno que toda legislación que se adopte en temas laborales, sociales y económicos en el marco de la Ley Habilitante sea objeto previamente de verdaderas consultas en profundidad con las organizaciones independientes de empleadores y de trabajadores más representativas, haciendo suficientes esfuerzos para poder llegar en la medida de lo posible a soluciones compartidas.

La Comisión invita una vez más al Gobierno a que solicite la asistencia técnica de la OIT al implantar las instancias de diálogo mencionadas, y a asegurar que la voz de las organizaciones más representativas sea debidamente tenida en cuenta intentando al máximo, conseguir soluciones mutuamente compartidas. En este contexto, es importante, teniendo en cuenta los alegatos de discriminaciones contra FEDECAMARAS, la CTV y sus organizaciones afiliadas, incluida la creación o promoción de organizaciones o empresas afectas al régimen, que el Gobierno se guíe exclusivamente con criterios de representatividad en su diálogo y relaciones con las organizaciones de trabajadores y empleadores, y se abstenga - como señaló la Comisión de la Conferencia en 2007 - de todo tipo de injerencia y que respete el artículo 3 del Convenio. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre la evolución del diálogo social, de sus resultados y que promueva seriamente la creación de las mencionadas instancias de diálogo, que espera firmemente, se concretará en un futuro muy próximo.

Comentarios de la Confederación Sindical Internacional (CSI)

La CSI se refiere a varias cuestiones que viene tratando la Comisión. La CSI añade que hay un debilitamiento progresivo del derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. La criminalización de las huelgas y manifestaciones, así como la injerencia en la autonomía sindical, resultado de la intervención del CNE en las elecciones sindicales contribuyen a ese debilitamiento. Hubo denuncias de atropellos de parte de la Inspectoría del Trabajo y del Grupo SIVENSA.

Según la CSI, el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), reformado el 25 de abril de 2006, introduce ciertas mejoras a la legislación pero establece el referéndum sindical para constatar la representatividad de las organizaciones sindicales en caso de negociación o conflicto colectivo de trabajo. Este mecanismo del referéndum se encuentra enteramente regulado por el Ministerio de Trabajo, lo que también puede interpretarse como una forma velada de que el Estado, principal empleador, pueda legitimar e incidir en la vida de los sindicatos. Asimismo, prosigue la CSI, se ordena a los sindicatos que comuniquen la identidad de sus miembros ya que continúa vigente la resolución que impone a las organizaciones sindicales «consignar, en el plazo de 30 días, los datos relativos a su administración y nómina de afiliados, con arreglo a un formato que incluye la identificación completa de cada trabajador/a, su domicilio y firma».

La CSI denuncia actos de violencia y detenciones de sindicalistas en sus comentarios de 2006 y 2008. Los conflictos laborales asociados a la adjudicación de empleos en los sectores de construcción, del petróleo y, en menor medida, en las industrias básicas, sigue siendo un elemento altamente preocupante. Según datos del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) entre septiembre de 2006 y octubre de 2007, al menos 95 personas fueron afectadas por la violencia. De ellos, 69 son dirigentes sindicales y 26 son trabajadores. A juicio de esta organización «el uso del sicariato sindical, agrava el clima de violencia y de inseguridad, lo cual es extremadamente perjudicial para el ejercicio de las actividades sindicales». Diferentes organizaciones sindicales han solicitado al Ministerio de Justicia investigar los casos de asesinatos y sancionar a los culpables.

Por otra parte, la CSI señala que el derecho a huelga ha sido limitado progresivamente siendo reprimidos a la vez de penalizados varios trabajadores que exigían reivindicaciones laborales. Tal es el caso de 10 dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Sanitarios Maracay quienes en mayo de 2007 fueron interceptados y detenidos por efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía de Aragua en momentos en que se dirigían a Caracas para exponer a la Asamblea Nacional la situación de los trabajadores plasmada en un pliego de peticiones. Luego de varias manifestaciones y presiones por parte de los dirigentes sindicales de la UNT, los sindicalistas fueron liberados, pero el Ministerio Público procedió a imputar a los sindicalistas por violar el artículo 357 del Código Penal ordenándoles presentarse cada 15 días ante esa instancia.

