Clodosbaldo Russián encontró irregularidades administrativas y de personal en TSJ y Vicepresidencia. Un informe revela daño patrimonial en varios ministerios
El Consejo Nacional Electoral violó la Ley del BCV al pagar en dólares por lo menos tres contrataciones por 35,15 millones de bolívares (equivalente a 16,35 millones de dólares) durante el período fiscal 2007.
Es la conclusión reflejada en el Informe de Actuaciones 2010 de la Contraloría General de la República y que está disponible en la página web del organismo.
El documento avalado por Clodosbaldo Russián indica que el CNE acordó el pago en moneda extranjera, pese a que los gastos se materializaron en Venezuela. Además se determinaron irregularidades en el otorgamiento de al menos 20 contratos ese mismo año por un monto de 39,30 millones de bolívares: “En 12 adjudicaciones directas, por 36,34 millones de bolívares, se incumplió el procedimiento legal al no haberse emitido oportunamente los actos motivados para justificar tales contrataciones y en ocho de ellas no hay documentos que justifiquen la aplicación de los procedimientos de concurso privado o consulta de precios”.
Jubilados afectados. También hubo fallas en la administración del Fondo de Pensiones del CNE entre 2003 y 2007. El informe de la Contraloría señala: “No existen mecanismos de control que regulen los actos de administración, manejo y disposición de los recursos, así como políticas, normas, métodos y procedimientos para la autorización, procesamiento, clasificación, registro, verificación, evaluación y seguridad de las operaciones y actividades atribuidas al fondo”.
Entre las principales irregularidades destacan: -Inexistencia de soportes de gastos por el orden de 22,47 mil bolívares (sic).
-Se evidenció la disminución del patrimonio del fondo motivado al incremento en 50% de la cuota mensual de gastos, por las erogaciones extraordinarias de 589,40 mil bolívares (sic) y los reintegros de aportes a los afiliados por 12,22 millones de bolívares.
-No fueron aprobadas por la Dirección de Administración del CNE inversiones dirigidas en certificado de depósito a plazo fijo por 64,99 millones de bolívares, las cuales presentaron alto riesgo al concentrarse en 58,73% en una institución financiera sometida a medidas preventivas por la Sudeban y disminuyó en 711,01 mil bolívares (sic) el rendimiento estimado.
El contralor constató la inobservancia de normas legales y la ausencia de mecanismos para salvaguardar el patrimonio y garantizar la veracidad de la información financieroadministrativa.
Dedocracia y pago doble. En la Vicepresidencia Ejecutiva se hallaron irregularidades en la contratación de personal entre 2007 y 2009. La Contraloría determinó que cuando Jorge Rodríguez estuvo al frente de esa instancia designó, vía resolución ejecutiva, a una directora encargada de la Unidad de Auditoría Interna sin la debida convocatoria a concurso. La situación no fue subsanada por su sucesor, Ramón Carrizález.
Para Russián, “esta situación no garantiza la independencia y objetividad técnica en el desarrollo de las actuaciones de la citada dependencia”.
Además, el contralor evidenció “que el personal contratado adscrito a la unidad ejerce funciones de control y asuntos jurídicos que pudieran derivar en el ejercicio de potestades investigativas y sancionatorias”, lo cual es contrario a la Ley del Estatuto de la Función Pública que establece que ese tipo de tareas debe ser ejercidas por funcionarios de carrera o de libre nombramiento.
El TSJ no está exento de irregularidades. Russián detectó fallas administrativas y de control por parte de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura e incumplimiento de las normas que rigen su funcionamiento en la ejecución del Proyecto Adquisición y Dotación de Bienes y Servicios de las Dependencias Judiciales a Nivel Estadal durante 2008.
Señala el Informe de Actuaciones que la Dirección Administrativa Regional de Distrito Capital originó un pago indebido por 73.280,29 bolívares para la ejecución de una obra que ya había sido realizada y no llevaba un control de entrada y salida de suministros y materiales.
Además, se determinó que las direcciones administrativas de Miranda, Distrito Capital y las cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo no contaban con una estructura organizativa formalmente aprobada que definiera las funciones de cada dependencia.
Otro calvario. En el informe se señala que “existen fallas en el sistema de control interno” del Ministerio del Trabajo. En la evaluación realizada a los expedientes de 12 convenios en 2006 se señala que el Ministerio “efectuó contrataciones al margen de lo establecido en la normativa (…). Adicionalmente, no fueron solicitados otros presupuestos a los fines de seleccionar la oferta más ventajosa y, en relación de la verificación de los servicios contratados, no se evidenció constancia de la conformidad de los mismos”.
La Contraloría también hizo un estudio sobre un convenio suscrito por el Ministerio de Vivienda y Hábitat con 14 comités de tierras urbanas para levantar el “Eje Turístico El Calvario”. En el informe se lee que “existen evidentes fallas de control interno por parte del ministerio, en cuanto al seguimiento, asesoría y control que le competen ejercer”.
El documento indica que “no se logró el propósito de los proyectos Construcción de la Plaza Mayor El Calvario y Construcción de Nuevas Viviendas El Buen Consejo, y por ende satisfacer las necesidades de la comunidad”.
FUENTE: Diario El Nacional