La CSI informa que un representante de Fetratel contabilizó 243 contratos colectivos sin firma - estancados - en el sector público manifestando que «el Gobierno no cree en la dirigencia sindical que los impulsa», siendo éste el problema más grave a enfrentar. Por su parte, un dirigente de Unión Nacional de Trabajadores (UNT), caracteriza como «alarmante» el estado de la negociación colectiva; uno de los casos es el contrato marco de la administración pública el cual tiene 27 meses sin discusión y el de las trabajadoras/es del Ministerio de Trabajo que tiene 16 años sin discusión. El representante laboral del Frente Amplio Popular (FAP), ha contabilizado 3.500 contratos colectivos no discutidos.

La CSI informa también que la Federación Venezolana de Maestros (FVM) y las 27 organizaciones sindicales afiliadas presentaron una queja ante la OIT exigiendo al Estado venezolano la restitución del derecho a negociación colectiva paralizado desde marzo de 2006.

La Comisión pide al Gobierno que responda a estos comentarios de la CSI de 2006 y 2008. La Comisión subraya que la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, y que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes sindicales y los dirigentes empleadores y sus respectivas organizaciones.

Otros comentarios de FEDECAMARAS

Según FEDECAMARAS hace más de un año, el 24 de mayo de 2007 su sede fue atacada por representantes del Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, del Frente Nacional Comunal Simón Bolívar, del Colectivo Alexis Vive y la Coordinadora Simón Bolívar generando actos de violencia contra la institución y sus instalaciones. Posteriormente, en la madrugada del 24 de febrero de 2008, falleció un inspector de policía metropolitana (según documentos que llevaba consigo) por estallido de aparato explosivo que estaba colocando en la fachada del edificio sede de FEDECAMARAS. Habiendo realizado la denuncia correspondiente a la Fiscalía General de la República, solicitando, la más amplia y exhaustiva investigación de los hechos e identificación de los responsables, hasta el presente no ha habido ningún resultado.

Por otra parte, prosigue FEDECAMARAS, a quienes vienen desarrollando una labor gremial destacada y denuncian al Gobierno ante los medios de comunicación por las constantes violaciones a la Constitución y a las leyes en defensa de sus sectores (protestando por los secuestros de sus afiliados, los controles de precio, de cambio) de inmediato, como medida de presión, les intervienen sus empresas y sus bienes inmuebles, como en los casos del Presidente y el Vicepresidente de la Federación de Ganaderos (FEDENAGA). Diversos organismos gubernamentales como el Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor (INDECU) envían a sus fiscales a las empresas a fin de levantar actas y multar a las mismas.

Con respecto a las tierras, la Guardia Nacional es quien hace acto de presencia en las fincas para junto con el Instituto Nacional de Tierras (INT), pretender rescatar las tierras interviniendo en tierras productivas, afectando con ello el abastecimiento nacional de productos agrícolas y pecuarios. Dicho instituto no debería intervenir en ellas, siendo que son de carácter privado, pero exige la documentación de tradición legal; aunque se le entrega, el organismo desconoce la cadena histórica de títulos que demuestran la propiedad privada del inmueble. Esta práctica se constituye en una «ocupación previa», lo que viola la Constitución y el debido proceso. Cabe destacar que la «ocupación previa» estaba propuesta en el proyecto de Constitución consultado en referéndum el pasado diciembre, el cual fue rechazado. Como consecuencia de las labores de defensa de los asociados, los representantes de los gremios, así como el empresariado privado en general, son permanentemente acosados y amenazados por el Gobierno. Es de notar la más reciente toma de instalaciones de la empresa transnacional cementera CEMEX.

La Comisión lamenta que el Gobierno no haya enviado su respuesta a estos comentarios, si bien anteriormente a los mismos señaló que se había ordenado la captura de dos presuntos responsables del ataque a la sede de FEDECAMARAS. La Comisión recuerda que los actos de violencia y de intimidación contra dirigentes empleadores, sus organizaciones o sus afiliados son incompatibles con el Convenio. La Comisión expresa una vez más su profunda preocupación y pone de relieve la gravedad de estos alegatos y subraya que un movimiento sindical o de empleadores sólo puede desarrollarse dentro del respeto de los derechos humanos fundamentales y en un clima exento de todo tipo de violencia. La Comisión recuerda que en 2007 la Comisión de la Conferencia pidió que el Gobierno tomara medidas para investigar estos hechos, para que se sancione a los culpables y para que no se repitan hechos similares y pide al Gobierno que informe al respecto.

La Comisión aprecia que la dirigente empleadora Sra. Albis Muños se haya podido beneficiar de una amnistía, pero lamenta que el ex presidente de FEDECAMARAS Sr. Carlos Fernández siga teniendo una orden de captura que le impide regresar al país sin temer represalias.

Otras cuestiones

La Comisión había observado que cierto número de organizaciones sindicales (según la CSI, al menos 300 sindicatos, por no contar con la autorización del Consejo Nacional Electoral), incluidas algunas centrales sindicales, no han realizado sus elecciones sindicales a pesar de haber expirado el plazo para el que se habían elegido sus juntas directivas. La misión de alto nivel de 2006 se había referido a un profundo y manifiesto malentendido entre los interlocutores sociales sobre las funciones del CNE. Ante la falta de respuesta del Gobierno sobre este punto, la Comisión insiste en la importancia de que se celebren tales elecciones dado que, como señala el informe de la Misión de Alto Nivel, la demora en los procedimientos trae aparejado el no reconocimiento de los sindicatos a los fines de negociación colectiva.

Fuente: http://www.ilo.org/

DECLARACIÓN DEL SEGUNDO CONSEJO GENERAL ORDINARIO AÑO 2009 DEL SUONTRAJ

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Directivos del SUONTRAJ despedidos por denunciar la corrupción en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura

CDN.- El SUONTRAJ en fecha 16 de enero de 2.009, denunció por ante el CONSEJO MORAL REPUBLICANO del Poder Ciudadano irregularidades administrativas efectuadas por la Dirección General de Administración y Finanzas, Dirección de Infraestructura, Dirección de Compras y Contrataciones, Dirección de Finanzas y Contabilidad de la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, que fueron detectadas por la Unidad de Auditoría Interna del Tribunal Supremo de Justicia. El CONSEJO MORAL REPUBLICANO, en su Sesión Ordinaria de fecha 23 de Abril de 2.009, con la asistencia de la Lic. Gabriela del Mar Ramírez Pérez, en su condición de Presidenta del CMR y Defensora del Pueblo, Dra. Luisa Ortega Díaz, en su carácter de Fiscal General de la República, y el Dr. Clodosbaldo Russián Uzcategui, actual Contralor General de la República, acordaron de conformidad con lo establecido el Artículo 10 Ordinal 15º de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano remitir la denuncia interpuesta por el SUONTRAJ, a la Dirección de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Fiscalía General de la República. Le correspondió conocer e iniciar la correspondiente investigación a la Fiscalía Quincuagésima del Ministerio Público a nivel Nacional con Competencia Plena, a cargo del Dr. William Guerrero. Ahora bien, el SUONTRAJ, no es la primera vez, que ha sido agredido por personeros patronales y sus secuaces, con destituciones ilegales e inconstitucionales y con procedimientos disciplinarios amañados en perjuicio de sus directivos nacionales y seccionales; puesto que la DEM utiliza esa estrategia como pote o cortina de humo, para tapar la olla de corrupción, que han hecho con el Presupuesto del Poder Judicial; entre otras muchas irregularidades solapadas con el Madrinazgo Judicial..

Trabajadores aún esperan respuestas: Paralización indefinida no se descarta en caso de tribunalicios de Guarenas

Los trabajadores aseguran que el día miércoles, tras la llegada de la presidenta del Circuíto, sólo recibieron amenazas indirectas, hasta que casi a las 4 de la tarde, un enviado de la Dra. Ojeda les comunicó su decisión de reunirse en el día de ayer

La protesta que iniciaron el día miércoles los trabajadores del Circuíto Judicial Penal del estado Miranda, extensión Barlovento, con motivo de más de 10 despidos que consideraron “injustificados” por parte de la presidenta del recinto, Dra. Marina Ojeda, continúo en el día de ayer, con un poco menos de presión pero con la misma fortaleza por parte de los empleados que exigen respeto a su condición y reconsideración a la directiva en el caso de las suspenciones y despidos.

En conversación con este medio, uno de los dirigentes del Sindicato de trabajadores tribunalicios Suontraj, Josué Zerpa, indicó que en horas de la tarde del miércoles, y luego de recibir amenazas indirectas por parte de la Dra. Ojeda, quien no dio la cara en ningún momento, un emisario de Presidencia se reunió con los sindicalistas y les informó sobre una reunión que se efectuó de hecho, desde las 10 de la mañana en la sede del Circuíto ubicado en la zona industrial de Cloris en la ciudad de Guarenas del estado Miranda.

En la reunión estuvieron presentes, como representantes de la directiva del Sindicato, Luís Bartoni y Stevenson Freitas, mientras que el resto, se mantuvo alerta ante la llegada de los medios de comunicación y para dar información al personal que no pudo ingresar al diálogo que se mantuvo con la Dra. Ojeda.

Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo mayor información sobre el resultado de la mencionada reunión, lo que si dejó claro Zerpa en representación de todos los empleados judiciales, es que de no obtener una respuesta conciliatoria y positiva por parte de la doctora Ojeda, la protesta se iba a radicalizar de manera indefinida.

De igual manera, confirmó que en la mañana de ayer, las puertas no fueron bloqueadas, permitiéndo el acceso al público en general, sin embargo, los servicios se encontraban temporalmente suspendidos ya que un buen porcentaje del personal, se encontraba en la mencionada reunión con la Presidenta.

Los carteles y pancartas exigiendo respeto y reconsideración a la Dra. Marina Ojeda amanecieron forrando la entrada del circuíto, mientas que personas ajenas al conlicto se mostraron solidarias ante las exigencias del personal, quienes eventualmente se mantenían en las afueras del recinto.

Gabriel Rodríguez / sigarodriguez@gmail.com

Fuente: Diario La Voz

Presidenta del TSJ amenazó a reportera de El Nacional

Es peligroso meterse conmigo porque yo también soy como el espinito", le contestó la magistrada Luisa Estella Morales a una simple pregunta de la periodista Vanessa Gómez Quiroz.

En la rueda de prensa del Consejo Superior Penitenciario, la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, fue consultada por la periodista Vanesa Gómez Quiroz, quien está destacada en la cobertura de temas judiciales por El Nacional, sobre la afirmación de varios juristas que criticaron la actuación de la Sala Constitucional.
En respuesta Gómez Quiroz obtuvo una clara amenaza: "Bueno, Vanessa (...) tal vez si me conocieras desde antes, como otros que sí me conocen, ¿verdad, Eligio (Rojas)? Es peligroso meterse conmigo porque yo también soy como el espinito, que en la sabana florea; ustedes todavía no me conocen, pero revisen".
Así se refirió la magistrada al colega Eligio Rojas, periodista de Últimas Noticias que dejó de cubrir las pautas del TSJ desde abril de 2007, luego de publicar una nota que daba cuenta de una orden de Morales con la que prohibía la circulación, dentro del TSJ, de los periódicos Reporte, La Razón y la revista Zeta. Retó a quienes criticaron la actuación de la Sala Constitucional a que demuestren de qué manera el TSJ ha violado la carta magna.

Fuente: http://el-nacional.com/www/

Investigan presuntas fallas en la DEM

Fiscalía verificará vicios detectados por la Auditoría Interna del TSJ

El Consejo Moral Republicano solicitó al Ministerio Público investigar las presuntas fallas e irregularidades administrativas que la Unidad de Auditoría Interna del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) detectó en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) en las gestiones que encabezaron Luis Velázquez y Marcos Tulio Dugarte.

La petición la formuló el máximo organismo del Poder Ciudadano el pasado 23 de abril. Así consta en el oficio CMR-2009-152, de fecha 29 de abril, que la secretaria encargada de la instancia, Luisa Bermúdez, le envió al presidente del Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj), Luis Gálviz.

A finales de 2008, Gálviz denunció ante el Consejo Moral al actual director de la Magistratura, Francisco Ramos, por la manera como sustituyó un bono para los trabajadores tribunalicios, acordado con los sindicatos, por un anticipo del incremento salarial decretado el año pasado por el Ejecutivo; y también de participar en las supuestas irregularidades que detectó el entonces auditor interno, pues Ramos ya ocupaba un cargo directivo entonces.

El representante sindical informó que el caso lo tiene el fiscal 50 Nacional, William Guerrero.

Asimismo se conoció que en la tarde del jueves el segundo de a bordo de la instancia que administra 80% de los fondos del Poder Judicial, Julio César Rojas Rojas, fue removido de su cargo. Fuentes de la institución achacaron la salida del funcionario a problemas con Ramos.

Juan Francisco Alonso

EL UNIVERSAL

!BASTA DE ATROPELLOS! SEDE DIGNA YAAA!!!

CDN.- Las trabajadoras y trabajadores judiciales, administrativos y obreros, que laboran el Edificio JOSÉ MARÍA VARGAS, comúnmente llamado “PAJARITOS” ya están cansados y hartos de la NEGLIGENCIA por parte de patrono Dirección Ejecutiva de la Magistratura y Dirección Administrativa Regional del Distritito Capital. Durante años la Asamblea Nacional ha aprobado cuantiosos recursos para la reparación y adecuación de la sede de los Tribunales Superiores Civiles , Mercantiles y Tránsito y Tribunales de Municipio de Caracas, pero hasta la presente fecha esos dineros no se ven invertidos en mejoras de condiciones de medio ambiente del trabajo en dicha sede. En el mes de junio de 2.008, el INPSASEL inspeccionó el edificio constató las PÉSIMAS CONDICIONES EN LA QUE SE ENCUENTRA, ADEMÁS DE LOS RIESGOS A LA VIDA Y LA SALUD QUE REPRESENTA EL HECHO DE LABORAR DENTRO DE SUS INSTALACIONES . La DEM de manera irresponsable obliga a trabajar en condiciones de riesgo y peligro, al personal administrativo, judicial y obrero, que deben cumplir toda la jornada de trabajo, exponiéndose a esos peligros y riesgos a la salud y vida. No entiende el SUONTRAJ, como los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, se dejan engañar por la DEM, o es que acaso están esperando que ocurra un desastre, para luego sacar una nota de duelo, en vez de ejercer su autoridad y ordenarle a la DEM que cumpla con los deberes señalados en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT) y que rindan cuenta detallada de todos los recursos que la DEM ha administrado en materia de infraestructura. INSÓLITO, luego que el pasado lunes 06 de mayo, Caracas, Vargas, Miranda y Aragua fueron estremecidas por un SISMO de 5,4 en la escala de Richter, el ÚNICO ASCENSOR que prestaba servicio hasta el piso 14 del edificio de pajaritos dejó de funcionar de manera definitiva, lo que ha ocasionado, en primer lugar que los trabajadores y trabajadoras no importando la edad, discapacidades y condiciones de salud, deban bajar y subir hasta 18 pisos diariamente; e igualmente lo deben de hacer los usuarios de la administración de justicia. El SUONTRAJ EXIGE: Una pronta y real solución a la problemática que representan las inadecuadas y peligrosas condiciones de trabajo en el Edificio José María Vargas. YA BASTA DE ATROPELLOS!!!. Los trabajadores y trabajadoras judiciales que sufren las negligencias de la DEM, se mantendrán en protesta justa, hasta que la DEM, el TSJ, el INPSASEL o el Ministerio del P. p. del Trabajo y la Seguridad Social, den una solución satisfactoria a la situación. Asimismo, el SUONTRAJ, alerta a los trabajadores y trabajadoras para que estén pendientes de las acciones sindicales que se iniciarán en contra de la DEM, para obligarla a que cumpla con lo establecido en la LOPCYMAT y su Reglamento. La Justicia en Caracas se imparte en un “rancho marginal” por culpa de la ineficiencia de la DEM, la DAR y el TSJ.

Sindicato judicial pronostica conflictos en los tribunales

Por: El Universal

Luis Gálviz anuncia que estudian ir a la OIT a denunciar persecución
La paz que en los últimos meses ha reinado en los dos mil tribunales del país podría saltar por los aires en las próximas semanas y las imágenes de las protestas de los empleados judiciales y las paralizaciones de juzgados que se vieron a mediados de 2008 podrían repetirse.

La advertencia la formuló el presidente del Sindicato Unitario Organizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj), Luis Gálviz, quien aseveró: "La coalición sindical estará evaluando en los próximos días introducir un pliego conflictivo".

El dirigente acusó a las autoridades de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) de no querer firmar una nueva convención colectiva y puso como ejemplo de ello el hecho de que el estudio de costos contenía errores, pese a que se demoraron más de un año en presentarla.

Todas las dependencias públicas deben presentar al Ministerio de Planificación y Desarrollo los cálculos que este tipo de acuerdos laborales tendrán sobre las arcas públicas para su aprobación. Sin este material este tipo de discusiones no pueden avanzar.

"Las perspectivas de discutir una convención colectiva en el sector tribunalicio en el corto plazo son poco factibles y si a eso le sumamos los anuncios de que quieren despedir personal en el marco de la reestructuración que decretó el Tribunal Supremo, de que no habrá aumento salarial este año y de que sólo pagarán 3 meses de utilidades, pues el panorama es muy sombrío", afirmó Gálviz.

El presidente de Suontraj se sumó al coro de voces que desde los gremios viene denunciando la criminalización de los dirigentes sindicales.

"En Mérida, Carabobo, Miranda y Anzoátegui tenemos casos de compañeros que por hacer denuncias contra representantes patronales que violan la convención colectiva son amenazados con investigaciones y juicios. Nosotros hicimos un planteamiento ante la DEM sobre estas amenazas y nos reservamos el ejercicio de interponer una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) si no se resuelve la situación", alertó.

Por último, reveló que esta situación se viene registrando desde mediados de 2008, cuando estallaron los conflictos en los tribunales debido a los incumplimientos de la DEM.

Más de dos millones de empleados públicos se encuentran con su contrato marco vencido desde hace 5 años, y la estrategia "anticrisis" del gobierno pasa por posponer indefinidamente cualquier discusión de contratos, revisar contratos ya firmados, como ha ocurrido en el Metro de Caracas y PDVSA Gas, y finalmente, reestructurar y liquidar dependencias públicas para encubrir despidos masivos.

SINDICATO UNITARIO ORGANIZADO NACIONAL
DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
(SUONTRAJ)
COMITÈ DIRECTIVO NACIONAL


Las y los miembros del Comité Directivo Nacional,
Comités Directivos Seccionales, Consejo de Vigilancia y Disciplina
y Delegados y Delegadas de esta Organización Sindical.

Expresamos nuestro sentimiento de pesar
ante el fallecimiento de:


ROBERTO CARLOS SALGADO CUEVA
(Q. E. P. D)


Quien en vida era hermano de nuestro compañero Pablo Emilio Salgado Cueva, actual Secretario de Deportes y Recreación del Comité Directivo Nacional y Secretario de Organización de la Seccional Caracas Penales de este Sindicato.

A sus familiares, deudos, compañeros de trabajo y amigos,
le hacemos llegar nuestras más sentidas palabras de
condolencia y solidaridad, ante el dolor por
esta sensible pérdida

Paz a su alma.

Caracas, 27 de Abril de 2.009